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El precio de la negligencia, un texto de Raúl Trejo Delarbre

Por eso el presidente López Obrador se encuentra tan irritado. La tragedia en la Línea 12 constituye un injustificable agravio a la sociedad, precisamente porque no tendría que haber ocurrido. Los responsables de haberla evitado se encuentran entre sus colaboradores más cercanos.

El precio de la negligencia, un texto de Raúl Trejo Delarbre | La Crónica de Hoy

FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

“¡No fue accidente. Fue negligencia!”. Ese grito, que centenares de vecinos de Tláhuac han repetido en manifestaciones afuera de la estación Olivo, sintetiza la rabia frente a la tragedia en la Línea 12. Las 26 muertes, las docenas de heridos —muchos de ellos aún graves— suscitan más tristeza y enojo porque pudieron evitarse. Esas víctimas y daños se deben al descuido, al desprecio a los derechos de las personas, a la negligencia del poder político.

   Un funcionario muy destacado del gobierno actual, Marcelo Ebrard, fue responsable de la construcción de la Línea 12. Otra, Claudia Sheinbaum, lo ha sido del mantenimiento en los últimos dos años y medio.

   No hay que soslayar la responsabilidad del anterior jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Pero si hubo fallas en la estructura de la Línea 12 (en el diseño, los materiales o la edificación misma de esa obra)  ocurrieron durante el gobierno de Ebrard en la Ciudad de México. Si hubo negligencia en la administración de Mancera, acaso debido a falta de reparaciones después del sismo de 2017, habría resultado imperdonable. Sin embargo esa indolencia tendría que haber sido registrada —y resuelta— en los dos años y medio que lleva la gestión de Sheinbaum.

   Por eso el presidente López Obrador se encuentra tan irritado. La tragedia en la Línea 12 constituye un injustificable agravio a la sociedad, precisamente porque no tendría que haber ocurrido.  Los responsables de haberla evitado se encuentran entre sus colaboradores más cercanos.

   El presidente mismo, en su insensible reacción ante la dolorosa muerte de 26 personas, ha contribuido al enojo de la sociedad.  No dijo nada en las horas posteriores a la tragedia del lunes 3, cuando el país estaba conmocionado por ese asunto y menudeaban las declaraciones de numerosos actores políticos. A la mañana siguiente expresó condolencias genéricas y trató de quitarle importancia a ese tema. López Obrador se negó a visitar a los heridos, o a los familiares de los fallecidos. Cuando un periodista le preguntó si lo haría, respondió con un destemplado improperio.

   La sensibilidad humana y la compasión no son atributos del presidente. Compasión es, de acuerdo con el Diccionario, “sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien”. López Obrador considera a las tragedias como estorbos que amenazan sus designios y a las víctimas, como molestia que le resulta preciso disimular. Para él, la exigencia de rendición de cuentas es una provocación. Condolencia es la participación en el pesar ajeno; se duele uno junto con, no delante de los deudos. Las condolencias de López Obrador son forzadas, para salir del paso. Pero de las consecuencias de esta desgracia no se puede librar.

   La tragedia en el Metro golpeó en el corazón de la llamada cuarta transformación. Cualquier control de daños tendría que partir de la autocrítica y de la verdad que resulta de un honesto ejercicio de transparencia. En cambio el presidente quiere echarle tierra a ese asunto de la manera que mejor (o más bien peor) sabe enfrentar los problemas: quitándole importancia, reemplazándolo con temas estridentes y culpando a otros.

   Desde hace años abundaron las advertencias sobre falta de mantenimiento en el Sistema de Transporte Colectivo. O no había supervisión suficiente, o faltaron recursos para esa tarea. En las horas posteriores al desplome cerca de en la estación Olivo se extendió la versión de que, para ahorrar dinero, el gobierno de la Ciudad de México omitió tareas de mantenimiento indispensables. El martes por la mañana, cuando un periodista le preguntó por qué no había sido ejercido todo el presupuesto del año pasado para el Metro, la Jefa de Gobierno replicó: “no ha habido una disminución del presupuesto ni un subejercicio”.

  El miércoles 5 de mayo la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), con datos de la Cuenta Pública que había sido entregada apenas un día antes, desmintió a la jefa de Gobierno. En una nota de Leonardo Núñez, MCCI dijo: “Para el 2020, el presupuesto aprobado para el Sistema de Transporte Colectivo Metro fue de 15,652.7 millones de pesos, mientras que el gasto efectivamente ejercido fue de 14,290.5 millones. Es decir, hubo 1,362.2 millones de pesos, equivalente a 8.7% de su presupuesto, que originalmente iban a gastarse en el Metro, pero que al final del año no se utilizaron”.

   Pocas horas más tarde, el presidente López Obrador desató una  áspera campaña contra la organización que, con datos oficiales, había denunciado subejercicio presupuestal en el Metro.

   En la conferencia matutina del jueves 6 una reportera de la revista Contralínea le dijo al presidente que el gobierno de Estados Unidos apoya financieramente a Mexicanos contra la Corrupción. López Obrador replicó que si eso era cierto, “amerita una nota diplomática”.

