Ni siquiera el horror ante la inhumana matanza en Bavispe consiguió que el presidente López Obrador condenara a los criminales. A quienes no se suman al coro de adulaciones que le han construido sus allegados, el presidente los descalifica. La prensa, singularmente, es destinataria de cotidianas desacreditaciones. A los delincuentes que perpetran crímenes como el que diezmó a la familia LeBarón, el presidente López Obrador no los cuestiona.

La mañana del 5 de noviembre, horas después del ­terrible asesinato de seis niños y tres mujeres, el presidente inició su conferencia de prensa ofreciendo un pésame a los familiares de las víctimas. Pero de los asesinos, no dijo una sola palabra. La sevicia y la cobardía de los desdichados que acribillaron y quemaron vivos a esos inocentes niños y a las tres señoras —y que además hirieron a seis menores más— no suscitaron indignación alguna en el presidente, al menos a juzgar por sus palabras de ése y los siguientes días.

En todo el mundo, y en todo México, la cólera y el espanto ante ese crimen levantaron una oleada de irritación y tristeza. Por supuesto una retahíla de adjetivos no resolvería la pena de la familia LeBarón, pero sería un indicador del ánimo del presidente ante el desafío del crimen organizado. López Obrador se comprometió a detener a los culpables y a que se haga justicia. Pero la única apreciación que hizo sobre ellos, ya en la conferencia del 6 de noviembre, fue para señalar atenuantes a ese crimen.

Para el presidente, la causa de hechos tan repugnantes como el de Bavispe es el consumo de drogas. “Los que cometen estos actos de crímenes, de asesinatos, por lo general son gentes drogadas. Eso está probado”. La incultura de la violencia, la disponibilidad de armas, la corrupción de cuerpos policiacos, la impunidad cada vez más extendida, las enormes sumas de dinero que recibe la delincuencia organizada, entre otros factores, no son reconocidas por el presidente como causas de esa barbarie.

Para López Obrador, “cuando están en la acción, en los enfrentamientos, la mayoría drogados, o sea, en una enajenación, una situación irracional completamente. Eso está probado”. Ese diagnóstico es por lo menos muy insuficiente e incluso podría servir para disminuir la responsabilidad de los asesinos. La enajenación y la irracionalidad de los criminales ocurren en contextos favorecidos por la inacción de la justicia. Más allá de las sustancias que consuman, los asesinos tienen que ser sancionados con la mayor severidad. Por otra parte, el consumo de drogas no conduce por sí solo a cometer actos criminales. Identificar la adicción a drogas con la comisión de asesinatos es una actitud prejuiciada, conservadora, e inhibe algunas de las decisiones que hacen falta para enfrentar a los narcotraficantes —entre otras, discutir con seriedad la pertinencia de liberalizar la producción y la distribución de algunas drogas.

El recato del presidente frente a los criminales contrasta con la cólera que lo acomete cuando se refiere a los periodistas y los medios, o a instituciones que no se han subordinado a los puntos de vista del gobierno. Con esa mezcla de expresiones dicharacheras y recriminaciones pícaras que suele utilizar, el presidente les ha dicho “perros”, fifís, “conservadores”, “hampones”, “corruptos”, “mentirosos” entre otras lindezas, y ha proclamado que le quitó el bozal a los informadores que lo incomodan. Con el mismo desparpajo, cuando una periodista que formó parte de una misión internacional que vino a evaluar la situación de la prensa le pidió que se comprometa a no emplear expresiones que estigmaticen a los profesionales de la información, López Obrador contestó “nunca he utilizado un lenguaje que estigmatice a los periodistas”. A esa inverosímil negación de sus propios dichos, siguió una significativa explicación, alusiva a los periodistas: “Siempre los he respetado a todos, no los veo yo como enemigos, sino como adversarios”.

A fuerza de hablar y hablar, todos los días y sobre tantas cosas, el presidente extravía y erosiona el significado de las palabras. Quizá se confunde en los vocablos que elige. Pero tratándose de un personaje con tanto poder y cuyos dichos alcanzan tanta influencia, lo que dice hay que tomarlo en serio aunque en sus dichos haya tantos despropósitos. Cuando López Obrador asegura que los periodistas no son enemigos sino adversarios suyos, confirma la agresividad y el desprecio con que los trata. Adversario es una “persona contraria o enemiga”, indica el Diccionario de la Academia.  El presidente no reconoce la existencia de interlocutores, es decir, de otros actores de la vida pública con los que pudiera dialogar. La independencia de los otros le irrita porque no quiere interlocuciones sino sumisiones.

