Pablo Xavier Becerra Chávez*

Formalmente el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió un año este primero de diciembre, pero se puede sostener que desde el día siguiente a la elección del primero de julio de 2018 inició su gestión de manera informal y un tanto extraña. Gracias a un auténtico pacto de impunidad con el desprestigiado presidente Enrique Peña Nieto, éste desapareció del ojo público y permitió que el virtual presidente electo ocupara el centro del escenario político nacional, tomando decisiones,  haciendo nombramientos de colaboradores y realizando algunas consultas populares al margen del marco legal. A cambio de lo anterior, el expresidente Peña Nieto ha tenido la seguridad de que no será procesado por los escándalos de corrupción que caracterizaron a su gobierno, lo cual se ha cumplido hasta este momento.

La lucha contra la corrupción y la impunidad se ha visto reducida a la promesa de que a partir de este gobierno ya no se presentarán dichos fenómenos, pero el Presidente decretó una política de “punto final” para la corrupción del pasado, debido a que según él no alcanzarían los tribunales ni las cárceles para todos los culpables. En algunas ocasiones ha ofrecido que será el pueblo mediante una consulta el que decidirá si se juzga a los presidentes del periodo neoliberal, corrupto por definición (como si la corrupción no hubiera existido antes). Sin embargo, el presidente mete en el mismo saco hechos propiamente de corrupción (malversación de recursos públicos en la privatización de empresas públicas, por ejemplo) con denuncias políticas controversiales, como el supuesto fraude electoral por el cual Felipe Calderón Hinojosa le “robó” la Presidencia o la “traición a la democracia” por parte de Vicente Fox Quesada.

En los hechos, la lucha contra la corrupción se ha traducido en la baja de los sueldos de los altos funcionarios del sector público y en el recorte despiadado de personal contratado por honorarios y del gasto público destinado a varios sectores, como la salud, la educación superior y los organismos autónomos. Se trata de una política de austeridad a ultranza. Al presidente le gusta repetir que si es necesario se pasará de la austeridad republicana a la pobreza franciscana. El discurso presidencial fustiga todos los días a los funcionarios que le resultan incómodos acusándolos de ganar, o haber ganado en el pasado inmediato, sueldos superiores al que él mismo se fijó, de la mitad del de su antecesor. Esos son los corruptos a los que combate AMLO, no los que se enriquecieron durante el gobierno de Peña Nieto.

Buena parte de los recursos ahorrados como resultado de los recortes está siendo canalizada a una vigorosa política de entrega de dádivas sociales, en una lógica que se puede calificar como neoliberalismo populista. Gobernar es repartir, parece ser la divisa gubernamental. Lo central en este modelo es que los beneficios son otorgados directamente por el presidente, lo que contribuye a generar una lealtad directa hacia su persona. Para lograrlo se ha creado una estructura de varios miles de “servidores de la nación”, originalmente activistas del partido Morena y ahora empleados públicos, al servicio directo del presidente en la tarea de censar y movilizar a los posibles beneficiarios.

Dado el estancamiento que la economía mexicana ha vivido durante 2019, como resultado del clima de incertidumbre poco propicio a la inversión, la única forma de obtener más recursos para esta política social es continuar con los recortes al sector público. El primer secretario de Hacienda renunció por esta situación.

La relación del presidente con la oposición está marcada por la polarización. Para AMLO los partidos opositores son “conservadores”, sin matices ni distinciones. Aunque dice que son sus “adversarios” y no sus enemigos (que en realidad son sinónimos), a diario los fustiga y los acusa de servir al demonio del neoliberalismo, por lo que están “moralmente derrotados”. Sin embargo, siempre complementa sus ataques a la oposición con el reconocimiento de que ésta tiene el derecho legítimo de actuar en nuestro sistema político.

De igual manera, la relación del presidente con los medios es complicada. Con las grandes televisoras ha tratado de mantener una buena relación, al grado de que integró a sus principales directivos en un consejo asesor desde el principio de su gobierno. Pero de manera cotidiana ataca a algún medio crítico, de preferencia de prensa impresa. Los conceptos de “prensa fifí” o conservadora son frecuentemente repetidos por AMLO para atacar a estos medios. La crisis de Culiacán tensó al máximo la relación. Algunas organizaciones internacionales de periodistas han insistido al presidente que modere su relación con los medios, pero él responde que solamente ejerce su “derecho de réplica”, cuando en realidad insulta y trata de desacreditar a los medios críticos.

AMLO ha tenido gran éxito en su objetivo de dominar a los poderes legislativo y judicial. La coalición legislativa que lo apoya es casi la mayoría calificada en la cámara de diputados, gracias a la cooptación del PVEM y de un sector importante del PRD. En el Senado solamente tiene una mayoría absoluta, lo que ha permitido frenar algunos temas como el de la revocación del mandato que se aprobó con un modelo diferente al que quería AMLO. En el Poder Judicial ha logrado colocar varios/as ministros/as y ha logrado convertir en su aliado al Presidente de la Corte. Además logró forzar la renuncia de la Presidenta del Tribunal Electoral y consolidar un clima de presión permanente sobre los magistrados.

En la misma lógica ha logrado avanzar en el control sobre los organismos autónomos. En este terreno, su objetivo es lograr el control sobre el INE, para lo cual se ha disminuido su presupuesto y se han presentado varias iniciativas de reforma al máximo organismo electoral, que por ahora no han prosperado. El presidente ha mantenido un clima de críticas y ataques permanentes al INE, particularmente por los sueldos de sus funcionarios, pero también por su complicidad en los supuestos fraudes electorales del pasado (2006 y 2012, cuando el INE no existía como tal).  En 2020 se renovarán cuatro integrantes de su Consejo General, los cuales son nombrados por mayoría calificada de la cámara baja, proporción que ya tienen Morena y sus aliados. Controlar el INE permitiría a la coalición gobernante controlar la organización de las elecciones de 2021 y 2024. Pero ese tema será objeto de un análisis posterior.

*Profesor-investigador del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana.