David Colmenares Páramo, auditor superior de la Federación, acudió ayer a la Cámara de Diputados donde hizo la tercera entrega de los Informes Individuales y del Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública correspondiente a 2018, es decir del último año de gobierno de Enrique Peña Nieto.

Colmenares Páramo destacó que dentro de este proceso de auditorías al ejercicio del gasto se pretendía reducir el número de revisiones, pero la Cuenta Pública 2018 no lo permitió, pues hubo un incremento en la cantidad de solicitudes y denuncias de ciudadanos, de legisladoras y legisladores, y del seguimiento mediático de notas sobre temas relevantes vinculados con la fiscalización, lo que dio lugar a la incorporación de nuevas revisiones al programa anual, tal es el caso del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) que por diversas irregularidades motivaron que la ASF programara auditorías a esta institución, de las cuentas 2017 y 2018.

El funcionario explicó que hubo negativa del ente —manifestando que se encuentran exentos de la fiscalización superior—, y por ello se recurrió judicialmente esta consideración.

“Solicitamos a la Suprema Corte de Justicia que atrajera el asunto, la cual nos fue concedida por unanimidad de los integrantes de la Segunda Sala del Alto Tribunal, que próximamente se pronunciará al respecto, fijando el derecho que constitucionalmente corresponda. Que la Suprema Corte decida”.

Colmenares Páramo subrayó el trabajo conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación sobre el Infonavit, y el resultado positivo es la entrega de dos mil millones de pesos que reciente se le dieron al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La ASF presentó 872 informes individuales que con los 268 informes rendidos en junio y 668 en octubre suman un total de 1,808 referidos a la Cuenta Pública 2018. Adicionalmente, expuso el auditor, se practicaron ocho auditorías derivadas de solicitudes y denuncias sobre ejercicios fiscales en curso o anteriores, al amparo del Título Cuarto de la Ley de Fiscalización. Además, precisó, se realizaron ocho estudios y seis evaluaciones de políticas públicas.

Del total de auditorías practicadas 819 se realizaron a entidades federativas, municipios o alcaldías de la Ciudad de México. Asimismo, se llevaron a cabo 478 al Poder Ejecutivo Federal, cuatro al Poder Judicial, nueve al Poder Legislativo y 11 a órganos autónomos. El total de entes auditados ascendió a 549, considerando entidades auditadas por primera ocasión como son los Congresos locales.

Las universidades. En el informe también destaca que durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto se adjudicaron 17 contratos por más de dos mil 330 millones de pesos a instituciones educativas al amparo de “Convenios Generales de Colaboración Académica, Científica, Tecnológica, Humanística y Cultural”, con lo que se limitó la participación de oferentes.

Se señala que en seis estudios no se contó con estudios de mercado ni con las propuestas técnicas-económicas que debieron presentar las universidades para ser evaluadas.

Al respecto, advierte el informe de la ASF, en las nóminas de la Universidad Tecnológica del Usumacinta no se identificaron a 56 especialistas, quienes suscribieron los entregables y por los cuales se pagaron 2.7 millones de pesos, por citar sólo un ejemplo.

David Colmenares apuntó que en relación con los beneficios económicos de la fiscalización hasta el día de hoy las recuperaciones operadas de la Cuenta Pública del año anterior ascienden a 9,808 millones de pesos.