Opinión


En las vísperas del Primer Informe

En las vísperas del Primer Informe | La Crónica de Hoy

Las generaciones jóvenes (z y milenials) presenciarán por primera vez en su vida el “día del presidente”. No se iba a clase, ni se trabajaba. Me explico.

Desde la alternancia del poder en el año 2000, con algunos excesos de quienes ahora son parte de la comitiva que esparcen incienso al paso del presidente, el día del Informe al Congreso de la Unión se convirtió en un simple protocolo —la entrega por escrito— y luego, fuera del recinto legislativo, un mensaje a la Nación.

Hay que señalar que debe prevalecer la idea republicana, expresada por Muñoz Ledo en el tercer informe del presidente Zedillo en su carácter de líder de una Cámara de Diputados de oposición, de que aunque el titular del Poder Ejecutivo es un funcionario electo por la mayoría del Pueblo, los ciudadanos representados en el Congreso de la Unión valemos más que él porque en este órgano colegiado de representación política se reúne la pluralidad política —la mayoría y las minorías.

En el sistema autoritario del siglo pasado, la vida nacional se detenía un día para alabar los grandes logros del presidente con base en las cifras que sus colaboradores elaboraban y difundían con trompetas y fanfarrias. No existían los órganos constitucionales autónomos (Banco de México, INEGI y Coneval) que desde una perspectiva objetiva, profesional e independiente proporcionan a la sociedad, al gobierno y a los ciudadanos datos “duros confiables” de la evolución y estado de la economía, la demografía y el combate a la pobreza que permitieran medir correctamente los auténticos avances y rezagos en un año de gobierno.

En un ambiente de partido político hegemónico con un gobierno y una mayoría parlamentaria de la misma extracción ideológica, las minorías quedaban silenciadas ante la fuerza mediática del discurso presidencial y la propaganda.

El presidente desfilaba por las calles como un héroe que retorna triunfante de una guerra en carros descubiertos entre confeti y el júbilo del Pueblo. La escena más patética de ese comportamiento político fue en el tercer informe de gobierno de José López Portillo, cuya administración nos llevaría a la crisis moral y económica más profunda de los últimos cien años y que nos hundió en una década de estancamiento inflacionario y empobrecimiento.

Con independencia de los resultados de los primeros nueve meses de gobierno del presidente López Obrador, aprobado mayoritariamente, según la encuesta publicada por El Universal, hay temas que deben resolverse claramente para evitar el regreso a ese pasado autoritario, en que la hora y la agenda del país la dictaba la voluntad del presidente.

La ampliación del mandato del gobernador electo Bonilla en Baja California, de 2 a 5 años debe ser repudiada abiertamente desde la Presidencia de la República, tal vez sea oportuno en el mensaje político del informe, y no basta con una salida tangencial, como la firma de un compromiso de no reelección ante Notario Público, o una aparente indiferencia sobre el tema, alegando la autonomía de los estados.

La propuesta morenista de someter dicha ampliación a la consulta popular parece que es la parte final de un experimento en lo local para ver la oposición real a este tipo de violación al estado de derecho impulsada por una fuerza política mayoritaria y la tolerancia a la posibilidad de que cualquier funcionario federal proponga prorrogar su mandato bajo el alegato de que el Pueblo lo exige (La Crónica de hoy, 27-07-19).

El conflicto en la elección del presidente de la Cámara de Senadores, que concluyó con el desplazamiento del Senador Batres, que exhibe la subordinación de parte del Poder Legislativo a la voluntad del presidente, que se infiere de las declaraciones de los involucrados y de los trascendidos en la prensa, no desmentidos por la comunicación social del Palacio Nacional, que dan cuenta que hubo un “regaño” telefónico al Senador Monreal y al derrotado.

La revisión de la estrategia para enfrentar el “sabotaje” legal contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía que pretende basarse en la invocación de un interés nacional superior para eludir la suspensión definitiva decretada por los jueces de Distrito y continuar con los trabajos y estudios correspondientes (La Crónica de hoy, 24-08-19). 

La falta de sincronización de la promoción de políticas públicas con los tiempos legislativos y evitar que se presente una reforma en proceso, como la desaparición del seguro popular, como algo ya aprobado por el Congreso de la Unión, con lo que se cuestiona su autonomía y se subordina a los deseos presidenciales.

Los mexicanos queremos gobiernos eficientes, que cumplan sus compromisos y rindan resultados. Ésa es la naturaleza del informa anual del presidente, quien presenta su gestión a la evaluación política y, en una democracia, se somete al debate y a la consecuente crítica, dentro y fuera del Congreso de la Unión, para afianzar el rumbo o corregirlo, según sea el caso.

Sin embargo, el retorno al “día del presidente” sería los prolegómenos de un regreso al autoritarismo. Es necesario que el presidente fije posturas claras en varios temas y explique o reconsidere algunas de sus declaraciones. El Informe es una buena oportunidad.

 

 

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