"Hoy no tenemos una homologación de criterios para autorizar los servicios de una empresa de seguridad privada, no tenemos un verdadero censo a nivel nacional de cuántas empresas y cuantos elementos son los que verdaderamente prestan servicios de seguridad privada y esto recae en un marco normativo que debe modificarse", señala Raúl Sapién Santos, presidente nacional del Consejo de Seguridad Privada, organismo que hace veintitrés años fue pionero y trabajó codo a codo junto con otras organizaciones, para la creación de la Ley Federal de Seguridad Privada.

Afirma, en entrevista con Crónica, que hoy en día esta ley se encuentra rebasada, debido a la falta de homologación entre los marcos normativos estatales y municipales, siendo necesaria la existencia de una ley de carácter general, es decir, que todas las autoridades deban respetar por igual sin importar el orden de gobierno al que pertenezcan.

“Las normas, las leyes y los reglamentos tienen que actualizarse a las necesidades económicas y sociales por las que va atravesando el país y hoy la Ley Federal de seguridad privada (que deben acatar sólo las autoridades federales) ya ha sido rebasada, lo mismo que las leyes estatales y municipales”, denuncia.

El resultado, asegura, es un alto grado de ineficiencia, así como el entorpecimiento en el desarrollo sano de las actividades de los cuerpos de seguridad privada: lo que se está propiciando, asegura Sapién es la existencia de empresas semoiclandestinas, que están fuera de la ley debido a que no cumplen con los estándares necesarios para su operación.

Al día de hoy no se conoce el número y nombre exacto de los elementos de seguridad privada activos en la capital ni a nivel nacional; son personas que portan armas y pueden ser fácilmente confundidas con el crimen organizado. Se supone que  deben contar con su identificación y papeleo. “El sector puede estar sobrerregulado y lo que hacen muchas empresas, al no poder cumplir con los estándares que establecen las diferentes legislaciones que existen, se disfrazan a efecto de aparentar que no son seguridad privada: se disfrazan y no llevan uniformes para ser identificables, no llevan unidades rotuladas y trabajan en la clandestinidad”, añade el Presidente Nacional del Consejo de Seguridad Privada.

Pero ése no es el único problema, señala el líder de los empresarios del sector, pues a partir de reglamentaciones duras, como en la capital, los elementos de seguridad privada que sí están con todo el papeleo en orden, se ven en dificultades ante la policía pública. Derivado de esta problemática, Sapién Santos revela que en las últimas semanas se han reportado varias detenciones ilegales y extorsiones, por parte de policías estatales hacia escoltas de seguridad privada contratados por particulares.

Las detenciones mencionadas se han efectuado durante del operativos como el Rubik, que es implementado en la Ciudad de México, en colonias como Polanco, Del Valle y en las zona aledaña a Periférico Sur.

Los vehículos particulares conducidos por escoltas particulares son detenidos en estos retenes, donde se les solicitan la licencia que acredita la legítima portación de armas de cargo. Al ser entregado el permiso para su revisión y tras una supuesta llamada a la Defensa Nacional, los documentos son  rechazados remitiendo inmediatamente a los elementos de seguridad al Ministerio Público.

“No es aceptable que por un lado tengamos un problema enorme de violencia, secuestro, asaltos y extorsión en la Ciudad de México y por otro lado la policía capitalina enfoque sus baterías en realizar retenes, que en algunos casos afectan a personas que sí están trabajando y esforzándose para sacar al país adelante. Los elementos de seguridad pública deberían de servir a los ciudadanos en lugar de estar haciendo detenciones ilegales o incluso extorsiones” comenta Sapién Santos.

AGRESIONES PRIVADAS. En las últimas semanas en la capital y en el Estado de México se han suscitado episodios de agresiones por parte de personal de seguridad de bares y antros, como el caso de Daniela, que Crónica dio a conocer, en el que la joven de 21 años fue agredida y golpeada por elementos de seguridad pertenecientes a un bar ubicado en el estado de México o el del joven que perdió la vida en la Zona Rosa.

Otro tipo de agresiones, menos graves, pero más constantes, se registran en barecillos como l9os de la Zona Rosa, donde los presuntos guardias de seguridad  privada, sin uniforme, son muchas veces quienes obligan a los jóvenes a pagar cuentas que, alegan ellos, tienen cobros indebidos.

Referente al tema Raúl Sapién Santos, remarcó la importancia de la capacitación de los elementos que se encargan de brindar seguridad en centros nocturnos y bares.

En muchas ocasiones, señal; son contratados dejando de lado la importancia de contar con elementos especializados y formados por alguna empresa de seguridad privada seria,

“Desgraciadamente el dueño del antro o del bar simplemente dice, mides más de 1.80, estás fuerte, tienes cara de malo, ponte de seguridad privada en la entrada y en el interior, entonces lo que pasa es que estas personas carecen, justamente, de capacitación en protocolos de actuación, no tienen conocimientos en temas de primeros auxilios, uso adecuado de la fuerza ni sensibilidad para tratar este tipo de problemas”, finaliza el empresario.