Opinión


El poder y el juicio de amparo

 El poder y el juicio  de amparo | La Crónica de Hoy

El Juez Octavo de Distrito en el Estado de México otorgó la suspensión definitiva en un juicio de amparo que se tramita en contra de la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, lo que tiene como consecuencia que, durante el tiempo del proceso, se deban conservar las cosas —urídicas y físicas— como se encuentran a la fecha, es decir, no se podrá inundar los terrenos como se dijo que se pretendía, ni convertirlo en un parque ecológico.

El colectivo #NoMasDerroches, integrado, entre otros, por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, presidido por Claudio X. González, las organizaciones no gubernamentales que éste financia, así como el Consejo General de la Abogacía Mexicana le dieron al gobierno de la restauración autoritaria (autollamado 4T) la oportunidad de enmendar uno de sus errores más graves, que han desincentivado la inversión privada nacional y extranjera.

Sin embargo, todo parece que el poder, ciego en su lucha contra los fantasmas, que ha creado los conservadores, fifís y neoliberales, lo aferra a su decisión populachera al grado que amenaza a quienes promovieron el juicio de amparo con desenmascararlos y exhibir a los intereses que están detrás de los quejosos.

Esto ocasionó la primera desavenencia pública del Presidente López Obrador con su Secretario de Comunicaciones y Transportes, quien minimizó el efecto de la suspensión y llamó a su jefe a respetar la decisión judicial, que sólo es un pequeño inconveniente superable. ¿Por qué sucedió este desencuentro?

Por una razón muy sencilla, conforme a la Constitución el titular del Ejecutivo no puede ser destituido por la inejecución de una sentencia o violación de una suspensión y el Secretario sí, e incluso puede ser consignado directamente por la Suprema Corte ante un Juez de Distrito en materia penal sin pasar por el juicio de procedencia (desafuero).

En el 2006, no se consignó al entonces Jefe de Gobierno López Obrador por desacato a un mandamiento judicial, porque que no había ocurrido la reforma constitucional al juicio de amparo del 2011. Si hubiera estado vigente el régimen actual de inejecución de sentencias el ahora Presidente hubiera pisado la cárcel, tal y como ocurrió con su colaborador más cercano, Bejarano, por otras razones.

El gremio de los abogados, entre ellos el exministro Cossío, alertaron sobre el peligro de que el poderoso se incomode por los efectos de la justicia constitucional, cuyo fin fundamental es la defensa y protección de los derechos humanos, que no puede ser eficaz, si las determinaciones judiciales no se respetan, ni sancionan las violaciones cometidas contra éstas.

El hecho de que el Presidente amenace a los quejosos por defender sus derechos en las mañaneras es grave. Claro, hay que reconocer que, desde la perspectiva de la restauración autoritaria, es conveniente limitar los medios de defensa de las personas y los colectivos frente a los actos de autoridad. Los poderes y los ciudadanos deben ser sumisos a la voluntad de la mayoría expresada por el dedito del Presidente o por las consultas populares espontáneas en los mítines.

Nadie puede atreverse a promover un juicio de amparo so pena de ser exhibido, sin derecho de audiencia, en el tribunal inquisitorial en que se ha constituido la conferencia de prensa diaria bajo la excusa que es el derecho a la libertad de expresión del poderoso.

No hay mucho que averiguar. Hay personas que se sienten agraviadas en sus derechos por la cancelación del NAIM y que consideran que la solución del “sistema” aeroportuario con la operación de Santa Lucía no es viable. Los quejosos pueden estar actuando por impulso propio o financiados por los intereses económicos afectados. Eso es intrascendente jurídicamente.

El gobierno, como autoridad responsable, tendrá la oportunidad de defender la racionalidad jurídica de la decisión ante los tribunales —no basta alegar los resultados de la consulta pública— y exhibir los permisos nacionales de impacto ambiental y antropología y los internacionales de operación aeronáutica para continuar con sus proyectos.

En términos políticos es un mensaje más al gobierno de la restauración autoritaria. Los actores en un mercado de libre competencia también deben ser tomados en cuenta en la determinación del destino de la inversión pública y la construcción de infraestructura, que debe ser productiva para garantizar el retorno de la inversión. El capricho del gobernante en turno sólo conduce a la edificación de elefantes blancos o a fracasos económicos que se reflejan rápidamente en endeudamiento e inflación.

Lo evidente no se puede ocultar. El Estado de derecho es una ilusión si desde la cúspide del poder se mandan señales de que no se pretende respetar las decisiones judiciales. Es significativo que Jiménez Espriú, universitario por excelencia, se haya desmarcado rápidamente y se allanará a la orden de suspender definitivamente la cancelación del aeropuerto hasta la terminación del juicio de amparo.

 

 

cmatutegonzalez@gmail.com

Facebook.com/cmatutegonzalez

 

 

Comentarios:

Destacado:

LO MÁS LEÍDO

+ -