“Si uno se para frente al proceso judicial del 68, con las categorías vigentes en esos años, se queda con una muy mala impresión de la forma en que se actuó en esos momentos de la vida nacional", aseguró José Ramón Cossío, miembro de El Colegio Nacional, al impartir la cátedra Biografía judicial del 68. El uso político del derecho contra el movimiento estudiantil

Durante las dos sesiones dedicadas al tema, el autor del libro Biografía judicial del 68. El uso político del derecho contra el movimiento estudiantil (Editorial Debate), reconoció la existencia de un conjunto de fallas que apoyaban la interpretación política detrás de los procesos judiciales que en su tiempo no pudieron ser descubiertas porque las formas jurídicas se ofrecieron correctamente: los escritos fueron presentados, los testimonios fueron tomados, los careos se realizaron.

“Desde un punto de vista formal no hay ningún problema y eso impide darse cuenta de lo que se construye abajo con las teorías conspirativas de La Habana, los informes del presidente o los informes que los distintos cuerpos de policía iban construyendo. Así, sí creo que hay una instrumentación de la justicia.”

Cossío, distinguido con el Premio de Investigación 1998 de la Academia Mexicana de las Ciencias, consideró que: “Si uno ve el expediente desde la distancia nos damos cuenta de que sí hay un uso político: el Estado mexicano utilizó los elementos que tenía a su mano, entre ellos el proceso judicial, de una forma deliberada para tratar de resolver aquellos fenómenos que se habían representado a sí mismos de una forma específica”, como fue catalogar el movimiento de conspiración comunista internacional.

El informe del presidente Gustavo Díaz Ordaz, que valoró al movimiento como una conspiración comunista, fue usado como eje central en las conclusiones del Ministerio Público, “lo que le da el signo político”, enfatizó el jurista. La justicia fue un instrumento del ejercicio del poder político para ordenar el fenómeno social que enfrentaban.

Luego de recapitular algunos antecedentes como la manera en que los informes fueron confeccionados por la Dirección Federal de Seguridad o por la policía secreta, el jurista analizó la forma en que dichos informes no se sostenían en el juzgado, desde el hecho que, durante el careo entre los procesados y los agentes, éstos no pudieron sostener los informes que ellos mismos firmaron: “Otra cosa que me llama la atención es que todos los informes recaen en cinco o seis agentes: desde julio hasta el 10 de octubre vieron todo, comprendieron, racionalizaron todo, pero en el careo se caen los informes y el juez no le da un valor a esas inconsistencias o lagunas”, especificó.

Uno de los elementos destacados por el colegiado fue que para ese momento, el Estado mexicano no tenía flexibilidad, no contaba con mecanismos de respuesta respecto de demandas sociales: “empieza con una idea de los comunistas bastante simplona y cuando se desarrolla el movimiento, no supo qué hacer con los estudiantes, qué hacer con los maestros, con las marchas”.

Cossío indicó que las peticiones del Movimiento Estudiantil no eran exigencias que pusieran en peligro al Estado: “Cuando había acontecimientos importantes en el país se detenía a los comunistas, como una especie de práctica y no sé si en el inicio pensaron que eso tendría la misma dimensión. No sé si después de eso, el proceso empieza a salirse de control. La detención de estos líderes, el avance de los procesos sociales, democráticos, que se van dando, comienzan a salirse de control y esto se ve muy bien con el pliego petitorio, que si uno lo ve ahora no son unas exigencias enormes: derogar el delito de disolución social, años después se hizo; o la desaparición del cuerpo de granaderos.”

Las dos sesiones que integraron la cátedra impartida el 9 y el 10 de febrero pasados por José Ramón Cossío, Biografía judicial del 68. El uso político del derecho contra el movimiento estudiantil, están disponibles en el Canal de YouTube de El Colegio Nacional: elcolegionacionalmx.