Las reformas constitucionales en los últimos años han definido con claridad el mandato de que las candidaturas deban ser paritarias. Esto es, mitad hombres y mitad mujeres. Esto, además de la necesidad de integrar gabinetes paritarios, así como que esto se refleje en órganos colegiados que no son producto del voto popular.

Frente a esta situación, sabemos que a finales del año pasado fue un tema relevante el que los partidos postularán, en condiciones de paridad, las candidaturas a los gobiernos que estarán en las boletas este año.

El reto de la paridad se manifiesta de distintas maneras: para los partidos, en tanto no sólo deben postular mujeres, sino también deben apoyar y desarrollar liderazgos femeninos, así como apoyarles debidamente en campaña tanto con la estructura como con el financiamiento, y espacios en promocionales de radio y televisión.

Para las autoridades administrativas electorales, porque en sus campañas de promoción al voto deben enfatizar que los cargos de elección son tanto para mujeres como para hombres. Por ejemplo, no es lo mismo decir que se va a “elegir gobernador del estado”, lo que parece llevar un subtexto de que se trata de un cargo esencialmente masculino; que hablar de la elección de la gubernatura del estado.

El lenguaje tiene un efecto en cómo nos representamos (y construimos) la realidad. Su fuerza evocativa es mucha.

¿Cuál es el panorama del que partimos?

La lista nominal, esto es, la ciudadanía que tiene credencial para votar vigente y que podrá votar en las elecciones de este año, se compone de aproximadamente un 48% de hombres y un 52% de mujeres. No hay duda, la mayoría del cuerpo electoral es femenino.

Del total de gobernantes, tomando en cuenta la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, sólo dos son mujeres.

Las elecciones de 2018 arrojaron que el 49% de los escaños del Senado fueran ganados o asignados a mujeres, con un 48% en el caso de la Cámara de Diputados. Un promedio muy similar se tiene en las Legislaturas locales.

Hasta ahí, parecería que el gran reto se encuentra en las elecciones de gubernaturas, y por eso se entiende la importancia de la decisión de postular paritariamente para esos cargos. Sin embargo, debemos recordar que eso no implica que la mitad o la mayoría de las jefaturas locales vayan a ser ganadas por mujeres, pues esto dependerá de la decisión de la ciudadanía.

Sin embargo, un reto mayúsculo y poco visto se encuentra en el espacio municipal: con datos de 2020, de 2043 municipios y alcaldías que eligen a sus ayuntamientos conforme el sistema electoral común (esto es, que no recurren a sistemas normativos, tal como sucede con los municipios indígenas), 1504 son encabezados por hombres, y 539 por mujeres.

Esa es la disparidad en la base del gobierno de nuestra república.

Usted podría pensar que no es tan relevante, siempre que se garantice que dentro de los ayuntamientos, que son órganos colegiados, se garantice la paridad. O incluso, que esto es producto del voto popular, y que mientras exista la seguridad de que las postulaciones hayan sido paritarias, lo demás no es problema.

Debemos reconocer que, si bien los ayuntamientos o alcaldías son órganos colegiados, su titular tiene un peso político y simbólico que no tienen las y los demás integrantes. No es lo mismo ser Presidente Municipal que Regidora o Concejala.

Sin embargo, valdría la pena reflexionar sobre varios aspectos. Primero, sobre la calidad de las postulaciones; esto es, si los partidos proponen en los municipios de mayor población e importancia económica, candidaturas femeninas. Esto no es menor, porque gobernar un lugar con peso poblacional y económico, representa la posibilidad de proyectar una carrera política hacia otros puestos de elección popular.

Segundo, la forma en que los partidos apoyan las candidaturas femeninas. Cada fuerza política recibe financiamiento para sus campañas, pero la manera en que distribuye los dineros entre cada postulación, es una decisión interna; si bien la democracia no puede ser un asunto de dinero, la realidad es que contar con el mismo permite acceder a una presencia más amplia y posiblemente de mayor efectividad en la ciudadanía.

Tercero, el apoyo estructural a las postulaciones de las mujeres. Cada partido tiene representantes en los órganos electorales, cuenta con estructuras de apoyo y defensa del voto, áreas de comunicación social, etc.; la pregunta es, ¿Cómo se utilizan para apoyar a las campañas municipales femeninas?

Además, ¿qué tanto estamos votando en México por mujeres? Desde ese espacio más inmediato que es el gobierno de nuestras comunidades; se lo pregunto a usted: cuando decide su voto, ¿qué piensa respecto de las candidaturas de mujeres?, ¿le parece que es necesario que accedan a puestos de poder?

Desde luego, la ciudadanía debe tener la última palabra acerca de quién quiere que la gobierne, y la función de las autoridades es proteger y respetar esa voluntad, pero claramente no hay un equilibrio en la representación política en los gobiernos más inmediatos con la ciudadanía.