Los celulares de muchachas asesinadas en Barrio 18, Xochimilco, serán por fin analizados para determinar la liga entre todos estos casos que, hasta ahora, la Procuraduría capitalina ha “investigado” por separado. Y las comillas en el término “investigado” se deben a que la actuación de la autoridad que debe procurar justicia tomó indagatorias que han hecho familiares de las víctimas, porque las suyas eran, sencillamente, inexistentes.

Para las familias no hay duda: la coincidencia que se encontrará en las llamadas y ubicaciones de los celulares conducirá a los jóvenes (espacialmente a una chica) que actúa como enganchadora para convertir a la juventud del barrio en burros de la droga (los que la cargan y realizan la venta final) y muy probablemente a una red de trata de jovencitas que se habría anidado en Barrio 18 y explicaría la muerte de Leslye Hernández y de Daniela Ramírez.

Barrio 18 es una zona que fue alguna vez parte del Xochimilco tradicional y hoy es una triste conurbación abandonada por la policía, en la que se han perdido, por asesinato o por desaparición, seis muchachos en unos pocos meses.

La trama, como en muchos de estos casos, pasa por habitantes que han proporcionado sedes a los distribuidores de droga y a los tratantes de blancas, para que los adolescentes se reúnan, sean cooptados e incluso convivan en sus ratos libres entre un “trabajo” y otro. A esos puntos es a donde guiará el análisis de los teléfonos.

Las dos colonias implicadas en esto, La Cebada y el propio Barrio 18, han optado por callar y las denuncias sólo comenzaron a hacerse ante las autoridades competentes cuando varios muchachos perdieron la vida.

El viernes pasado, mientras se gestaba la violencia callejera en las manifestaciones feministas, familiares de las víctimas de Barrio 18 (menores de 19 años en su mayoría), fueron recibidos por subprocuradores capitalinos. Se revisaron expedientes y realizaron diferentes peticiones, desde que la Guardia Nacional entre ya a Barrio 18, hasta la solicitud de que el MP actúe con diligencia (dejó perder videos de videovigilancia al no solicitarlos antes de que fuesen borrados).

Luego, una vieja petición realizada en marzo por fin fue ordenada: analizar los teléfonos de los jóvenes desaparecidos o muertos como un mismo caso y no como asuntos aislados.