Las imágenes son, al mismo tiempo, impactantes y sintomáticas: el 8 de mayo, mientras Gilberto Alcalá, secretario de Desarrollo Social del estado de Morelos daba una entrevista “banquetera” a un costado del Palacio de Gobierno, sonaron tres disparos. Todos los que estaban allí corrieron despavoridos para protegerse. Luego se oyeron tres detonaciones más. Quienes perdieron la vida fueron el empresario Jesús García Rodríguez y Roberto Castrejón Jr., líder de los comerciantes del Centro Histórico. Hubo un herido, el camarógrafo Antonio Cantú. Tras la agresión el sicario corrió por una de las calles laterales del edificio; se cayó, volvió a incorporarse y continuó su huida; disparó una vez más, hasta que lo atraparon.

El fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, informó que el atacante, Maximiliano “N”, de 22 años de edad, actuó solo. El asunto es descubrir quién le ofreció 5 mil pesos por llevar a cabo esta fechoría (Animal Político, 8/V/09). El padre de una de las personas que perdió la vida en estos hechos, Roberto Castrejón Jr., responsabilizó de la agresión a los dirigentes de la Federación Nuevo Grupo Sindical (FNGS), Bulmaro Hernández y a su hijo Ben Hur Hernández Bringas.

Conviene resaltar que el gobernador del estado apareció en público ocho horas después de haber ocurrido el tiroteo para decir, simplemente: “No se vale, se llegará hasta las últimas consecuencias.” O sea, no dijo nada.

Dos días después, el 10 de mayo, un comando armado —formado por cuatro hombres que descendieron de un auto Sentra, color rojo— acribilló a cinco personas y dejó malheridas a otras tres. Las víctimas trabajaban en las áreas administrativas del penal femenil federal de Coatlán del Río. Iban a festejar el Día de las Madres en Puente de Ixtla; habían sido citadas en el Monumento a la Madre, en la colonia Emiliano Zapata, de ese poblado para llevarlas, en un camión privado, al lugar del festejo. Las fotografías muestran los cuerpos de tres de las víctimas acribilladas que quedaron tendidas allí, en el Monumento mencionado.

A un kilómetro del lugar donde ocurrieron los crímenes, se encontró el Sentra rojo con placas del estado de Guerrero, al que le prendieron fuego. Cuatro armas cortas que presuntamente fueron utilizadas en el ataque y tres cargadores abastecidos fueron dejados cerca del vehículo calcinado.

Pablo Ojeda, secretario de Gobierno de Morelos, indicó que el personal de ese centro penitenciario ya había recibido amenazas de muerte.

Citamos estos casos que han impactado a la opinión pública nacional e incluso internacional porque son sintomáticos de lo que está sucediendo en Morelos: el desbordamiento de la violencia y el desgarramiento del tejido social. Valga una cita: “Los homicidios dolosos en el estado de Morelos aumentaron 33 por ciento en el primer trimestre del año en comparación con el mismo período del 2018.” (Reforma, 11/V/09).

En Morelos hay, por lo menos, cuatro cárteles que se disputan el dominio territorial: Los Rojos, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana, y Los Tlahuica.

Cuauhtémoc Blanco pasa mucho tiempo fuera de Morelos, atendiendo quién sabe qué asuntos; pero es un secreto a voces que quien en realidad lleva las riendas del estado es el español José Manuel Sanz Rivera, jefe de la Oficina de la Gubernatura y exrepresentante de Blanco cuando éste fue futbolista.

Ya desde que el goleador fue postulado para ocupar el cargo de Presidente Municipal de Cuernavaca, la presencia de Sanz se hizo notar en las negociaciones que se llevaron a cabo con el Partido Social Demócrata (PSD) liderado por los hermanos Roberto y Julio Yañez. Así, el ídolo de la afición americanista, alcanzó su pretensión política, es decir, apoyado por el PSD se convirtió en el Alcalde de la ciudad de la eterna primavera para el período 2015-2018. No obstante, en julio de 2016, ambas partes rompieron su alianza: Roberto Yañez acusó a Blanco de haber firmado un contrato por 7 millones de pesos por aceptar la postulación. Detrás de esta desavenencia, se supone, estuvo Sanz, el mandamás de Cuernavaca, quien controlaba la asignación de contratos a proveedores.

Recordemos que Cuauhtémoc se postuló para gobernador de manera independiente. Luego se le unieron el Partido Encuentro Social (PES) que formó una coalición con Morena. Una vez obtenida la victoria, Yeidckol Polevnsky, dirigente de Morena, acusó a Blanco de incumplir los acuerdos aliancistas. Es decir, las relaciones entre Cuauhtémoc y el partido gobernante a nivel nacional no son buenas.

En medio de este desbarajuste, Blanco redujo el presupuesto del Poder Judicial de Morelos. Los recursos asignados quedaron en 523 millones de pesos, esto significa una disminución del 14.3 por ciento respecto del presupuesto de 2018, 610 millones de pesos. Para 2019 se pidieron 672 millones para cubrir los gastos mínimos de operatividad. La reducción viola la Constitución de Morelos que garantiza al Poder Judicial el 4.7 por ciento del gasto programable, pero el monto quedó en 2.1 por ciento.

¿Así cómo se va a impartir justicia? ¿Cómo se puede restablecer el orden?

En pocas palabras: Morelos ha caído en el caos y la ingobernabilidad.

José Fernández Santillán
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