Un día sí y otro no la referencia a los adversarios ocultos que buscan descarrilar el proyecto de la 4T aparece en la mañanera. Todavía la excusa preferida ante las malas noticias es la herencia de los gobiernos pasados. Estas salidas recurrentes del Presidente permean a sus subordinados, quienes no asumen la responsabilidad en el ejercicio del cargo.

Las urgencias se multiplican y las instrucciones para que se atiendan los asuntos en forma inmediata se han convertido en el pan nuestro de cada día. La más simbólica es la estrategia de contención a los migrantes que se planeó e implementó en dos días y que está dando los resultados que se reportan en la prensa, que son cuestionables por las numerosas improvisaciones y falta de protocolos y recursos para “rescatar” a los indocumentados y “protegerlos” en las estaciones migratorias.

El memorándum de la austeridad republicana del 3 de mayo ha sido fuente de continuos problemas de gestión pública. Nadie duda que era necesario un reajuste del gasto operativo y las transiciones de gobierno son propicias para adelgazar al aparato burocrático. El reordenamiento gubernamental más reciente de esta magnitud lo realizó Salinas de Gortari en su calidad de Secretario de Programación y Presupuesto de Miguel de la Madrid.

La crisis de 1982, que en parte se gestó por los altos índices de corrupción del populismo setentero, envió al desempleo y subocupación a miles de servidores públicos, quienes fueron despedidos, invitados a jubilarse anticipadamente o sus contratos de honorarios no fueron renovados.

Hoy la justificación es la corrupción y los excesos de la cúpula peñista, pero el sentido de la estrategia es el contrario. Antes era la privatización de un sector público ineficiente, hoy la idea que sólo el interés público impuesto por el gobierno es válido, ambas posturas ideológicas son falsas.

La cooperación entre lo público y lo privado es indispensable por una simple razón: en la realidad se mezclan y un ejemplo de ello es la forma en que se organiza el capital humano en las entidades públicas.

El Instituto Mexicano de la Radio (IMER) es un ejemplo de esta terca realidad, opositora al gobierno. Es una entidad federal, como otras, que tiene trabajadores regulados por dos regímenes laborales distintos el apartado A y el B del artículo 123 constitucional con la presencia de dos sindicatos, uno por cada tipo de legislación aplicable, más los que se acumulen por la libertad sindical aprobada en la reciente reforma laboral.

Además de los trabajadores asalariados, el IMER contrata freelancers bajo dos esquemas jurídicos y fiscales distintos: honorarios asimilados a salarios y honorarios profesionales. El primer grupo recibe algunas prestaciones de seguridad social y el segundo ninguna, como es el caso de Ricardo Raphael que renunció esta semana por la incertidumbre jurídica sobre su relación contractual y la falta de recursos.

También, el IMER recurre al outsourcing, tercerización de servicios, en las actividades de limpieza y seguridad, entre otras, que completa el mosaico de derechos y obligaciones que se ha ido formando para cumplir con su misión de hacer una radio plural e inclusiva y llenar vacíos que lo comercial no atiende.

En este contexto, el memorándum de austeridad y los recortes presupuestales ponen al borde del colapso al IMER y, afortunadamente, la crisis mediática generada lo puede rescatar de la inanición financiera. A una instrucción del Presidente, los recursos brotan de los recónditos de las partidas presupuestales y se obtiene el apoyo suficiente para pagar a los creativos que cobran por honorarios y son quienes hacen las funciones de locución y dotasnde contenidos a las estaciones de radio.

Este caso, que no es el único, por su exposición pudo encarrilar su acción institucional, pero lo mismo está sucediendo en múltiples entidades que reducen los alcances de su acción, si bien eliminan las que son de bajo impacto social, también afecta parte de las esenciales, lo que tendrá un efecto negativo en el mediano plazo.

Cuando sucede esto, hace su aparición, se hace evidente, el principal adversario de la 4T. La realidad de las instituciones. Todas tienen un pasado, con claroscuros. En todas se tejen intereses, legítimos o inconfesables, pero ésas son las circunstancias en las que el nuevo gobierno debe impulsar su proyecto, superando obstáculos y potencializando fortalezas y oportunidades.

La “derrota” de la realidad es imposible. Ésta se impone. Este adversario requiere diagnóstico, planeación, acción, evaluación y retroalimentación. El memorándum de austeridad sólo genera la acción —el recorte de personal— sin tomar en cuenta la complejidad laboral de las entidades. Esperemos que la evaluación de su aplicación, retroalimente a los redactores del memorándum, y como sucedió en el IMER, se rectifique el rumbo.

cmatutegonzalez@gmail.com

Facebook.com/cmatutegonzalez

Twitter @cmatutegonzalez

www.carlosmatute.mx