Al argumentar que la extorsión es una amenaza de seguridad constante para las víctimas, su círculo cercano y la sociedad en su conjunto, y es una práctica común entre pandillas, grupos criminales con presencia territorial y reos que actúan desde la prisión, diputados del Partido Encuentro Social (PES) presentaron ante la Comisión Permanente la iniciativa para elevar a delito grave esta práctica, lo que ameritaría prisión preventiva oficiosa.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara baja para su dictaminación.

Como sustento para defender la propuesta de Jorge Arturo Argüelles, coordinador de los legisladores del PES, se alerta que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad, (Envipe) de 2018 arrojó entre sus estimaciones que en 2018 se cometieron poco más de 6 mil 500 extorsiones por cada 100 mil habitantes. El 91.6 por ciento del delito correspondió a extorsión telefónica y en 7.1 de los casos la extorsión fue saldada mediante la entrega de pago económico.

En la iniciativa se precisa: “La extorsión es un delito que puede clasificarse de manera directa e indirecta. La primera se refiere a aquella en la que el victimario se presenta de manera física frente a las víctimas. Por lo regular la irrupción se presenta con violencia y amenazas, el delincuente se identifica como parte de un grupo delictivo que brinda seguridad o pide derecho de piso, bajo amenaza de causar daño a algún familiar cercano o modificar el objetivo final del delito al amenazar con la privación de la libertad. El esquema económico de extorsión consiste en el cobro de cuotas periódicas que pueden ser diarias, semanales, quincenales o mensuales a cambio de ‘protección’; de no aceptar la extorsión pueden dar inicio las represarías”.

Diputados de Movimiento Ciudadano, por el contrario, estiman que no es con prisión como se reducirá la comisión de este delito.

Martha Tagle, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que la extorsión pertenece al fuero común y son los gobiernos locales los que deben atender el combate a este delito.

“Elevar el delito a grave, con prisión preventiva oficiosa, no resolverá el problema. Esto corresponde a las entidades federativas”, indicó en entrevista con Crónica, luego de que este medio publicara la facilidad, que es sabida, con la se introducen dispositivos y chips a las cárceles capitalinas.

La iniciativa del PES tiene el eco de la que presentó Mario Delgado, que además pide que se abra un registro de chips de celulares para ubicar a quienes delinquen por medio de la telefonía celular.