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Esta semana iniciaron las audiencias públicas del proceso de juicio político, impeachment, de Donald Trump en la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos. Si todo va como está planeado, el tramo del proceso que le corresponde a esa cámara concluirá a finales de este año. Luego de ello, en enero, el proceso se trasladaría al Senado que, erigido en jurado, con procedimientos conducidos por el ministro presidente de la Suprema Corte de aquel país, el neoyorquino John Roberts, decidirá el destino final del aún presidente de aquel país.

Esto es algo tentativo porque, como lo han demostrado otros juicios políticos en la historia de EU, es posible que a los cargos que actualmente enfrenta Trump se agreguen otros, quizás más graves. Actualmente se le acusa de haber usado la ayuda militar de su país contra Ucrania, como una forma de soborno para que el país de Europa del Este lanzara una investigación sobre presuntos actos de corrupción de la familia del exvicepresidente y actual candidato demócrata a la Presidencia, Joe Biden. Baste recordar que el juicio político de Bill Clinton inició con una investigación sobre corrupción en un negocio inmobiliario en Arkansas, pero concluyó con una investigación sobre las mentiras de Clinton en relación con su vida sexual.

La posibilidad de que los cargos contra Trump sean más que los que existen ahora, dependerá en gran medida de qué testigos pueden llevar los demócratas a las audiencias que iniciaron el miércoles 13 de los corrientes y de qué tan incisivos sean en las preguntas que formulen a esos testigos, así como de otro tipo de evidencia, documental o testimonial, que pudieran acopiar en las próximas semanas.

La gran pregunta, sin embargo, es si los demócratas lograrán convencer, al menos, a cuatro senadores republicanos de romper con la disciplina partidista, de modo que pudieran conseguir un veredicto de culpable. Ello, sin embargo, no es del todo necesario. El juicio político contra Nixon nunca llegó al Senado. La evidencia acopiada en la Cámara baja fue tan abrumadora, que Nixon prefirió negociar un retiro apacible que le evitara los años de litigio que, pierda o gane el juicio político, enfrentará Trump en los próximos 10 o 20 años.

También es importante recordar que, incluso si los republicanos cerraran filas en torno a Trump y no hubiera republicanos disidentes, es poco probable que Trump pueda controlar los daños que el juicio político le hará a su de por sí maltrecha reputación como Presidente.

En los noventa, cuando Clinton fue enjuiciado, los demócratas cerraron filas y protegieron al entonces presidente; a pesar de ello, la reputación de Clinton se vio seriamente afectada. Ésa fue la razón por la que Al Gore no invitó a Clinton a su campaña y muchos estiman que fue la razón por la que, en 2000, los demócratas fueron incapaces de ganar en lugares clave como Florida u Ohio, que les hubiera evitado perder el Colegio Electoral ante George W. Bush y los republicanos.

Más allá de esos cálculos, lo que sigue resultando admirable del sistema político de EU es su capacidad para procesar de manera civil e institucional este tipo de conflictos y disputas. Es más importante cuando se ve la manera en que acabó la presidencia de Evo Morales en Bolivia o los severos problemas que Chile tiene en estos momentos para encontrar una salida institucional a la crisis que, además de las vidas humanas que ha cobrado, acabó con el mito del país que—nos decían—podía crecer sin recurrir a medidas populistas, apostándole a los mecanismos de mercado para resolver incluso los problemas del sistema educativo.

 

manuelggranados@gmail.com

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