Por eso el presidente despotrica con tanta insensatez contra los organismos autónomos que han sido consecuencia y a la vez garantes de nuestra democracia. Los reproches que dirige a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos son resultado de la ignorancia o de la mala fe pero, en todo caso, es absolutamente falso decir que ese organismo “nunca vio nada sobre las violaciones graves de los derechos humanos”. Centenares de resoluciones y recomendaciones, algunas de las investigaciones más profesionales y extensas que se han realizado en la historia mexicana, así como una perseverante tarea de explicación, difusión, capacitación y denuncia, han sido sostenidas durante casi toda la trayectoria de la CNDH y muy especialmente en los últimos cinco años.

Bajo la presidencia de Luis Raúl González Pérez la CNDH ha tenido un desempeño acucioso y de cara a la sociedad. No hay asunto relevante, en ese campo, que la Comisión no haya atendido. Sus recomendaciones han incomodado a todos los presidentes cuyos gobiernos ha fiscalizado. Sin embargo ningún presidente priista, ni panista, tuvo el desdén que López Obrador ha manifestado ante el trabajo de la CNDH.

La Comisión que presentó, entre muchos otros, el informe más completo que se haya realizado sobre el asesinato de los estudiantes de Ayotzinapa, también se interesó en violaciones a los derechos humanos durante el gobierno actual. La cancelación de las estancias infantiles fue uno de los temas que la confrontaron con la administración de López Obrador. Al presidente le disgustaron las recomendaciones que resultaron de ése y otros estudios. Pero no tiene elementos —al contrario— para decir, como afirmó el 6 de noviembre: “Nosotros hasta con esta Comisión de Derechos Humanos nunca hemos recibido una queja o una resolución, una recomendación de derechos humanos, de violación a derechos humanos, en el tiempo que llevamos. Y no es sólo porque sea nuestro deber político respetar los derechos, es una convicción, no nos vamos a negar a nosotros mismos”.

Si se niega a sí mismo es asunto suyo. El problema es que el presidente López Obrador, simple y evidentemente, niega la verdad. ¿Cómo puede afirmar que no recibió recomendaciones críticas de la CNDH cuando él mismo las ha descalificado y ha dispuesto que funcionarios a sus órdenes las contradigan y desatiendan?

En esas condiciones, cada reproche de López Obrador a la CNDH ha sido un reconocimiento al trabajo encabezado por Luis Raúl González Pérez. El actual presidente de la República no quiere comprender la importancia que tienen las recomendaciones de una Comisión autónoma, comprometida con la defensa de los derechos humanos y no con el gobierno en turno.

El maestro González Pérez ha cumplido con sus responsabilidades de manera ejemplar y, cuando ha hecho falta, con valentía. Lo sucederá, por antojo del presidente y en una penosa muestra de subordinación del Senado, la señora Rosario Piedra Ibarra cuyo mérito es haber padecido la desaparición de su hermano hace 45 años. El sufrimiento de esa activista, y de su familia, no son atributos suficientes para conducir una institución con las dimensiones y la relevancia de la CNDH. Al imponer a la señora Piedra, incluso con un procedimiento irregular en el Senado, el gobierno y su partido acaban con la independencia y muy posiblemente con la actividad especializada y escrupulosa (ojalá nos equivoquemos) de la CNDH.

Ahora van tras el Instituto Nacional Electoral. El presidente y Morena no entienden que gracias a esa institución, y a las reglas que la ciñen, tenemos elecciones democráticas como las que los llevaron al poder hace casi 17 meses. Sin la autonomía que le permite tomar decisiones al margen de partidarismos la autoridad electoral se convertiría en polichinela del gobierno, como en los viejos tiempos. Esa autonomía es la que está en riesgo debido a una iniciativa de Morena para modificar la presidencia del Instituto antes del plazo que establece la Constitución. Medidas como ésa sólo pueden prosperar si Morena consigue respaldos en otros partidos. Por desdicha para la democracia, la mayor parte de las oposiciones sigue estancada entre el pasmo, la desarticulación e incluso la desorientación y la frivolidad.

El periodismo, los medios y los equilibrios que articulan a la democracia, son irremplazables en la construcción de la verdad que, como ha dicho el presidente del INE, Lorenzo Córdova, se contrapone a La Verdad con mayúsculas, “la que se escribe desde el poder y que automáticamente algunos buscan imponer”. El presidente López Obrador y su llamada Cuarta Transformación no se llevan con la verdad. Tampoco les inquieta el incumplimiento de sus responsabilidades más elementales. El presidente se cuida de cuestionar a los asesinos de seis niños y tres mujeres, pero invierte horas y horas para desacreditar a periodistas y socavar instituciones independientes.

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