   El financiamiento internacional que contribuye a apoyar las tareas de Mexicanos contra la Corrupción no es un secreto. Desde hace varios años MCCI ha informado que ha recibido respaldo económico de organismos como la Confederación Suiza, la Fundación Ford, la Fundación MacArthur, el National Endowment for Democracy y USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo,

   Numerosas organizaciones sociales reciben financiamientos de instituciones de otros países. Con ello no transgreden ninguna legislación. No son partidos políticos y el respaldo internacional, cuando lo ejercen sin condiciones que las limiten, puede fortalecer su independencia. La USAID destina fondos del gobierno de Estados Unidos para tareas de desarrollo tanto en alianza con organizaciones sociales, como en colaboración con otros gobiernos. El periódico Eje Central publicó el viernes pasado que en 2019, de aproximadamente 370 millones de dólares que USAID destinó a nuestro país, el 45% —165 mdd— fueron recibidos por las fuerzas armadas. El financiamiento para organizaciones de la sociedad civil fue de 5.8 mdd —algo más del 1.5%—.

   Ese jueves 6 de mayo la jefa de Gobierno volvió a rechazar que hubiera disminuido el gasto público para el Metro. La Secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González, explicó que como debido a la pandemia los usuarios del Metro disminuyeron un 40%, los ingresos por la venta de boletos se redujeron pero el gasto en mantenimiento no se modificó. Inicialmente había un presupuesto de 15 mil 652.7 millones de pesos y el gasto fue de 14 mil 290.5.  Esos eran los mismos datos que el día anterior difundió MCCI.

   Horas más tarde, el mismo jueves 6, Mexicanos contra la Corrupción, apoyándose de nuevo en la Cuenta Pública de 2020, insistió en que el SCT padeció un subejercicio de por lo menos 587.8 millones de pesos.

   El viernes 7 por la mañana el presidente leyó la nota de protesta que su gobierno presentó a la embajada estadounidense y calificó al respaldo financiero a Mexicanos contra la Corrupción como “un acto de intervencionismo”. Luego, incluso, hablo de “golpismo”. El presidente López Obrador considera que tales recursos son una indebida injerencia extranjera pero nadie le informó que su gobierno recibe la mayor parte de ese dinero. El presidente consideró ademas que Contralínea, la publicación cuya reportera le dio pie para hablar de MCCI, “es la mejor revista, independiente y con trabajos de investigación”.

   Una investigación seria, confiable y completa de las causas que condujeron a la tragedia en el Metro, tendría que ser realizada con autonomía respecto del gobierno federal y el gobierno de la Ciudad y con supervisión plural del Poder Legislativo. No ocurrirá así, hasta donde se puede apreciar. La presunción de que por hacer ahorros el gobierno local descuidó tareas de mantenimiento se apoya en datos oficiales pero además en los reiterados percances que el STC ha padecido en los meses recientes, así como en la experiencia de los usuarios.

   El lunes 3 de mayo por la noche, la austeridad presupuestal del gobierno quedó identificada con la incuria y la irresponsabilidad. La tragedia en el Metro es un espejo —y advertencia— de la desatención que afecta a muchas instalaciones y servicios públicos. En el STC, además, la subdirección de Mantenimiento estuvo desocupada durante un año —el encargado de esa oficina fue nombrado apenas cinco días antes de la tragedia—.

   El gobierno abandona servicios públicos fundamentales, como ha sucedido ya con la salud, para destinar recursos a programas clientelares y a las obras desmesuradas que López Obrador quiere que sean emblemáticas de su administración. Hasta ahora, de acuerdo con los resultados constatables, lo que tenemos es una descomunal negligencia en áreas fundamentales y el traslado a las personas más pobres del costo de servicios que el Estado deja de ofrecer. De la misma manera que muchos mexicanos tienen que pagar medicamentos esenciales que antes encontraban en los servicios de salud públicos, ahora millares de vecinos de Tláhuac e Iztapalapa deben pagar transporte privado debido a la suspensión de la Línea 12. Estamos ante una privatización forzosa en servicios que el Estado deja de proporcionar.

   Desde la noche del lunes 3, la operación para esquivar responsabilidades en el círculo cercano al presidente incluyó la propagación de una mentira: usuarios de redes sociodigitales identificados con Morena dijeron que la “ballena” sobre la que descansaba la vía del Metro se había desplomado debido a un atentado. Mientras corría esa falsedad, la desorganización de las autoridades de la Ciudad de México era patente. La versión del atentado y la desatención a heridos y a familiares de las víctimas redoblaron el enojo de los ciudadanos, especialmente en la zona en donde ocurrió la tragedia.

   La solidaridad que los vecinos de Tláhuac e Iztapalapa desplegaron desde el primer momento, sus esfuerzos para rescatar y confortar a los heridos, así como el apoyo a los cuerpos de auxilio, contrastan con el fastidio que expresan el presidente y otros funcionarios ante esta tragedia. Solidaridad, compasión, empatía, no son lo suyo. Reacio a ofrecer explicaciones o disculpas, el fin de semana el presidente mostró la tlayuda que se iba a comer. Para decirlo en sus propios términos, carajo.

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