Mientras lee esta columna, dos presidentes brasileños duermen en la cárcel, el izquierdista Lula da Silva y el derechista Michel Temer. Este último fue arrestado ayer tras acusarlo un juez de aprovechar su cargo y su influencia para enriquecerse a costa del erario público. Por lo mismo, lleva desde el año pasado tras las rejas quien fuera el líder moral de la izquierda latinoamericana.

Nada nuevo bajo el sol, exclamará el lector. El esquema, desgraciadamente, es demasiado conocido en toda la región: Tú, empresario, me das dinero, y yo, gobernante, amaño el concurso de licitaciones y te concedo a ti el contrato. ¿Les suena el escándalo Odebrecht?

Y tal reflexión nos lleva a formular la siguiente cuestión: ¿Es Brasil un país mucho más corrupto que México? O dicho de otro modo: ¿Por qué no hay presidentes mexicanos, no digo ya en la cárcel, sino bajo investigación criminal?

La respuesta a la primera pregunta, sin temor a equivocarme —trabajé de corresponsal en Sao Paulo varios años— es definitivamente sí. Comparado con México la corrupción en Brasil es mucho mayor. Las cifras son mareantes: sólo el saqueo de Petrobras en la última década alcanzó los 25 mil millones de dólares, y cada día aparecen contratos ilícitos nuevos, cuentas en Suiza, etc… Igual de impactante es la cantidad de políticos brasileños implicados en negocios corruptos con empresarios y abogados. Marcelo Odebrecht no se habría convertido en dueño de la mayor multinacional del soborno en el mundo, capaz de corromper simultáneamente a gobiernos como el de Colombia, Angola, México o Perú, si no hubiese sido invitado a corromperse por los políticos brasileños, primero por alcaldes y gobernadores, y luego, ya en ligas mayores, por congresistas y jueces, hasta ser invitado directamente por el presidente.

Lula se acordará cada noche en su celda del empresario Leo Pinheiro, el dueño de la constructora OAS que le regaló un departamento de lujo en la playa, a cambio de jugosos contratos con Petrobras. De igual manera, Temer debe estar acordándose de la madre de su compañero de partido que le delató.

Y ya que llegamos de nuevo al infortunio de los presidentes brasileños entre rejas —otros, como Fernando Collor de Mello y Dilma Rouseff fueron destituidos por el Congreso—, recordemos el llamativo contraste con los mandatarios mexicanos o el sospechoso silencio sobre Odebrecht, para responder a la segunda pregunta: No, no hay presidentes entre rejas en México porque el sistema judicial nunca ha sido independiente, porque los políticos no permiten que se atrevan a investigarlos o porque los mismos jueces, fiscales y policías están implicados. Brasil era igual (o peor). Pero hace cinco años ocurrió un milagro que lo cambió todo.

Un juez, Sergio Moro, desconocido, pero ambicioso e incorruptible, recibió en su mesa una denuncia elaborada por fiscales y policías, también incorruptibles, que jalaron del hilo de lo que parecía un esquema más de lavado de dinero. En este caso concreto, el que ocurría desde un taller de lavado de coches (conocidos en Brasil como Lava Jato). Resultó que el hilo conectaba la sede de Petrobras en Río de Janeiro y el Palacio presidencial de Planalto en Brasilia. Cuando los implicados, como siempre ocurre, quisieron disuadir al juez —por la buenas (sobornos) o por las malas (amenazas de muerte)— se dieron cuenta demasiado tarde de que la prensa y la opinión pública, harta de vivir en un país corrupto, ya había elevado al juez Moro a la categoría de héroe.

La rueda de la corrupción, que durante décadas empujaron con alegría los políticos brasileños, dio marcha atrás y lleva un lustro aplastando sin contemplaciones a los políticos, al punto de que no fue la corrupción ni su combate la que causó el vuelco de gobierno. Si los brasileños se decantaron por un mandatario extremista, como lo es Jair Bolsonaro, fue porque sigue sin resolverse otro problema que consideran aún más grave: la violencia.

En el caso mexicano, el vuelco fue principalmente para castigar a esa clase política tradicional que se forjó en la corrupción. Por tanto, la pregunta que sigue aún sin respuesta es: ¿Honrará el presidente Andrés Manuel López Obrador su promesa a los mexicanos de acabar con la impunidad? ¿Permitirá que haya una Justicia en México verdadera independiente, aun a riesgo de que él mismo pueda ser un día investigado?

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