Este miércoles la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrará un periodo extraordinario de sesiones para abordar, entre otros temas, el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para dar vida a la Guardia Nacional. Esto, después de haber realizado una serie de audiencias con expertos y funcionarios sobre seguridad humana, federalismo, estrategias municipales, construcción de la paz y protección de los derechos humanos. La imperiosa necesidad de atender el grave problema de la inseguridad que deriva de la creciente presencia del crimen organizado en nuestro país, así como de la responsabilidad que corresponde a los diferentes niveles de gobierno e instituciones de seguridad y procuración de justicia, han obligado al gobierno de López Obrador a plantear soluciones novedosas al fuerte reclamo social que existe contra la inseguridad pública.

Destaca el consenso alcanzado respecto a no aprobar en los términos en que fue publicado el dictamen que prevé la creación de la Guardia Nacional. Su mando será de carácter civil, delimitando claramente las competencias de los ámbitos federal, estatal y municipal bajo un modelo de coordinación y no subordinación, y estableciendo prioritariamente una ruta para fortalecer a los cuerpos policíacos en todos los niveles, así como de las instancias de procuración de justicia. Por último, pero no por ello menos importante, se deberán reforzar los mecanismos de control jurisdiccional y legislativo de la Guardia Nacional. También se requiere avanzar en la elaboración de las leyes secundarias que derivarán de la reforma constitucional, destacadamente las del uso de la fuerza, sobre registro de detenidos y la ley orgánica de la Guardia Nacional. En el nuevo modelo será imperativo garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos de acuerdo con los estándares internacionales así como establecer mecanismos para escuchar a las víctimas de la violencia, manteniendo en todos los casos un enfoque de prevención.

El Estado fallido que prevalece en nuestro país y que abdicó de sus funciones básicas de protección de las personas, debe ser sustituido por un nuevo modelo de combate a la inseguridad pública que no implique la militarización permanente de México. Es necesario tener presente la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del proyecto de Ley de Seguridad Interior que presentó el gobierno de Peña Nieto que pretendía distinguir la seguridad pública de la seguridad interior para favorecer una estrategia de militarización en el combate a la delincuencia que lesionaba al Estado Constitucional de Derecho.

Es claro que en la mayoría de los países democráticos, desarrollados y con fuerte división de poderes, que cuentan con sistemas de seguridad pública eficientes y consolidados, el mando estratégico para enfrentar la capacidad operativa de las organizaciones criminales se encuentra en manos de las fuerzas civiles del orden. Por el contrario, diversos estudios muestran que en la mayoría de los casos donde el mando es militar son característicos de sistemas autoritarios donde las violaciones a los derechos humanos constituyen la norma. Por lo tanto, es necesario que el dictamen que aprueben los legisladores establezca precisas temporalidades, así como el carácter excepcional, subordinado y complementario para una Guardia Nacional acorde a la primacía del poder civil que caracteriza a todo sistema democrático.

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