Opinión


Entre la moral y la ley

Entre la moral y la ley | La Crónica de Hoy

Tiene razón el presidente Andrés Manuel López Obrador: Si no es ilegal, sí es inmoral que expresidentes de la República se tornen empleados de empresas transnacionales. En ciertos casos, firmas a las cuales, de algún modo, ellos beneficiaron desde el poder.

Sólo que quienes incurren en actos indebidos dejarán de hacerlo cuando se topen de frente con la ley, no con una constitución moral o un código de ética, equivalentes a llamados a misa.

La prueba de este aserto corrió por cuenta de Felipe Calderón Hinojosa y Olga Sánchez Cordero. Él, defendiendo hasta con las uñas un hueso privado adicional a su pensión oficial; ella, sin querer queriendo, zambucando un penthouse de más de 11 millones de pesos.

El episodio inmobiliario dejó flotando en el ambiente un cúmulo de interrogantes.

¿Cuántos más y quiénes dentro del gabinete poseen un patrimonio varias veces mayor del públicamente conocido, porque se trata de bienes en copropiedad con esposos, hijos, hermanos, parientes o incondicionales, los cuales por ley no deben ser develados?

¿Es este el caso del Jefe del Estado, formalmente impecune, aunque —¡vaya uno a saber!— quizás usa la ley como burladero para ocultar propiedades mancomunadas?

Integrantes del gabinete reconocidos por lo abultado de sus caudales, destacadamente Alfonso Romo, ¿de verdad no tienen más posesiones que las contenidas en sus declaraciones públicas?

El ordenamiento en cuestión es de nombre kilométrico y —a la luz de los hechos— de probada inutilidad: Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. No fue expedida por el actual gobierno, sino triquiñuela de administraciones anteriores.

Dicha norma prohíbe la difusión de información sobre bienes que involucran a terceros. Tal como —a decir de la titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval— le fue notificado a la Secretaria de Gobernación por el Director de Responsabilidades de la SFP, Fernando Martínez.

Resulta imperdonable, sin embargo, que un gobierno que ha hecho de la honestidad su estandarte no haya promovido la reforma de tal disposición. La eventual propuesta, vista la correlación de fuerzas en el Congreso, pudo haber sido desahogada en una tarde.

La omisión opera en contra de la honestidad valiente: si no se hizo la modificación fue por falta de voluntad, no de votos en el Legislativo.

Con la intención de acallar el escandaloso episodio, el Jefe del Ejecutivo ya mandó al diablo —el estilo de la casa— la ley.

Como si emitiese un ucase, informó que dio instrucciones a la SFP para que difunda datos sobre la totalidad de bienes de los funcionarios, incluidos quienes expresamente solicitaron mantener los suyos en reserva.

¿Quebrantará Eréndira Sandoval la ley para quedar bien con el mandamás? Lo veremos.

Por lo pronto, vale preguntar: ¿De verdad la ultracompetente abogada y exministra de la Corte ignoraba la disposición referida y no escuchó al funcionario de la SFP ni vio en el formulario la casilla que debió cruzar para dar consentimiento de difusión pública de todos sus datos?

La lección del affaire del penthouse es simple: Si plasmada en la ley la obligación de dar a conocer los haberes de los servidores públicos, éstos se esfuerzan por escamotearles información a los ciudadanos, se necesita ser muy ingenuo para suponer que la ética o la moral conseguirán lo que la legislación —con todas sus imperfecciones— no ha logrado.

Nadie con un mínimo de honestidad intelectual puede dudar del origen lícito de la fortuna de Sánchez Cordero, si se repara en su exitosa trayectoria profesional y aun extracción social. Menos aun si, como afirma con toda razón, su patrimonio es producto de un siglo de trabajo conjunto con su cónyuge.

Lo cuestionable, mírese por donde se mire, es el patente intento de ocultamiento de la propiedad en Houston.

La moral, tan cara para el gobierno de la 4T, es un concepto gaseoso, inasible, respecto del cual cada quien se inventa su código personal para justificar sus acciones.

Dígalo si no Calderón Hinojosa, quien puso a cavilar hondamente la nación toda. “¿De qué viviría un presidente honesto?”, si tuviere prohibido ser empleado del sector privado, o peor aún, de empresas transnacionales, preguntó por Twitter.

La frase es digna de ser inscrita en letras de oro en el frontispicio de la sede de la microempresa electoral Libertad y Responsabilidad Democrática (Libre), cuya formación promueven el exmandatario y su esposa, Margarita Zavala.

Visto con humor el asunto, cabría decir que a Calderón le faltó sincerarse y responder él mismo el interrogante. “¿Un honesto? ¡Quién sabe!”. Y, a renglón seguido, revelarnos su estrategia personal de sobrevivencia.

Debería decirnos cómo hizo para vivir cuatro años sin más ingresos que su pobre pensión —205 mil pesos mensuales, seguro de gastos médicos mayores, aguinaldo, una treintena de empleados del extinto Estado Mayor Presidencial, una docena de camionetas y 25 empleados todo pagado—, antes de ser reclutado por Avangrid, la filial gringa de Iberdrola.

Con su angustioso interrogante el exmandatario pretendió rebatir a López Obrador, quien tras mencionar a Ernesto Zedillo y Calderón, dijo que a ambos “se les pasó la mano”; que eso no se hace porque es inmoral que expresidentes se conviertan en empleados del sector privado.

Quienes han ocupado la titularidad del Poder Ejecutivo, es cierto, han tenido acceso a información no sólo amplia y ultraconfidencial, de todos los sectores, sino genuinamente estratégica para la seguridad nacional, no sólo importante para rubros específicos como la economía.

Por lo mismo, debe regir la prohibición absoluta de, una vez terminado el mandato, estar a sueldo de corporaciones o magnates.

Calderón dijo que actuó legalmente y con ética al volverse empleado privado. Falso.

Es indemostrable, pero hasta un niño de brazos puede entenderlo: fue contratado por lo que sabía acerca de México, los contactos globales que trabó desde la Presidencia, o los favores realizados.

Esta misma razonable suposición rige para Zedillo y, en general, para otros muchos exaltos funcionarios a sueldo de poderosas corporaciones, devenidos abrepuertas o gestores de potentados en pos de negocios suculentos.

En todo caso, el michoacano también pudo haber hallado la respuesta a su pregunta en quien fue su secretario de Hacienda.

Es cosa de recordar que en 2011 Ernesto Cordero aseguró que la recuperación economía del país ya había llegado a los bolsillos de la gente, y con aire de honda satisfacción y tono de reproche a los quejumbrosos mexicanos, aseguró:

“Hay familias que con ingresos de seis mil pesos al mes tienen crédito para una vivienda, crédito para un coche, se dan tiempo de mandar a sus hijos a una escuela privada y están pagando las colegiaturas”.

Aunque —añadió recriminatorio— “siempre la percepción de los mexicanos ‘es peor’; somos más exigentes de lo que las cifras muestran”.

De pena ajena.

 

 

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