El engranaje de corrupción que el Consejo de la Judicatura está atacando al interior del Poder Judicial incluye acumulación de recursos económicos inexplicables de quien declaraba que sólo recibía ingresos de su trabajo. El sector inmobiliario podría explicarlos pues, además de la casa en el Pedregal que el magistrado puso a nombre de sus hijos para no manifestarla en su declaración patrimonial, hay otras transacciones de rendimientos increíbles: compra de un terreno en poco más de 3 millones de pesos que luego eran vendido en 12 y que después era convertido en 6 departamentos de 10 millones de pesos la unidad.

Los puntos de operación incluyeron, al menos, la Ciudad de México, Morelos y la Península de Yucatán y la modalidad inmobiliaria preferida para ejecutar todo esto era la nuda, es decir, un mecanismo legal en el que el usuario del bien es un particular o empresa, pero cuyos beneficios económicos derivados de venta, hipotecas o cualquier otro movimiento los recibe una segunda persona.

Así, la propiedad no aparecía en declaraciones patrimoniales, pues oficialmente eran de familiares o incluso personas físicas ajenas al magistrado, hoy señalado de ser el eje de rotación de una complicada maquinaria de corrupción.

La inserción de familiares en el proceso también fue común e incluso, aunque hay antecedentes de que éstos trabajaron en el poder judicial, señalaron algo diferente ante notario público.

El círculo de la corrupción se completaba con los tribunales mismos, al estar en capacidad de influir en temas inmobiliarios desde la magistratura directamente, o a través de familiares o allegados también insertos en el poder judicial. Las decisiones judiciales podían influir en el valor de las propiedades adquiridas.

En particular, en Mérida y en el poniente de la Ciudad de México esto parece explicar operaciones privadas increíblemente lucrativas.

La compra de un lote en el Poniente de la Ciudad por algo más de tres millones de pesos habría reportado 12 millones por su venta cuatro años después. Oficialmente el primer movimiento se hizo mediante un crédito bancario, pero éste fue pagado en su totalidad un año después, así que los 12 millones se recibieron íntegros.

Movimientos similares están siendo revisados por el Consejo de la Judicatura en Cuernavaca, Morelos.