Al interior de las Fuerzas Armadas y de la propia Secretaría de Seguridad ya ondean, oscuras y silenciosas, las señales del ocaso del plan que hace más de un año fue anunciado como la gran pieza estratégica de seguridad de la cuarta transformación y aunque Alfonso Durazo dice que son “ajustes al protocolo”, son más que sólo ajustes, más que protocolos y ni siquiera pasan por él.

El presidente López Obrador ha reconocido la existencia de una crisis en el país, en el Gabinete de Seguridad ha terminado por entender que la Guardia Nacional no avanza al ritmo esperado, que no podrá madurar en el plazo establecido, que no contará en años con el número de elementos civiles y la influencia pretendida y que, de no movilizar a otro tipo de tropas, tampoco en uno ni en cinco años habrá respuesta a la demanda social por seguridad.

No lo dirá —dicen los mandos militares sobre el Presidente—, pero ya ha autorizado al Ejército a realizar correcciones operativas y ajustes tácticos que incluyan la coordinación con agencias de Estados Unidos, pero que excluyan a algunos miembros e instancias del gobierno mexicano, tal y como le pidieron la cúpula del Ejército.

La designación de comandantes territoriales de la Guardia Nacional, todos militares, sin civiles ni marinos; la modificación de la estructura de la Guardia Nacional ya sin regiones, el reagrupamiento de unidades a la Policía Militar, el arrinconamiento de la Armada de México a los puertos y otra docena de ajustes que pasan por la Sedena pero no por su creador, el Secretario de Seguridad Ciudadana, son los primeras de muchos que se realizarán antes de cerrar el año y antes de que, en enero, un nuevo ataque golpee a la de por sí maltrecha Guardia Nacional.

Así, por primera vez sin presencia del Presidente, sin el ruido de las castañas ni el bombo y platillo con que la Defensa Nacional acostumbra realizar los eventos relacionados a la Guardia Nacional de la 4 T, fueron nombrados los comandantes territoriales de la GN para apoyar la seguridad del país, interactuar con autoridades estatales y municipales y establecer la comunicación y coordinación de mandos e información.

Casi siete meses después de creada, a cuatro de contar ya con reglamentos para operar y sin contar aún con presupuesto propio, la formalización de los mandos territoriales no fue, como se presentó en octubre del 2018, con base en un diagnóstico de las zonas más peligrosas del país derivado de los tipos de delitos, capacidad de fuerza y de reacción. No. La designación de mandos de la Guardia Nacional fue como lo propuso el Ejército y otros asesores desde el principio, como suele operar la Policía Federal y como se configura la seguridad pública y nacional desde siempre: por la lógica básica de la división territorial de entidades.

Así, ya no son 266 las regiones consideradas en un plan fantasioso que no logra siquiera reunir candidatos a guardias nacionales. Ya no son tampoco las 150 que, por los mismos motivos y falta de presupuesto e instalaciones, tuvo que prometer el Presidente para finales de este año. No, ya sólo son 31 y es que en la Ciudad de México acuerda directo con la comandancia del comandante Rodríguez Bucio.

Las propias expectativas de resultados se han tenido que ajustar. Ya no habrá mejor seguridad en diciembre ni en seis meses más como alguna vez lo anunció el presidente desde Veracruz, no. El mandatario ha pedido un nuevo plazo de un año más para mostrar cambios.

Ya no habrá Armada de México en el territorio interior, serán desplazados a los puertos, a pesar de sus históricos resultados, ahora será la coordinación con agencias estadunidenses que aportarán la seguridad satelital, la Inteligencia, la información clasificada y la que ellos deseen dar para sus propios intereses. Ya no hay urgencia por presupuesto propio de la Guardia Nacional para 2020, lo asumirá nuevamente la Secretaría de la Defensa para mantener un control propio y no compartido con la parte de la Secretaría civil.

Ya habrá combinación de unidades y agrupamientos tácticos entre la Guardia Nacional y la Policía Militar, porque los hechos en Culiacán mostraron la urgencia de reforzar las instalaciones sociales y familiares con vigilancia de la PM.

Ya se podrá considerar un área más operativa vinculada con las autoridades civiles en los estados con información de la Sedena y sin intermediación de la Secretaría de Seguridad, lo que obliga a preguntar a qué se dedicará ahora esta instancia y su titular.

Y sin duda, el elemento más inquietante de este ajuste silencioso al fracasado plan de seguridad, es la integración de “ayuda” desde Estados Unidos, los términos en que será solicitada por el Senado de la República, a decir del líder Ricardo Monreal, y si algún día, después de aceptarla, podremos darles las gracias.