El miércoles merendamos con que los datos que divulgaba el grupo de expertos del gobierno responsable de la difusión de la información sobre la epidemia del COVID-19 fueron multiplicados por ocho para coincidir con las tendencias internacionales creíbles y las filtraciones en las redes sociales de lo que estaba ocurriendo en los hospitales y la supuesta instrucción de no registrar correctamente la causa de las defunciones.

De esta manera, los casos de contagio crecieron de un poco más 3 mil registrados a 26.5 miles estimados aplicando un modelo de Vigilancia Centinela establecido en el 2006, que el subsecretario de salud intentó explicar, la prensa cuestionó y los seguidores de las 4T creen a pie juntillas.

La discusión sobre los números no se hizo esperar y las invocaciones al pasado calderonista, en cuyo gobierno participaron los médicos del equipo científico de AMLO, recordaron que esta forma de levantar estadísticas se utilizó en la pandemia del H1N1 de 2009, avalada por la OMS.

Lo importante es que el juego de los guarismos y el chiste presidencial recurrente en el que Él manifiesta que tiene otros datos minan la credibilidad social en el gobierno y el ciudadano común y corriente pierde la brújula. ¿Por qué el festival Vive Latino no se suspendió y el tradicional Vía Crucis de Iztapalapa se debe escenificar a puerta cerrada? La explicación gubernamental es que se trata de medidas en distintas etapas de la evolución de la pandemia.

Las autoridades locales, gobierno de la Ciudad de México y Alcaldía de Iztapalapa deben lidiar con este “problema” de comunicación y para evitar las concentraciones de personas asintomáticas deben utilizar la fuerza pública preventiva y disuasivamente. El peligroso mensaje que se manda cuando la comunicación social gubernamental es equívoca consiste en que “ni ellos se ponen de acuerdo, por lo que el riesgo de contagio no existe, que es una invención de la mafia del poder y, por lo tanto, no permiten que el pueblo viva su Fé”.

Por otro lado, las autoridades financieras pierden credibilidad. Un día se anuncia con bombo y platillo en las mañaneras que se dispondrá de más de 700 mil millones de pesos de la extinción de los fideicomisos y una semana después, en una entrevista improvisada en Palacio Nacional, el Secretario de Hacienda aclara que sólo se utilizarán los recursos de los fideicomisos públicos que las dependencias utilizaron para hacer “guardaditos” con el sobrante de los ejercicios presupuestales que por norma debieron regresar a la Tesorería de la Federación y no se afectarán los fideicomisos establecidos en ley y mucho menos las reservas de estabilización. Esta explicación tranquiliza y explica el origen de los recursos para el adelanto de los programas sociales y los créditos a la micro, pequeña y mediana empresa.

El secretario aprovecha para puntualizar que no hay cerrazón gubernamental para revisar la propuesta del Consejo Coordinador Empresarial, en la que se incluye como parte de los recursos disponibles para financiar una política económica anticíclica los fondos de estabilización y los que se liberarían del registro de la deuda pública neta como bruta. Sin embargo, también afirma que todavía no es el momento de utilizar ese ahorro social.

Los otros datos sólo sirven para sostener posturas ideológicas que tienden a la fractura social y política. No contribuyen a generar un ambiente de armonía y unidad que se requiere.

El gobierno muestra fisuras con el manejo “político” de las cifras. Los empresarios se dividen y cuestionan sus propios liderazgos. La confianza social en el grupo de expertos disminuye y la efectividad de sus recomendaciones, que en realidad son disposiciones generales obligatorias.

El peligro de los otros datos es la desconfianza en el gobierno y sus acciones y la consecuencia desobediencia civil como pudo haber ocurrido en Iztapalapa si la policía no hubiera confinado el Predio de la Pasión (La Crónica de Hoy, 07-04-20). Eso no debe volver a ocurrir. Sucedió en 1985 en el gobierno de Miguel de la Madrid, que ocultó las cifras de muertos por razones de Estado. Hoy, si en verdad es un gobierno distinto a los autoritarios del pasado, la transparencia debe ser la norma de actuación. Sin embargo, la confusión surge desde el púlpito de las mañaneras y eso afecta, obstaculiza, el trabajo de los funcionarios buenos y profesionales.

Quien se atreve a discrepar de los otros datos del presidente se arriesga a ser desmentido públicamente. Esperemos que no haya reacción a las aclaraciones y precisiones que el secretario de Hacienda hizo para atajar inquietudes y dudas que surgieron sobre el plan de emergencia para atender la crisis económica derivada de la epidemia del COVID-19.

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