Entre los muchos problemas que el gobierno de Donald Trump le ha generado al mundo, hay uno especialmente cercano a nosotros y profundamente problemático. Es la decisión de Jimmy Morales, el presidente de Guatemala, de aceptar que Guatemala se convierta en “tercer país seguro”. Eso no es sencillo ni es barato. Más bien al contrario, porque implica que cualquier persona, de cualquier parte del mundo, que pensaba llegar a Estados Unidos para solicitar asilo ahí, tiene la obligación de solicitar asilo primero en Guatemala antes de hacerlo en EU.

Canadá aceptó una situación similar a principios de la década pasada y la experiencia difícilmente puede considerarse positiva. El principal problema en Canadá son los gastos, el costo que implica convertirse en “tercer país seguro”, pero en el caso de Guatemala (o para México) a esos costos tendría que agregarse el hecho objetivo, irrefutable, de que Guatemala (o México) no es un país seguro para sus propios ciudadanos.

Guatemala padece muchos de los mismos males que padece México como consecuencia de la migración y la vecindad con EU, entre los más notables, el que las dificultades para entrar a EU hacen que florezca una industria del tráfico de personas, además de que alienta a que grupos de delincuentes vean a los migrantes como blancos de sus actividades, sea para robar lo poco o mucho que llevan consigo o para secuestrarlos y exigir el pago de rescates a sus familiares.

¿Qué pudo llevar a Jimmy Morales, el excomediante y actual presidente de Guatemala a aceptar algo así? Hay que tomar en cuenta que en los últimos años Guatemala ha sido el escenario de un ambicioso proyecto para limpiar la política de los efectos de la corrupción. El experimento ha sido encabezado por la CICIG, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, un organismo creado bajo los auspicios de la Organización de Naciones Unidas, que ha impulsado una serie de macroprocesos judiciales orientados a acabar con la corrupción y la impunidad. Los familiares y socios de los miembros de la clase política guatemalteca lograron, en enero de este año, que Morales diera por terminada la relación con CICIG. El pretexto, nada difícil de imaginar, fue la defensa de la soberanía, aunque lo que en realidad estaba en juego era la preservación de un modelo de depredación de las finanzas públicas.

Distintos observadores de la realidad guatemalteca explican la decisión de Morales de convertir a Guatemala en un “tercer país seguro”, a pesar de un fallo de la Suprema Corte que explícitamente rechaza esa posibilidad, como parte de una arriesgada apuesta de Morales para que Trump le conceda alguna forma de asilo político en EU, que lo haga a él y a sus familiares inmunes ante las investigaciones iniciadas por la CICIG.

Y es que, aunque Morales echó en enero de este año a la CICIG de Guatemala, lo hizo luego de que ese organismo había ayudado a la Fiscalía a iniciar procesos contra su hermano e hijo por su participación en una trama de financiamiento ilícito que incluye al propio presidente. A principios de este mes, la Fiscalía pidió penas de once y ocho años para Samuel (hermano) y José Manuel (hijo) y no sería difícil que hubiera más sorpresas para el aún presidente, cuyo periodo concluye el 14 de enero de 2020, lo que le da algún tiempo para preparar su salida.

Por lo pronto habrá que esperar a ver cuáles son los efectos de esta decisión en un país como Guatemala, que—como México, Honduras y El Salvador—expulsa gran cantidad de personas de su territorio por la violencia y la falta de oportunidades.