Opinión


El pleito por “la desaparición de poderes”

 El pleito por “la desaparición de poderes” | La Crónica de Hoy

Recientemente, en el Senado de la República se discutió la ­desaparición de poderes en Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz. La rebatiña fue iniciada por el PAN: pidió que se aplicara ese procedimiento en Veracruz porque el Congreso local (dominado por Morena) destituyó ilegalmente al fiscal Jorge Winckler, quien fue designado por el gobernador anterior, Miguel Ángel Yunes, postulado por el blanquiazul. Ante esto, el partido de Andrés Manuel López Obrador dijo: “si a esas vamos, entonces nosotros tumbamos a dos gobernadores panistas, Diego Sinhue Rodríguez, de Guanajuato; y Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas.” La justificación que dieron los morenistas fue que en esos estados los índices delictivos habían aumentado escandalosamente. En el primero, debido al huachicoleo; en el segundo, por las ejecuciones extrajudiciales de ocho personas ocurridas el 5 de septiembre en Nuevo Laredo. Así se armó el zafarrancho parlamentario.

No obstante, argumentar que se procede contra Guanajuato y Tamaulipas por los altos índices delictivos que registran esas entidades no es válido. Como lo señala Raymundo Riva Palacio (“Farsantes en el Senado”, El Financiero, 2/X/2019), de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guanajuato se encuentra en el noveno lugar en la catalogación de violencia por estados (mil 542 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes entre enero y agosto); Tamaulipas se ubica en el puesto número 21 (792 homicidios dolosos).

Este alegato no es una discusión en beneficio del interés general; más bien se parece a una reyerta entre pandillas. Muestra la degradación de nuestra vida pública. Además, como también señala Riva Palacio, hay una mala interpretación de la fracción V del artículo 76 constitucional, el cual dispone como facultad exclusiva del Senado: “Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de una entidad federativa, que es llegado el caso de nombrarle un titular del poder ejecutivo provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales de la entidad federativa.” Como dice Elisur Arteaga (“De nuevo la desaparición de poderes”, en revista Siempre, 29/IX/2019). “[El] Senado no puede desaparecer los poderes de las Entidades; a lo que lo faculta ese precepto es simplemente a certificar la desaparición de los poderes, cuando realmente no existen, y a declarar, con vistas a esa certificación, que es llegado el caso de designar gobernador provisional.”

Hay más puntualizaciones que señalar sobre el procedimiento de sustitución del gobernador por medio de la desaparición de poderes: la certificación de la desaparición de poderes en un determinado estado de la república se lleva a cabo “por el voto de más de la mitad de los senadores presentes.” (Elisur Arteaga, Idem). El siguiente paso es más complicado: en esa misma fracción V del artículo 76 de la Constitución se lee: “El nombramiento del titular del poder ejecutivo local se hará por el Senado a propuesta en terna del Presidente de la República con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes, y en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas.”

Panistas y morenistas saben que no pueden cumplir con esos requisitos. Dada la composición plural del Senado, los blanquiazules no alcanzarían una mayoría simple, es decir, cincuenta por ciento más uno, ni siquiera sumando a los priistas y perredistas; en cambio, los morenistas sí podrían cubrir ese primer requisito, pero no el segundo. ¿Y, entonces, para qué tanta alharaca? Pues por el simple hecho de hacer alarde de fuerza sin tenerla, de mostrarse poderosos sin tener músculos hercúleos. En pocas palabras, pura faramalla.

Por encima de este altercado poco edificante, debemos decir que en nuestro país sí se ha llevado a la práctica la desaparición de poderes, entendida como la remoción pura y simple de gobernadores.

El último caso fue el del Dr. Otoniel Miranda, quien fue, literalmente, echado de la gubernatura de Hidalgo, en 1975, por el entonces presidente Luis Echeverría. Miranda fue víctima del dedo flamígero de Echeverría porque fue apoyado—sin el consentimiento del Primer Mandatario—por el exgobernador Manuel Sánchez Vite, quien también fue presidente del PRI.

Para evitar este tipo de arbitrariedades, en el sexenio siguiente, o sea, el de José López Portillo (1976-1982), por iniciativa del secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles, el Ejecutivo Federal propuso al Congreso la aprobación de la Ley Reglamentaria de la Fracción V del artículo 76 constitucional. Y así se hizo. Así se detuvo la feria de despidos de gobernadores aduciendo la “desaparición de poderes.”

Dicho esto, y con todas las salvedades del caso, uno de los motivos que justifican puntualmente que se recurra con bases sólidas a la desaparición de poderes es que el gobernador “abandone el ejercicio de sus funciones”. Este motivo sí se puede aducir para el caso del estado de Morelos, donde Cuauhtémoc Blanco brilla por su ausencia. Es público y notorio que quien ocupa de ­facto, el puesto de Jefe del Ejecutivo es el español Juan Manuel Saenz, en pugna abierta con el hermano del exfutbolista Ulises.

Convendría que los senadores, de todos los partidos, serenaran sus ánimos y comenzaran a revisar la grave situación que sufre Morelos.

 

 

 

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