A medida que salen a la luz resultados esperanzadores de las vacunas contra la COVID-19, vemos cada vez más cerca la luz al final del túnel, sin percatarnos de las piedras que arrojan en el camino un número creciente de seguidores de las teorías conspirativas, como la que alerta que, a través de las agujas nos van a inyectar en el cuerpo un microchip creado por personajes “siniestros”, como Bill Gates, para dominar a la humanidad.

Lo triste, como alertó recientemente un estudio de la revista Science, es que estos falsos profetas, que diseminan sus mentiras casi sin censura en las redes sociales, están teniendo éxito, al punto de que el apoyo a la vacuna en EU se ha desplomado hasta quedar en un raquítico 51 por ciento.

Aunque no todos se tragaron teorías tan disparatadas como que la vacuna te vuelve homosexual, la inmensa mayoría se convenció con otro mantra populista: que el derecho de cada individuo a decidir libremente si se pone la vacuna, está por encima del derecho de un Estado a proteger a la población ante algo tan grave como una pandemia.

Y es aquí donde, por increíble que parezca, los Estados y los organismos supranacionales, empezando por la Organización Mundial de la Salud, están perdiendo la batalla del discurso y no están siendo capaces de silenciar, con la razón y la ciencia, el discurso apocalíptico, egoísta y mentiroso de los antivacunas.

Y lo mejor para ganar esta batalla contra la pandemia de antivacunas es exponer otras batallas similares ganadas por la razón de Estado y por el sentido común. Una de estas batallas se libró hace poco aquí, en México.

En junio de 2017, María Ignacia Chávez ingresó a su hija de cinco años por la puerta de urgencias de un hospital de Chihuahua. El diagnóstico fue devastador: leucemia linfoblástica aguda. La única posibilidad de salvar a la niña era transfusiones de sangre… pero sus padres se negaron, alegando su derecho a la libertad religiosa, pues los testigos de Jehová se oponen a las transfusiones.

Luego de escuchar a padres y médicos, la Subprocuraduría de Protección del menor de Chihuahua asumió la tutela de la niña para autorizar el tratamiento. Los padres presentaron un amparo y el 15 de agosto de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentenció que, si bien los padres tienen el derecho de tomar decisiones libres sobre sus hijos en temas salud y de educación religiosa, este derecho tiene como límite poner en riesgo sus vidas.

De hecho, la Ley General de Salud establece en su artículo 134 que las vacunas contra la tosferina, la difteria, el tétanos, la tuberculosis, la poliomielitis y el sarampión son obligatorias. Y añade lo siguiente: También serán obligatorias vacunas contra enfermedades transmisibles que en el futuro estime necesarias la Secretaría de Salud.

Por tanto, la pregunta es oportuna: ¿Cuántos millones de mexicanos habrían muerto si estas vacunas no hubiesen sido obligatorias? Desconozco la cifra, pero lo cierto es que, de haberse impuesto el derecho a la libertad individual tendríamos a cambio una tragedia humana incalculable.

El ejemplo más patente de la importancia de la vacuna es el de la viruela. En 1958, el viceministro de Salud de la URSS, Viktor Zhdanov, propuso a la Asamblea Mundial de la Salud una campaña global de vacunación, con leyes parejas para todos los países.

Se aprobó su propuesta y, en apenas 17 años, la humanidad logró erradicar la viruela. La última víctima —una niña de Bangladesh— se detectó en octubre de 1975. En los cien años anteriores, murieron más de 500 millones de personas en todo el mundo. Gracias a la vacuna, la OMS declaró erradicada la viruela en 1980.

Llegados a este punto, la cuestión no debería ser si se discute o no el derecho a vacunarse, como no se discute el derecho de un conductor a manejar borracho o a la velocidad que quiera (si los habitantes de la Ciudad de México no consideran el control del alcoholímetro y El Torito una medida represora del gobierno local es porque saben que así se han salvado miles de vidas).

Por tanto, el debate debería ser cómo debe actuar el gobierno para que se vacune a la población y no haya resistencia; para que el esfuerzo titánico de fabricar una vacuna y comprar millones de dosis no haya sido en vano.

Los dos primeros pasos son obvios: demostrar que la vacuna es eficaz y no tiene efectos secundarios adversos; y el segundo, alertar al que se niega de que está poniendo en peligro su vida, la de los que le rodean y, además, está impidiendo que se corte la cadena de contagios.

Y si esta maniobra de disuasión no es suficiente, recurrir entonces a medidas punitivas, como ocurre ya con la cartilla de vacunación, obligatoria para que los niños accedan a guarderías y clínicas.

En otros tiempos, la colaboración ciudadana permitió que muchas enfermedades fueran abatidas. En estos tiempos de las redes sociales conspiranoicas, el mundo es desgraciadamente menos solidario. Rompamos también con esta pandemia de idiotismo.

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