La semana que recién concluyó ha sido una de las peores en la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos desde la guerra de 1846-8. No dejemos que el buen talante de Marcelo Ebrard y sus equipos en la Ciudad de México y Washington, DC, nos engañe acerca de ese hecho. Nunca, desde aquella guerra de agresión, México había enfrentado una situación tan difícil y de tanta vulnerabilidad.

Al momento de redactar estas líneas todavía no se sabe si se logrará o no un acuerdo que impida la entrada en vigor de los aranceles que, de manera arbitraria, ha impuesto Trump a México y cuyas consecuencias son difíciles de prever para la economía mexicana, la de Estados Unidos y Canadá, y para los mercados globales. No es de sorprender que la cotización del peso frente al dólar haya sufrido y no es posible descartar que, como resultado de esta medida, la economía mexicana y la de EU se desaceleren.

Para evitar este desatino, México tomó medidas que debieron tomarse hace varios meses contra la organización Pueblo sin fronteras (PSF). Dos de sus líderes fueron arrestados y sus cuentas bancarias fueron intervenidas. A PSF ya la habían denunciado antes, entre otros, Alejandro Solalinde, el sacerdote católico responsable del albergue Hermanos en el Camino.

El trabajo de PSF es problemático no porque defienda a los migrantes. Eso lo han hecho Solalinde y otros desde hace tiempo. A mediados de enero, por ejemplo, Solalinde reveló la manera en que PSF recibía dinero para organizar las caravanas. Ya antes, a finales de 2018, Solalinde y los responsables de otros refugios para migrantes en las fronteras sur y norte de México, hacían ver que las caravanas ponían a los refugios en una situación insostenible.

Y no, no es sólo el problema de los recursos, que siempre agobia a quienes se dedican a ayudar a otros de manera filantrópica. Uno de los problemas que distintos directores de refugios hacían ver, era el de los efectos que las caravanas tenían en la percepción del problema y las soluciones a la migración.

El gobierno de EU no está exento de culpa. Las caravanas de finales de octubre del año pasado, sirvieron para los miedos de estadunidenses que, a pesar de la victoria de los demócratas en las elecciones del año pasado, votaron por candidatos republicanos para apoyar la política de mano dura de Trump.

Estados Unidos, en este sentido, podría cambiar la manera de procesar solicitudes de asilo. No hay nada que obligue a que las solicitudes de asilo se deban procesar en las fronteras de EU. Se podrían procesar en las embajadas y consulados de ese país y aceptarlas o rechazarlas ahí, sin generar las falsas expectativas que mueven a muchos a sumarse a las caravanas.

Pero las caravanas y los aranceles forman parte de un escenario más complejo orientado a facilitar la reelección de Donald Trump y eso es algo que los mexicanos debemos tener muy claro. Si los aranceles entran en vigor mañana lunes, poco podrá hacer el gobierno mexicano para compensar el golpe. La idea de buscar alternativas a los mercados de EU y Canadá, suena bonita, pero es muy difícil de concretar. Queda por ver qué hará el Congreso de EU en este asunto y, sobre todo, en el tema del desafuero de Trump.

Por lo pronto, incluso si ese desafuero ocurriera, lo que debe quedar claro es que el gobierno de EU ha decidido usar los aranceles como un arma política y ello tendrá consecuencias con cualquier negociación con el actual o con futuros gobiernos de ese país.

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