El Seguro Popular se creó en 2003, en el sexenio de Vicente Fox, con un propósito claro: brindar atención médica a quien no contaba con ningún tipo de protección o quienes no fueran derechohabientes del IMSS o el ISSSTE. Se planteó en ese entonces la cobertura universal de salud en beneficio de 51.3 millones de personas.

Fue un esfuerzo enorme que cada año logró incorporar en promedio a 5.4 millones de nuevos asegurados. En sólo nueve años cumplió y rebasó su meta, alcanzando en el año 2012 los 52.7 millones de afiliados. Se financiaba por recursos federales (85%) y estatales (15%) pero un elemento muy importante es que también se hacía mediante una cuota individual o aportación en función del nivel de ingresos de cada persona (Quedando exentos de pago quienes se encontraban en mayores condiciones de vulnerabilidad, casi el 98% del total); gradualmente fue ampliando su catálogo de cobertura de enfermedades y tratamientos.

El Seguro Popular no era perfecto, tenía elementos que mejorar pero logró que el acceso a la atención fuera realmente igualitario; que se diera un trato digno y atención de calidad a los pacientes; que se protegiera financieramente a las familias, evitando así que perdieran su patrimonio ante algún gasto catastrófico; ofreciendo un paquete claro y explícito de servicios de salud; eliminando el pago de cuotas de recuperación y garantizando el abasto de medicamentos asociados al paquete de intervenciones.

Igual de importante es que fue una política pública dinámica que fue evolucionando y dejó de ser reactiva ante una eventualidad y apostó por la prevención incorporando la programación de exámenes preventivos. La atención mejoró porque se programaban las citas y se estableció un mecanismo eficaz para interponer quejas, reclamos o sugerencias sobre la atención recibida, dando respuesta por escrito en un plazo no mayor de 30 días.

El año pasado, el Presidente, en uno más de sus arranques populistas dijo que el Seguro Popular, “ni era seguro, ni era popular” y añadió que el sistema de salud estaba mejor antes de que existiera; como de costumbre, no presentó evidencia alguna sobre sus dichos. Le dijo adiós, lo desapareció y creó el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) con la promesa de que la atención médica y las medicinas serían gratis. En realidad ya lo eran para el 98 por ciento de los afiliados.

Sin embargo, como todo en la 4T, lo que tocan sí lo transforman. Los problemas están a la vista: hoy, los pacientes tendrán que pagar por ser atendidos cuando antes tenían la cobertura; hay pacientes con un tratamiento de cáncer, de VIH y que con el nuevo esquema se quedaron en el limbo; se le quitaron 40 mil millones de pesos al Fondo de Gastos Catastróficos para poder mandarlos al Insabi, dinero que va a poder ser fiscalizado pero hasta después de la elección del 2021. Bien lo dijo Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda del propio AMLO “el diseño del Insabi carece del debido sustento normativo, financiero y operativo. Esto puede condenarlo a convertirse en una riesgosa quimera”.

No es cosa menor, se trata del futuro inmediato de 23 millones de familias a las que por una ocurrencia se les dejó en la indefensión, hoy no se sabe cuál será el mecanismo de financiamiento ni el presupuesto del Insabi y si eso se desconoce, probablemente también están en el aire los recursos para la compra de medicamentos que, según lo dicho por el Presidente, serían gratuitos.

De entrada, en la CDMX 2.7 millones de capitalinos están en riesgo, es decir, el 33 por ciento de la población. Los diputados del PAN exigimos al Presidente que actúe con responsabilidad y hacemos un llamado para que el populismo no termine imponiéndose al bienestar del pueblo.

*Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la CDMX y Presidente de la Jucopo