La lucha del Estado mexicano en contra de las bandas del crimen organizado, dedicadas sobre todo al trasiego de drogas, tuvo en diciembre del 2006 un punto de inflexión. Fue entonces cuando el presidente Felipe Calderón puso en marcha los llamados Operativos Conjuntos, cuyo rasgo distintivo era la presencia de las fuerzas armadas, soldados y marinos, en la primera línea de combate, en calles, callejones y carreteras. El personal militar dejó los cuarteles para no regresar.

Se dijo con insistencia que se trataba de un operativo temporal, pasajero, cuya misión central era la contención. Se buscaba dar tiempo al gobierno federal y a los estados, de formar policías federales, estatales y municipales suficientes y capaces para hacer el trabajo y lograr que soldados y marinos reasumieran sus actividades tradicionales. Se eligió Michoacán como inicio de las actividades. No fue causal. Respondió a una petición urgente del entonces gobernador Lázaro Cárdenas, quien reconoció que la policía estatal había sido rebasada o cooptada y que el gobierno real en la entidad era la banda criminal conocida como La Familia, que poco después se convertiría en Caballeros Templarios. Eso se decía en aquel entonces.

La presencia de las fuerzas federales no resultó pasajera, sino que el actual gobierno, el de López Obrador, empujó cambios legales para militarizar de manera definitiva, con cobertura legal, el trabajo policiaco en la seguridad pública, de las fuerzas federales. Los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña se quedaron cortos, muy cortos, en el proyecto de formar policías y López Obrador ni siquiera lo ha intentado. Formó la Guardia Nacional a partir de elementos de las fuerzas armadas. Lo anterior quiere decir que gobiernos panistas, priistas y morenistas no han podido con el paquete, entre otras razones porque no han desmontado un esquema que nos tiene al fondo del barranco.

Un esquema en el que nosotros ponemos los muertos, miles de ellos, aumenta el consumo de drogas entre nuestros jóvenes y adolescentes, las instituciones se laceran, los funcionarios se corrompen, el tejido social se rompe y descompone y nadie es capaz de entregar buenas cuentas. El panorama este sábado es aterrador. Las grandes bandas siguen operando, como lo vimos en el fallido operativo Culiacán en el que se acorraló por horas al gobierno y uno de los principales funcionarios encargados del combate, hablo desde luego de García Luna, resultó estar en la nómina de los malandros.

Mientras eso sucede, el principal mercado de drogas, que es Estados Unidos, mantiene su apetito insaciable por sustancias ilícitas, sus bancos tienen las puertas abiertas para limpiar millones de dólares de dudoso origen y sus armerías realizan negocios pingues vendiendo sus productos legales a los criminales mexicanos. En resumidas cuentas, ese esquema actual es el peor de los mundos posibles y lo único que podemos hacer como país es cambiarlo cuando antes. ¿Cuáles serían esos cambios que está en nuestra mano hacer? El primero de esos cambios reales sería la legalización en la producción de la mariguana y en la producción de la amapola. Es muy arriesgado, desde luego, pero no tanto como mantener las cosas como están.

El año pasado hubo más de 33 mil muertos, que es una cantidad escalofriante, que no se registra en ningún otro país del mundo sin una guerra formal. Lo primero es tener la voluntad política, que el Presidente y su partido, Morena, que es mayoritario, tengan interés en votar los cambios en el Congreso y abrir una larga sesión de Parlamento Abierto para que expertos nacionales e internacionales hablen de la mejor manera de instrumentarlo, de aterrizarlo. Otros países han podido.

No digo que sea sencillo, pero hay que llevarlo a la práctica, de ser posible este mismo año. Lo de la mariguana ya está en la parte de los detalles y lo de la amapola tiene un apoyo singular en entidades como Guerrero, donde autoridades civiles y eclesiásticas coinciden en decir que el clima de violencia en la zona de la montaña no cederá mientras no haya cambios sustantivos. Los campesinos quieren trabajar con garantías y dejar de estar al servicio del crimen. Saldrá caro, se requerirá impulsar programas de salud, pero es la forma de escapar a la fórmula impuesta por el Tío Sam, que quiere drogas y control sobre la clase política, las fuerzas armadas y, ojo, las bandas criminales, pues la política de extradiciones tiene en cárceles de EU a varios de los más importantes capos sirviéndoles de informantes para tener condenas a modo o incluso salir libres.

Apuesto doble contra sencillo que los norteamericanos tienen las coordenadas para ubicar al Mencho y al Mayo, por citar dos jefes mafiosos conocidos. No los elimina porque no quiere. Junto a la legalización urge el nuevo sistema de procuración de justicia, pero no uno con madera nazi como el presentado la semana pasada, sino uno civilizado, funcional. Se requiere también un intenso trabajo de relaciones internacionales para emprender acciones conjuntas con los gobiernos de Bolivia, Perú y Colombia, con los de Sudamérica y, muy importante, con el de China.

Se requieren soluciones globales porque es un problema que no respeta las fronteras establecidas. Dejo para el final un aspecto que es prioritario: la colaboración de los ciudadanos mexicanos que consumen drogas, en especial mariguana y cocaína, y que no conectan su consumo con el brutal clima de violencia que nos anega. Los ciudadanos tienen que hacer su parte y ésa consiste en cumplir la ley. Hay que encararlos de manera directa, no darles el beneficio de tratarlos como menores de edad que no saben lo que hacen. Lo saben y lo hacen y son un eslabón más en la cadena que ha hecho de México el país más peligroso.

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