Javier Coello Trejo dejó de ser el abogado de Lozoya; fue sustituido por Miguel Ontiveros y Alejandro Rojas. Lozoya, se encontraba prófugo desde mayo de 2019, después de que la Fiscalía General de la República lo acusó de haber recibido sobornos de la firma brasileña Odebrecht y de la venta fraudulenta de la planta de fertilizantes ya mencionada.

En marzo de 2019, Pemex presentó una denuncia ante la FGR contra este exfuncionario; así procedió la Unidad de Inteligencia Financiera. Fue capturado en Málaga, España, el 12 de febrero de 2020; aceptó ser extraditado a México; llegó a nuestro país el 17 de julio de 2020 pero no pisó la cárcel; fue hospitalizado.

Optó por acogerse al “criterio de oportunidad” y declararse testigo colaborador según lo marca la Ley para Protección a Personas en su artículo segundo, fracciones IX y X. Vale decir, el testigo colaborador es aquella persona que habiendo sido miembro de algún grupo delictivo acepta voluntariamente prestar ayuda a la autoridad rindiendo testimonio o aportando pruebas para realizar pesquisas, procesar y sentenciar a los miembros de la banda criminal (“aparato organizado de poder”).

En el caso Odebrecht existe la confesión de Marcelo Odebrecht, propietario del consorcio, quien dio a conocer todas las operaciones de cohecho a funcionarios públicos que había realizado en tres continentes, especialmente, en once países de América Latina, incluyendo a México (DW, 19/11/2018).

Además, están los videos de las declaraciones de Luis Alberto Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht en México, que realizó ante la Procuraduría General de la República de Brasil el 16 de diciembre de 2016. En esos videos Meneses señala los “reconocimientos” (4 millones de dólares) que la empresa le entregó a Lozoya durante la campaña electoral de Peña Nieto por la Presidencia de la República en 2012, y luego de ser nombrado Director de Pemex a cambio de favorecer a la compañía brasileña con contratos (6 millones de dólares) (El Universal, 29/07/2020).

Es curioso y no carente de significado que hasta ahora México, junto con Venezuela, hubiesen sido los únicos países en donde no se hubiese aplicado la ley contra quienes habían sido implicados en las operaciones ilícitas realizadas por el consorcio brasileño. En Perú, por ejemplo, el expresidente Ollanta Humala estuvo nueve meses en prisión; el exmandatario Alejandro Toledo fue detenido en Estados Unidos el 16 de julio de 2019 con mandato de extradición; Pedro Pablo Kuczynski fue condenado a arresto domiciliario; el expresidente Alan García se suicidó cuando la policía se presentó en su domicilio para arrestarlo.

Como dice Roberto Rock L en su artículo “Lozoya contra EPN: ¿Maxiproceso o maxifarsa?” (El Universal, 19/07/2020): “La verdadera relevancia de la extradición de Lozoya Austin a México deberá estar radicada en la confirmación del flujo de sobornos hacia el primer círculo de Peña Nieto desde su campaña presidencial. Los superiores de Lozoya desde esa época fueron además de Peña mismo, Luis Videgaray, financiero de la campaña y luego dos veces secretario, de Hacienda y de Relaciones Exteriores.

“Un ciclo de señalamientos sobre actores de esa época, entre ellos legisladores, dirigentes de partidos o actuales gobernadores debe ser bienvenido si se sigue el mismo criterio: que a los dichos los sigan pruebas y testimonios irrefutables.

“Colombia, Brasil y España han dado ejemplo de cómo los llamados “maxiprocesos” sanean democracias completas.”

Si en verdad, como solicitó el abogado de Emilio Lozoya Austin, el acusado se acoge al “criterio de oportunidad”, se puede deshilvanar la madeja de complicidades y poner al descubierto la red de corrupción no sólo del sexenio pasado sino de sexenios anteriores. Efectivamente, puede dar pie a un “maxiproceso” inédito en la historia de nuestro país. Para eso se necesita pulcritud judicial y voluntad política.

Abundando respecto del concepto “maxiproceso” debo decir que su origen tiene que ver con la deposición hecha por Tommaso Buscetta (Pentito) miembro de la Cosa Nostra siciliana: Luego de ser capturado colaboró con la justicia durante la investigación coordinada por el juez Giovanni Falcone: sus revelaciones permitieron conocer la verdadera organización y estructura de la mafia siciliana.

El 10 de febrero de 1986 comenzó el Maxiprocesso de Palermo: fueron procesados 474 acusados; la sentencia final fue pronunciada el 16 de diciembre de 1987: 360 mafiosos fueron condenados.

Se pudo concluir que había una Comisión (Una Cúpula) encabezada por Michele Greco. Todas las acciones criminales y de corrupción estaban conectadas y coordinadas.

Twitter: @jfsantillan
Mail: jfsantillan@tec.mx