La lucha por la democracia no siguió una ruta única, se expresó en diversos espacios con diversos medios de acción. Al principio fue un combate que se desarrolló a ras de tierra con formas más o menos espontáneas de protesta en las colonias populares, en el campo, en los pueblos y a veces en los sindicatos.

Pero con la reforma política de 1977 esa lucha se orientó, definitivamente, hacia la competencia electoral. Los luchadores sociales aspiraron desde ese momento a expresar sus intereses políticos a través de los partidos, aunque debemos reconocer que algunos militantes de izquierda no estaban convencidos de las virtudes de la democracia y entraron a la contienda electoral conservando los valores y las actitudes de la lucha revolucionaria.

La historia, sin embargo, dio un vuelco en 1988. Ese año se consumó el escandaloso fraude electoral que se recordó como “la caída del sistema”, operación ordenada, presumiblemente, por el candidato Carlos Salinas de Gortari y operada por el entonces secretario de gobernación, Manuel Barttlet, quien funge actualmente como director de la CFE.

1988 fue un parteaguas en la lucha política por la democracia. Desde ese año, los esfuerzos de las fuerzas de izquierda —y de todas las fuerzas de oposición, incluyendo numerosos organismos de la sociedad civil — se concentraron hacia un solo objetivo: arrancar de manos del gobierno el control de las elecciones y crear un sistema electoral, autónomo, imparcial, que garantizara elecciones limpias.

Ese objetivo se alcanzó en 1996 con el otorgamiento de la autonomía al IFE y con la creación paralela del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Ese sistema se perfeccionó con los años, pero esencialmente se ratificó en 2014, con la fundación del INE. El nuevo sistema electoral fue concebido de tal forma que es, prácticamente, inmune al fraude, por la sencilla razón de que la célula funcional de ese sistema es la casilla electoral en la cual se hace el conteo de votos y en la que participan los mismos ciudadanos vigilados por los propios partidos políticos.

Cualquier ilegalidad o incorrección se convierte en materia de acción para el tribunal electoral.

La imparcialidad electoral hizo posible la actual estructura política plural de los diversos órganos del Estado mexicano y, sobre todo, hizo posible el ascenso de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República.

Sorprende observar que, no obstante, lo anterior, el mismo Presidente lance ahora ataques públicos a las personas que dirigen el INE a quienes acusa, sin ambages (pero también sin evidencias), de haber perpetrado o favorecido fraudes electorales en el pasado y sostenga la opinión de que el organismo “debe cambiar”.

El INE autónomo es una conquista de la izquierda. Sería realmente muy triste que el Ejecutivo, aprovechando la mayoría que Morena y sus aliados tienen en la Cámara de Diputados, impusiera a seguidores suyos en la próxima elección de consejeros.

Sería una desgracia para la democracia mexicana.

Gilberto Guevara Niebla