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Empresarios rechazan investigaciones a ganadores de licitaciones

"Las revisiones sólo traerían más burocracia", afirma Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Empresarios rechazan investigaciones a ganadores de licitaciones

Empresarios rechazan investigaciones a ganadores de licitaciones

La Crónica de Hoy / La Crónica de Hoy

Empresarios del país se expresaron en contra de la investigación financiera a las compañías ganadoras de licitaciones o contratos, como lo ventiló el presidente Andrés Manuel López Obrador en la búsqueda de sanear procesos de compra pública.

“Si por un lado hablamos de confianza ciudadana y por otro decimos que la única manera es con más revisiones, y ahora de la Unidad de Inteligencia Financiera, es incongruente”, dijo a Crónica Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria.

“No veo ningún problema para aquel empresario que cumpla con todas las reglas, no hay necesidad de ser investigados”, señaló a este diario Antonio del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN).

Por su parte, Claudia Jañez Sánchez, presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), refirió: “Hoy el perfil de una empresa establecida se puede corroborar en el registro público, y si paga impuestos los registros aparecen en el SAT, esa es entonces la manera de investigarla, ya es del dominio público”.

En días pasados, el jefe del Ejecutivo habló a Crónica de las medidas aplicadas por su gobierno para acabar con las corruptelas en las adquisiciones públicas, tras revelarse -conforme a un diagnóstico de la Oficialía Mayor de Hacienda- más de 50 mil oficinas propicias para sobornos durante el sexenio anterior.

“Ahora estamos revisando, en todos los casos se hacen las licitaciones y si ganan empresas, de todas maneras, Inteligencia Financiera: a ver, quiénes son, de dónde vienen, si se trata de empresas extranjeras, si están acusadas de malos manejos”, dijo AMLO, y a la par, invitó a los consorcios a exhibir a funcionarios inclinados al moche, a cambio de protección y otros beneficios.

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“Que vengan aquí y nos digan: ‘Tuve que mocharme para tener la obra’, los protegemos y le damos un premio, y siempre van a tener oportunidad de participar en licitaciones”.

Más allá de indagatorias financieras o bancarias, los inversionistas consultados por este diario coincidieron en transparentar los procesos de licitación o contratación, en establecer reglas claras y cumplirlas. Y, en contraste, sí respaldaron la propuesta presidencial de destapar tropelías.

“Estamos hablando de construir un país de gente confiable, si alguien gana una licitación o contrato la manera más fácil de conocerlo es que cumpla con lo establecido, si se pactó que la carretera iba a costar 30 mil millones, pues debe costar eso”, afirmó Salazar Lomelín, del CCE.

-¿No habría entonces necesidad de investigaciones financieras?

-No, lo único que se metería es más burocracia, incertidumbre, estar revise y revise y eso estamos tratando de evitar.

-¿Cómo ve lo de alentar y dar juego en licitaciones a quienes exhiban a funcionarios deshonestos?

-Eso sí se ha planteado antes en México, que los empresarios tengan confianza para hacerlo. ¿Por qué no lo hacen? Por temor, si se atreven y no tienen un respaldo adecuado, pues ya no vuelven a tener ninguna obra ni la posibilidad de ofrecer sus productos, por eso la importancia de la Ley de Confianza Ciudadana, hay que creérnosla, que todo debe basarse en la confianza.

En rechazo a pesquisas de la UIF, del Valle Perochena del CMN apuntó:

“Entre más transparencia haya es mejor, sobre todo en los procesos de licitación pública, las reglas deben estar completamente transparentadas, abiertas, para que todo mundo esté seguro que fue un proceso limpio y que ganó el que tenía el mejor precio y las mejores condiciones”.

-¿Y que las empresas sean investigadas?

-No, una cosa es ser investigadas y otra es estar abiertas a la información.

Sí apostó por “reconocer las buenas prácticas dentro de la industria, más que premiar. Siempre hemos hablado del mejor gobierno corporativo, basado en la transparencia y la apertura”.

En la misma sintonía, se expresó Jañez Sánchez, del CEEG: “Apoyamos reglas claras, marco jurídico sólido y estado de derecho en licitaciones, es así como debe reactivarse la inversión pública, no de otra manera”.

-¿Respaldaría ventilar a los corruptos?

-Eso de que nos pidan dinero en licitaciones, no está en nuestro pensamiento. Las empresas globales tenemos lineamientos anticorrupción muy firmes y ni siquiera participaríamos en algo así.

-¿Pero habría confianza en el presidente, un canal abierto para denunciarle moches?

-Sí, el presidente y su gabinete han tenido apertura, y ahora esperamos que eso mismo permee en los gobiernos estatales y municipales…

Arranca registro contra inspectores corruptos

Con la idea de aplicar la Ley de Confianza Ciudadana -de recién aprobación en el Congreso- y terminar con las supervisiones vinculadas a la corrupción, el gobierno federal anunció el arranque del padrón confianzaciudadana.gob.mx, al cual podrán inscribirse los empresarios interesados en acabar con los moches a inspectores.

El registro se limita al llenado de un formulario con tres campos de captura: nombre, razón social y domicilio; el resto de las preguntas, son voluntarias. Se firma un manifiesto basado en la buena fe y bajo protesta de decir la verdad, en el cual se asegura “cumplir con todas y cada una de las obligaciones fiscales y regulatorias”, y se adquiere el compromiso de continuar esas buenas prácticas.

A cambio, se recibe una constancia de registro, calificada como el “escudo contra la extorsión y las inspecciones indebidamente practicadas”.

Toda la Administración Pública Federal está obligada a suspender sus inspecciones con las excepciones establecidas en la propia ley en los ámbitos fiscal, de seguridad nacional, protección civil y riesgos sanitarios.

Las inspecciones en otros terrenos se ajustarán a un mecanismo de sorteo anual.

El objetivo es sumar al esquema a todos los gobiernos estatales. Por ahora, la CDMX firmó ya un convenio con la Federación para aplicar el mismo modelo, con base en su denominada Ley de Responsabilidad Social Mercantil.

ijsm