México se ha convertido en un país letal para los defensores y activistas del Medio ambiente, pues tan solo en los últimos 18 meses se han registrados 35 asesinatos en contra de ellos.

Solo estamos por debajo de Colombia en cuanto a agresiones y asesinatos en contra de ambientalistas y a pesar de esta situación, el panorama luce sombrío para este sector pues no se observa un interés del gobierno mexicano para brindar mecanismos de protección jurídica para este sector que enfrenta agresiones de empresas, del mismo Estado o gobiernos y hasta el crimen organizado.

Ejemplo de ello es que el gobierno mexicano no ha ratificado el Acuerdo de Escazú, un pacto jurídicamente vinculante para los países de América Latina y el Caribe en materia de justicia y asuntos ambientales que busca establecer una política integral y eficaz para la protección efectiva de las personas defensoras ambientales y la prevención de las agresiones.

Ese acuerdo el 27 de septiembre del 2018, por el gobierno pasado, Sin embargo, desde entonces no ha sido ratificado por el gobierno mexicano, con lo cual ha quedado pendiente la generación y actualización de mecanismos legales para la protección de los defensores del Medio ambiente, advierte una investigación del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado.

En lo que va de la actual administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador se han registrado 15 defensores ambientales asesinados, mientras que el año fueron pasado 21 defensores activistas ambientales ejecutados y se presentaron 49 ataques en su contra.

De 2010 al 2018, al menos 440 defensores del medio ambiente fueron agredidos lo mismo por de empresas, autoridades estatales o hasta el crimen organizado advierte el Quinto informe de la situación de violencia y agresiones de los defensores de medio ambiente en México, elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

Con ese escenario, México continúa siendo un país muy peligroso para las personas defensoras de la tierra, medio ambiente y del territorio, pues siguen siendo víctimas de agresiones como el homicidio, la criminalización, las amenazas y las intimidaciones, entre otras acciones.

De hecho el año pasado se mantuvo la tendencia letal del 2017 cuando México fue incluido en el cuarto lugar del mundo donde se han producido más asesinatos de personas defensoras del medio ambiente, según dicho informe

MÉXICO, ENTRE LOS MÁS PELIGROSOS PARA AMBIENTALISTAS. De acuerdo al estudio “El Acuerdo de Escazú, una herramienta para la democracia ambiental", realizada por el IBD,  por primera vez se reconoce en un ordenamiento internacional disposiciones orientadas específicamente a la protección y defensa de activistas ambientales.

Ello cobra especial relevancia, dado que la región latinoamericana es de las más peligrosas para las personas defensoras del medio ambiente.

De acuerdo a la organización internacional Global Witness, prácticamente 60% de los asesinatos registrados de activistas ambientales en el mundo durante el año 2017 sucedieron en América Latina, particularmente en Brasil, Colombia, México, Perú, Honduras y Nicaragua.

En México, de acuerdo con datos de la Centro Mexicano de Derecho Ambiental, tan solo en el año 2018, se registraron 49 agresiones registradas contra activistas ambientales, de las cuales 21 correspondieron a asesinatos.

Con el Acuerdo de Escazú, según la investigación del IBD, México estaría obligado a implementar medidas adecuadas y efectivas para proteger los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, así como para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones en contra de este tipo de activistas.

El estudio titulado “El Acuerdo de Escazú, una herramienta para la democracia ambiental”, elaborado por el investigador Itzkuauhtli Zamora Saenz, apunta que, en el marco del desarrollo sostenible, cobra importancia la democracia ambiental, la cual enfatiza los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en materia ambiental, con la finalidad de incluir en la toma de decisiones a todas las personas que potencialmente sean afectadas por la misma debido a la alteración del medio biofísico del territorio, ya sea por la contaminación, el aprovechamiento de recursos naturales, el peligro en el que se ponga la pervivencia de ecosistemas y otras especies, por mencionar algunos posibles efectos.

El investigador indica que desde el año 2012, diversos países latinoamericanos y del Caribe acordaron elaborar un acuerdo regional que hiciera operativos los derechos de acceso previamente señalados y contemplados en el Principio 10 de la Declaración de Río para garantizar el cumplimiento de tales derechos asociados a la democracia ambiental, dando como resultado el Acuerdo de Escazú, el cual fue firmado por nuestro país en esa ciudad de Costa Rica el 27 de septiembre de 2018.

De los ataques que se tiene registro, contra defensores del Medio Ambiente en México, el 89 por ciento fue dirigido a personas, en menor medida a organizaciones y a comunidades.

Los tres principales delitos fueron homicidio, en 25 por ciento de los casos, seguida por la criminalización, con 19 por ciento, amenazas 17 por ciento, agresión física 17 por ciento e intimidación 11 por ciento, según Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales, elaborado por quinto año consecutivo por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA).

Destacó que el Estado es uno de los principales agresores, señalado en 36 por ciento de los casos, pero hay un alto porcentaje donde no son identificados. En 8 por ciento se responsabiliza a personal relacionado con las empresas y al crimen organizado en 4 por ciento. Entre los recursos naturales en disputa en estas agresiones, la tierra y territorio hay 70, mientras el agua 15 por ciento.

Advierte que hay una posible colusión entre personal de empresas y del sector estatal. Entre enero y diciembre el homicidio escaló, ya que en 2017 se observaba que se presentaban más amenazas, pero un año después fueron más asesinatos.

Por entidades Puebla fue la entidad en la que el año pasado se registró el mayor número de casos con ocho, seguida por Oaxaca y Chihuahua, con seis.

El mayor número de ataques, nueve, estuvieron relacionados con proyectos de infraestructura, ocho fueron por despojo de tierra y territorio, a la vez que hubo otros ocho relacionados con proyectos hidroeléctricos.