La nueva normalidad, junto con el desarrollo de la información, la comunicación, la tecnología y la ciencia (incluyendo el internet y las redes sociales), debe ser entendida más bien como un proceso de transición hacia nuevas realidades, donde el progreso nacional y local tienen, como una de sus premisas básicas, el acceso a todo proceso formativo, entre los que se encuentran, sin duda, la profesionalización del capital humano.

Así, la adquisición, por parte de las personas servidoras públicas, de herramientas, conocimientos, habilidades, actitudes y valores, resulta al extremo imprescindible para transitar a una nueva administración y gestión públicas, basadas en la planeación estratégica y operativa; en el acceso a la información y rendición de cuentas; en la adecuada utilización de las tecnologías de la información y comunicación, y, sobre todo, en la cercanía con la gente, a sus necesidades y problemáticas, para que el otorgamiento de bienes y servicios se realice con un alto sentido de la responsabilidad y espíritu de servicio.

En nuestro país, si bien este proceso debe operarse transversalmente en los tres órdenes de gobierno, resulta prioritario en el municipal por ser éste, en términos constitucionales, la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de nuestra forma de gobierno, además de que el servicio público municipal representa una labor de gran magnitud, ya que 295 municipios forman parte de las 55 zonas metropolitanas de mayor población del país, y en 276 se concentran poblaciones mayores a 15 mil habitantes, los que en su conjunto forman el llamado Sistema Urbano Nacional, donde habita el 66% de los mexicanos, y, que, en su mayoría, se encuentra en niveles medio a muy alto de marginación.

Así mismo, en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, realizado por el INEGI, las administraciones públicas municipales cuentan únicamente con 1 millón 021 mil 962 servidores públicos, de los cuales el 46 % se encuentra bajo el régimen de confianza y el 35% son de base o sindicalizados; de ellos, 45 mil 778 son titulares de las diversas áreas municipales.

Estos datos adquieren gran relevancia, ya que, en términos de operación gubernamental, los municipios son responsables de construir, acrecentar y garantizar el mantenimiento y la calidad de los servicios públicos; como parte de esa tarea, en la última década han ganado garantía constitucional de gobierno. Así mismo, como agentes activos de las políticas de desarrollo social, no sólo han incrementado sus ingresos, sino también su influencia en la orientación del gasto social.

Así, por su importancia y trascendencia, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) considera vital la profesionalización de las personas servidoras públicas municipales, implementando un programa dirigido a la adquisición de competencias antes y durante su desempeño para actuar “con el mayor nivel de eficiencia, eficacia y efectividad.”

Esta profesionalización, sin duda, deberá inscribirse en una política generadora de Valor Público, que, junto a una adecuada selección de personal, capacitación, evaluación del desempeño y diseño curricular, terminen con resabios del pasado, y fortalezca la calidad y calidez en el otorgamiento de bienes y servicios públicos, capaz de satisfacer a una ciudadanía cada vez más exigente, pero igualmente propositiva y corresponsable con una nueva administración pública municipal.