“Si queremos transformar al Poder Judicial de la Federación y cumplir así los anhelos de justicia del pueblo de México debemos asegurarnos de que el órgano encargado de su instrumentación cuente con el tiempo suficiente y la continuidad necesarios para efectuar los cambios que la Constitución y las presentes leyes imponen”. Esta es la justificación que el Senador Bolaños-Cacho aduce en los considerandos de la reserva para adicionar un artículo transitorio en el decreto de las modificaciones legales de la reforma judicial aprobada este año.

Esta argumentación es un obús contra las instituciones y una clara personalización de la política y fue suficiente para convencer a la mayoría del Senado de aprobar la ampliación del nombramiento del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal por dos años, así como de los integrantes del CJF, que se aprobó el jueves 15 de abril, con el apoyo de Morena y el PRI, que no se dio cuenta de lo que votaba a favor, según Claudia Ruiz Massieu.

La reacción del CJF ante este hecho legislativo fue ignominiosa y canallesca y, en un comunicado escueto, difundió que era ajeno a la aprobación, afirmó desconocer la intención de la representación popular de proponer la ampliación del encargo, pero no se opuso, ni denunció la violación que implica al Estado de derecho que a un funcionario designado se le conceda mayor tiempo de mandato durante el ejercicio de su función. Sus cualidades personales como consejeros, incluyendo su presidente Zaldívar, y la necesidad de que ellos garanticen la TRANSFORMACIÓN del Poder Judicial de la Federación son suficientes para que se allanen a la aberración constitucional. ¿Quiénes son ellos para oponerse al poder legislativo? Además, están dispuestos a sacrificarse por el pueblo de México.

En la mañanera del viernes, el presidente avaló la ampliación del mandato de un hombre íntegro que debe encabezar la transformación del Poder Judicial, con esto se consumó la aprobación de este adefesio jurídico en la Cámara de Diputados, cuya mayoría ha demostrado su lealtad ciega al titular del Poder Ejecutivo.

Este es el segundo experimento para tantearle el agua a los camotes y deslizar la factibilidad que el pueblo sabio y bueno le exija a López Obrador que amplíe su mandato para garantizar la continuidad de los cambios de la autollamada 4a Transformación. El primero fue el intento de Bonilla de quedarse en la gobernatura de Baja California cuatro años más, fracasó y se detuvo en la Corte, a regañadientes de su actual presidente, que ahora es acreedor de un reconocimiento a su lealtad con más tiempo en el ejercicio del poder. Hay que recordar que la Ministra en retiro Sánchez Cordero, hoy Secretaria de Gobernación, avaló las intenciones de Bonilla y defendió la soberanía del pueblo bajacaliforniano para determinar sin ningún límite constitucional el periodo de encargo de su gobernador.

Esta misma semana, casualmente, el presidente López Obrador expresó, desde su púlpito, “me voy a ir tranquilo si me lo permite la gente” en 2024. Dio banderazo a un proceso de auscultación para su propio destino con afanes reeleccionistas.

Seguramente, a mediados del 2024, -sin que lo sepa nadie, ni haya participación alguna del líder- en un acto de espontaneidad política, como resultado de un clamor popular incontenible, el Senador Bolaños-Cacho u otro incondicional cualquiera propondrá la ampliación del mandato del tabasqueño, cacique de Macuspana.

Entonces, conmovido y consciente de que nadie más que él, íntegro y comprometido con el lado correcto de la historia, podría garantizar que los “profundos cambios constitucionales impulsados por la Cuarta Transformación” permanezcan e imitando al CJF emitirá un comunicado declarando que él desconocía el gran aprecio del pueblo de México por su persona y su obra y ante la insistencia popular debería sacrificarse, incluso poniendo en riesgo su salud, para completar su misión transformadora.

Todo lo que ocurrió en el Senado es un sainete. La redacción del artículo transitorio estaba aprobada por los dos presidentes beneficiados, el de la República y el de la Corte. Ambos ya habían acordado la estrategia del albazo legislativo, en la que, en el último momento, como una reserva al dictamen preaprobado, como un gesto espontáneo de un legislador de un partido satélite del gobierno, se considera a Záldivar y el resto de los consejeros indispensables para la transformación y el pueblo reclama sus servicios a través del Senado.

El culto al líder es el fondo de esta ampliación. Un líder que sólo lo es porque ha declarado su lealtad incondicional a López Obrador y la demostró con la declaratoria de constitucional de la consulta popular contra los expresidentes. Las instituciones no importan. Regresamos a la política del intercambio abierto y descarado de favores. Tu me apoyas, yo te gestionó dos años más en la Presidencia de la Corte, pero hay que mantener a raya a los jueces y magistrados para que no otorguen amparos que entorpezcan el avance de la transformación.

Socio director de Sideris, Consultoría Legal

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