Las crisis económicas son feroces con el estudio y la reflexión. Son las primeras actividades que se afectan con los recortes presupuestales. El resultado de la inversión en conocimiento es lento y muchas veces intangible y por ello se convierte en la primera bolsa que los gobiernos con poca visión de futuro vacían.

¿Para que sirve la investigación? Esta pregunta en una sociedad del conocimiento parecería inútil, pero hay que hacerla en circunstancias críticas en las que la generación y la transmisión del saber especializado parece ser algo superfluo “fifi” como si fuera una torre de marfil alejada de los intereses del pueblo sabio y bueno o del activismo social y político.

El estudio en centros especializados en nuestro país es un semillero para buenos servidores públicos como el gabinete actual en el que varios de sus integrantes son egresados de distintos programas de El Colegio de México, empezando por los titulares de las Secretarias de Hacienda y Crédito Público, Economía y Relaciones Exteriores. También, son de los principales aportantes de investigadores tres del Sistema Nacional y de las revistas de divulgación de conocimiento científico en las que estudian las personas vinculadas o que se vincularán directa o indirectamente con el sector público.

La autonomía en su labor científica permite crear polos de conocimiento no subordinados a los dictados del poder (gubernamental, partidista o empresarial) y son semillero de apoyo y crítica a las políticas públicas que las enriquece y genera en el mediano y largo plazo mejores soluciones a los problemas político-sociales.

En ese sentido, el recorte presupuestal aplicado a raja tabla por la crisis sanitaria afecta las labores de investigación, cuyos efectos negativos se reflejarán en el mediano y largo plazos. Este genera incentivos negativos para integrarse a estas tareas a las nuevas generaciones y dificulta los procesos de enseñanza y búsqueda de conocimiento más preciso y aplicable a una realidad en evolución permanente.

En las circunstancias actuales, cualquier tropiezo u obstáculo en la reproducción y difusión del pensamiento crítico rezaga a las comunidades científicas con respecto al resto del mundo y eso afecta a la integración económica, política, social y cultural. En el largo plazo, quienes más resienten este atraso, paradójicamente, son los grupos más marginados.

Los centros públicos de investigación están integrados a los mercados, pero con la autonomía que les proporciona el financiamiento público y no dependen de quienes por definición mandan en la economía, que son los agentes que concentran el capital. Así los miembros del sistema nacional de investigadores, que en su mayoría provienen de instituciones públicas, introducen una visión más integral de los problemas que supera la lógica fría y cruel del dinero y la dan un sentido social y más humano al conocimiento.

La vulneración de la actividad de investigación independiente del poder político y económico favorece a que los más fuertes en el mercado se impongan. La estrategia de matar de inanición financiera a los centros de estudios públicos o de las instituciones que han demostrado durante décadas de ser colaborares cercanos a las instituciones estatales en la difusión del conocimiento -como el INAP- es un error estratégico.

Otra equivocación es imponer un sesgo ideológico a la investigación y si los recortes tuvieran esa finalidad para apretar a los no-alineados con el gobierno el efecto negativo se multiplicaría. La creación de conocimiento científico, su enseñanza y divulgación deben darse en la pluralidad de pensamiento para liberar su verdadero potencial. Ninguna actividad humana es neutral, toda tiene una orientación, y la amalgama de visiones es la que produce el avance científico y social.

Hay que reconocer que hay espacios de reflexión autónomos en la sociedad civil con esquemas transparentes de financiamiento que garantizan su independencia de pensamiento que sumados a los gubernamentales y semi-gubernamentales deben ser un motor permanentemente encendido aun en épocas de crisis como lo que padecemos.

En nuestro país, un porcentaje significativo de los investigadores del sistema nacional están adscritos a instituciones públicas. En esa misma proporción, por lo menos, será el daño que se ocasione a la generación y divulgación del conocimiento estos recortes indiscriminados. No hay que destruir todo lo que se ha hecho en los últimos años, ni hay que confundir la labor del activista social con la del investigador (basta recordar el fracaso de la gran revolución cultural china) como primer paso para fortalecer la estrategia de ciencia y tecnología en el país. Vale.

Secretario del INAP
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