¿De qué depende la distribución de curules en la próxima legislatura federal? De los resultados de la votación, obviamente. Pero también de las reglas del juego electoral, que tienen que ser claras y sujetas a la Constitución. Depende de los electores, pero también de que los partidos no hagan trampa y las autoridades electorales hagan su papel de manera neutral y transparente.

Por eso, tan importante es la decisión de los ciudadanos como la actitud de quienes se encargan de hacer no sólo que los votos cuenten y se cuenten, sino también de hacer que se traduzcan en una representación correcta de esa decisión.

De lo segundo se acaba de hacer cargo el INE, al recordar que, de acuerdo al artículo 54 de la Constitución, que señala que “ningún partido podrá contar con más de 300 diputados” y que tampoco pueden contar “con un número de diputados por ambos principios que representen un total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”.

La idea detrás del concepto constitucional es clara: la composición de la Cámara debe respetar, en términos generales, la del electorado, al mismo tiempo que da un premio al partido más grande, para ayudarlo a gobernar. Ese premio, que puede ser hasta de 40 diputados, varía según cuántas diputaciones de mayoría haya obtenido ese partido.

Para decirlo claramente, para que un partido tenga la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados requiere tener más del 42% de la votación nacional, o ganar más de 250 de los 300 distritos electorales de los que se compone el país. Y nunca puede tener más de 300 diputados (el 60% de la Cámara), así obtenga más del 60% de los votos. La Constitución, así, contribuye a la gobernabilidad mientras garantiza la pluralidad.

Pero con la llegada de coaliciones electorales, la cosa se complica porque puede dar lugar a simulaciones. El método es sencillo: los partidos menores de la coalición postulan como propios a militantes del partido mayor que, al obtener aparentemente menos diputaciones de mayoría, puede acceder a más diputaciones plurinominales. A partir de esta simulación, la sobrerrepresentación supera el ocho por ciento establecido en la Constitución.

Así pasó en las elecciones de 2018, donde el astuto, pero ilegal, manejo de las listas de parte de la coalición Juntos Haremos Historia le permitió tener 39 diputados más de los que les tocaban. No sólo morenistas elegidos como miembros del PT y PES pasaron a engrosar las filas de la bancada del partido mayoritario; con ello, ayudaron a que otros legisladores llegaran a San Lázaro, en las listas plurinominales de Morena, cuando no hubieran podido hacerlo si cada quien hubiera sido asignado al partido al que realmente pertenece.

Lo que ha decidido el INE es, primero, que, si un candidato de coalición es elegido en un distrito, se cuente como victoria del partido en el que milita ese candidato (eso significa, por ejemplo, que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, ya no podrá ser elegido por el PT); segundo, que -en caso de reelección- se considere que el partido que postula en aquel a cuya bancada pertenece el candidato; tercero, que, finalmente, se respetará el principio de un máximo de ocho por ciento de sobrerrepresentación.

Una decisión de lógica elemental -la que, por cierto, votaron a favor tres de los cuatro nuevos consejeros electorales- ha provocado una andanada de insultos al INE de parte de varios militantes de Morena, incluido su presidente, que habla de “maniobra oscura y vergonzosa” de consejeros “afines al PRIAN” (serían 9 de 11).

La reacción airada es signo clarísimo de que Morena intentaba hacer en 2021 exactamente lo mismo que hizo en 2018: agenciarse mediante argucias una sobrerrepresentación mayor a la que marca la ley, con sus aliados de siempre del PT y ahora con el inefable PVEM, con quien hace coalición en 183 distritos, en lugar del PES.

Esa reacción, vale la pena señalar, es a sabiendas de que pensaban darle la vuelta a la Constitución para garantizar la aplanadora.

Lo que han hecho los consejeros del INE es una medida de protección del voto y su traducción en representantes de la voluntad popular. Se trata de una resolución importantísima, que acota las posibilidades de una aplanadora construida con artificios. Corroboraremos eso en los próximos meses, cuando una parte del proceso electoral sea la descalificación prematura del árbitro de parte de uno de los contendientes.

Y esto también nos dice que se está creando el ambiente para que, tras los comicios, haya una larga serie de impugnaciones de parte de Morena en prácticamente todas las elecciones ganadas por otros partidos. La descalificación y el desgaste del árbitro electoral es parte de su estrategia política para el mantenimiento del poder.

Tarde o temprano presenciaremos la judicialización de las elecciones. En particular, la reciente resolución del INE acabará en las mesas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A ver si no sale con un domingo 7.

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