Opinión


El “Otro Cáncer” de los niños asesinados

El “Otro Cáncer” de los niños asesinados | La Crónica de Hoy

Los niños, muertos o asesinados, se están convirtiendo en el símbolo de este gobierno, tal y como los feminicidios identificaron al de Enrique Peña Nieto. Víctimas directas, indirectas o colaterales de decisiones o inacciones, durante el primer año de López Obrador la cifra de menores fallecidos por causas no naturales subió casi 200 por ciento, una cuarta parte niñas violentadas.

La realidad es terrible, aunque la atención de la opinión pública es otra. Una oleada de discusiones, debates y acalorados análisis particularmente en redes sociales, se desataron esta semana que termina a partir de los diversos señalamientos realizados por padres de familia de niños con cáncer a los que no les ha sido suministrado los medicamentos del sector salud y que, de continuar así morirán irremediablemente.

En efecto, como señalan los fieles seguidores de la 4T, no ha sido el presidente quien los ha matado, ni ha desconectado las máquinas ni ha acelerado el proceso de descomposición de sus cuerpos, ni fue él quien determinó la aparición biológica del cáncer. No fue él. Como tampoco ha activado el arma de fuego, el arma blanca o la ira descontrolada que durante el año pasado causó la muerte de más de 800 niños entre 4 y 17 años.

Bajo esta óptica, es igualmente inocente Juan Francisco Molinar Horcasitas, es director del Instituto Mexicano del Seguro Social por la muerte de 42 niños en la guardería ABC de Hermosillo, dado que el ya difunto funcionario no activó la flama que causó esa lamentable explosión y muchos otros casos que engrosan los archivos del ministerio público.

Sin embargo, lo que juzga la historia, de manera irremediable; lo que condena la sociedad, en forma descarnada son las decisiones, la falta de actuación y la ausencia de sensibilidad, de empatía y hasta misericordia ante los hechos que lastiman a la sociedad, particularmente cuando se trata de un sector tan sensible como la infancia.

Entre enero y diciembre de 2019, el Secretariado de Seguridad Nacional que integra las cifras sobre delitos calculaba que, en razón de las tendencias podrían presentarse hasta 415 asesinatos de niños en México por cualquiera de las tipologías delictivas, la realidad rebasó por mucho el informe gubernamental. Fueron 796 en un año.

Y el grado de violencia, de crueldad, de intencionalidad y de agravantes es lo que debe despertar del letargo en que se encuentran las autoridades de seguridad y protección ciudadana. De los casi 800 niños asesinados, 263 fueron mujeres, niñas menores de 17 años, violentadas sexualmente en su mayoría, consideradas como feminicidios y claro está, cuyas carpetas de investigación ni avanzan al mismo ritmo que los asesinatos, como lo revela María Salguero, una mujer de ciencias, una física que se ha dedicado a analizar, representar y mapear este terrible delito que marcó al gobierno de Peña y que sigue latiendo en el actual.

Una cuarta parte de los infantes asesinados el año pasado, niñas. Y de resto, la mitad perdieron la vida entre las balas del crimen organizado, de la delincuencia, como víctimas colaterales de esas actividades. Provistos o no de un arma, participes o no de los grupos delincuenciales que los usan como “halcones” para informar, avisar, dar pitazos o seguir a todo aquél que se acerque a ciertas zonas y proteger a la delincuencia, las cifras de homicidios no distinguen si son niños malos o buenos, bien o mal portados, son, simplemente niños.

Hace unos días, en esta misma columna, al abordar el tema de los niños que son entrenados en zonas de Guerrero con armas de grueso calibre para aparentemente defender a los habitantes a falta de adultos, comentarios de lectores hacían referencia a la necesidad de analizar estos asuntos desde el punto de vista ontológico. Sería lo deseable, ontológico, educativo, psicológico y social, pero los hechos narrados con frías cifras gubernamentales muestran cada día más niños implicados por omisión y por condición. La visibilidad del fenómeno es el principio de su estudio.

Baste un botón. La organización Causa en Común hizo notar recientemente que la misma semana en que fueron asesinados los miembros de la familia Lebaron en la sierra de Sonora, sin duda la mayor tragedia cometida contra niños en lo que va de este gobierno, otros 12 niños fueron asesinados junto a sus madres en seis estados del país. La modalidad, la repetición, la crueldad, los hechos en los mismos días, pero en zonas diferentes, por sicarios de distinto origen y siglas, marcan más que un modus operandi, sino una huella social inmisericorde.

Del 29 al 6 de noviembre del 2019, en Tonalá, Jalisco, se localizaron tres camionetas con ochos cuerpos, uno de ellos pertenecía a una menor de 14 años; tres muertos, entre ellas un menor de seis años se localizaron al interior de una vivienda en la colonia San José en Tláhuac, Ciudad de México; 9 integrantes de la familia LeBarón fueron asesinados en los límites de Chihuahua y Sonora, seis de ellos eran menores de edad; en Zumpango, Guerrero, una mujer y su bebe de tres meses murieron en un ataque armado; otro caso fue el cuerpo de Ana Lucía Aranda Pérez y su pequeño hijo de 4 meses Iker Alonso, hallados calcinados en Villagrán, Tamaulipas; en Ecatepec, Estado de México una mujer de 30 años de edad, y su hija de 15 años, fueron asesinadas mientras se encontraban pidiendo dulces por la celebración de día de muertos y la noche del 29 de octubre, un niño murió junto con dos adultos que lo llevaban a una fiesta infantil en Iztapalapa.

Las señales de impunidad son claras y la responsabilidad por esa ausencia, es del Estado. Hay un cáncer que avanza más allá del cuerpo infantil y que necesita más que el medicamento que ocultan las farmacéuticas, este cáncer está invadiendo el tejido social empezando por lo más sensible de nuestra comunidad.

 

Twitter: @Ethelriq
ethel.riquelme.fe@usb.edu.mx

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