La gran innovación del “lopezobradorismo” en la administración pública fue, indudablemente, la pensión para los adultos mayores, a quienes la corrección política ya no llama ancianos, cuando fue gobernador de la Ciudad de México. Desde entonces esa dádiva lleva su nombre. Los viejitos, viejecitos o como se les quiera llamar, forman parte, desde entonces, ya sean algunos sobrevivientes o sus relevos en la senectud, de la base “moral” de la agradecida y eterna clientela electoral.

Esa estrategia se amplió cuando el perseverante candidato de las dos derrotas se alzó, por fin, con el triunfo electoral. Su primer anuncio en el colmado Zócalo de la noche victoriosa en el julio de la victoria, fue la duplicación de ese pago universal para los invernales.

Después vendrían las extensiones generacionales de tan generosa disposición del tesoro público: los discapacitados, las madres solteras, los jóvenes sin trabajo, los becarios, los jóvenes sin escuela. Todos caben bajo el manto protector del munificente Estado de Bienestar.

De esa forma de aplicar el dinero se deriva todo lo demás: la austeridad no es solamente otra virtud teologal, es un método para bien gastar cuanto antes se dilapidaba. Bien gastarlo (no bien invertirlo), en dádivas, cuya consecuencia natural es la simpatía de quien recibe.

Y la única forma de agradecer tan generosa actitud es mediante el voto, no para otra cosa sino para seguir recibiendo. Así, el gobierno es calificado por millones de necesitados como algo muy sencillo: el gobierno es un padre generoso de cuya bolsa saco el dinero.

Buen gobierno si me da; mal gobierno si no me da. Y si además me quita, pues peor.

Ese simplismo se ha elevado a categoría constitucional en un país donde la Constitución se usa ahora como escudo contra posibles contingencias futuras. Venga quien venga ya no podrá echar atrás —so riesgo de motín o alzamiento de los desheredados— los programas sociales. No hay reelección, hay prolongación. Estos programas son una herramienta infalible de poder.

La ley electoral prohíbe entregar dádivas o comprar votos. Los observadores siempre están atentos para pillar algún recurso indebido durante las elecciones, pero nadie puede evaluar las dimensiones de la gratitud frente a la soledad de la urna. Comprar votos en tiempo electoral es un delito; comprarlos (indirectamente) desde el gobierno, es una política social.

Redondo como la palabra Roma, habría dicho Gilberto Owen.

Por eso llama mucho la atención el análisis técnico (y político) de Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda en esta gobierno, en cuanto a las adiciones (¿adicciones?) constitucionales por las cuales se perpetúan “las pensiones de López Obrador”, con graves riesgos para los compromisos futuros del Estado. No es lo mismo.

“…la pensiones no contributivas (aquellas cuyo origen no proviene del trabajo, sino del gasto providencial), son sólo una pequeña parte del deficiente e insostenible (en términos económicos; no morales o de propaganda) sistema actual de pensiones. Al plasmar esa reforma en la Constitución; simplemente se están cerrando los ojos y pateando el bote para no enfrentar en este sexenio el gravísimo problema que pronto se tendrá para mantener a flote el sistema mismo de pensiones. Esa bomba estallará, si no en este sexenio; en el siguiente…”

Pero el Señor Presidente no ve las cuentas públicas con un ábaco. Tampoco con una sumadora. Las ve con el Evangelio. Y entre la aritmética y la bienaventuranza, nos dice: “… ya son derechos constitucionales el que reciban los adultos mayores una pensión, ya está establecido en la Constitución el derecho a la pensión de todos los adultos mayores…

“…Lo mismo para niñas, niños con discapacidad, por ley van a tener su pensión y todos los estudiantes de familias de escasos recursos económicos en todos los niveles de escolaridad, ya sea preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, nivel universitario, el derecho a recibir una beca para que puedan terminar sus estudios. Eso está ya aprobado en el Congreso, en la Cámara de Diputados…

“…Y también se aprobó el derecho a la salud, atención médica y medicamentos gratuitos…”

“… para este año son 500 mil millones de pesos aproximadamente, para el año próximo tiene que aumentar, no puede ser menos porque ya está establecido en la Constitución, se elevó lo que se llama Estado de bienestar a rango constitucional. Ésta es una gran reforma en beneficio del pueblo….”

Pero otros han dicho: la inclusión de los programas de gobierno a través de los cuales se administran (y suministran) estos derechos, es la “constitucionalización de la clientela.”

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