En repetidas ocasiones Andrés Manuel López Obrador ha dicho que su gobierno respetará el estado de derecho; que honrará las palabras pronunciadas en su toma de posesión según lo estipula el artículo 87 constitucional: “El Presidente, al tomar posesión de su cargo prestará ante el Congreso de la Unión…la siguiente protesta: ‘Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República.”

El problema es que el tabasqueño ha hecho caso omiso de ese juramento: no entiende ni lo que es el Estado ni lo que significa la supremacía de la ley. Por ejemplo, ha dicho que él no reprimirá y por eso no aplica la ley. Confunde conceptos elementales.

Me explico: cualquiera que haya estudiado Derecho o Ciencias Políticas sabe que una cosa es reprimir y otra cosa es aplicar la ley. Conviene traer a colación la famosa definición de Max Weber: “Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio (el ‘territorio’ es el elemento distintivo), reclama  (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima.” (“La política como vocación”, en Id. El político y el científico, Madrid, Alianza Editorial, 2015, p. 83). Para que se entienda mejor: hay una diferencia entre la fuerza bruta (Macht) y, el poder del Estado ­                                                             (Herrschaft). El uso de la fuerza sin derecho es una simple vesania; en tanto que la ley sin el respaldo de esa fuerza legítima es letra muerta.

Es, al mismo tiempo, grave y preocupante que un Jefe de Estado no sepa esta sencilla diferencia. Y eso al menos por dos motivos. En primer lugar porque actos como el bloqueo por parte de la CNTE de las vías férreas en Michoacán, que son jurisdicción del gobierno federal, constituyen una omisión que afecta el orden jurídico de la nación y daña a la economía y la vida de millones de personas. No es optativo: López Obrador tiene la obligación de liberar esas vías y presentar cargos contra quienes han realizado los bloqueos. Esto con base en lo que dicta le ley. Tampoco puede juzgar a contentillo a quién sí y a quién no se le aplica la norma jurídica. Esto lo digo porque AMLO declaró que ya no se perseguiría a los capos de la droga. Ese despropósito tampoco está entre sus facultades; él no puede interpretar la validez de la ley.

Los gobernantes pueden violar la ley con base en dos desviaciones: o por exceso, al extralimitarse, (Gustavo Díaz Ordaz) o por defecto, al no aplicarla, (Andrés Manuel López Obrador).

En segundo lugar porque, el concepto estado de derecho, quiere decir que el poder está subordinado a la ley. Quienes concibieron el constitucionalismo establecieron mecanismos para evitar el abuso de poder. En cambio, a lo que hemos asistido en estos días, es a un constante esfuerzo por concentrar el poder en la persona del Presidente a través de diversas medidas como: la creación de los superdelegados; el embate contra el Poder Judicial, la agresión a los órganos autónomos, los artilugios propagandísticos para que la atención pública se centre en su persona. Se quiere poner por encima de la ley.

De otra parte, no podemos olvidar que uno de los estribillos más repetidos a lo largo de sus tres campañas presidenciales (2006, 2012, 2018) fue el ataque al neoliberalismo y a la “mafia del poder” que se había enriquecido gracias a esa estrategia económica.

Lo lógico hubiera sido que AMLO aplicara una política económica distinta; una línea que corrigiera la concentración del ingreso, las desigualdades y el desempleo.

Por ejemplo, entre los estadistas que dieron pasos firmes para superar el neoliberalismo se encuentra Barack Obama (2008-2016). Hillary Clinton tenía la idea de continuar ese esfuerzo. En el primer debate, entre los candidatos a la Presidencia de Estados Unidos, que se llevó a cabo el lunes 26 de septiembre de 2016 en la Universidad de Hostra, Nueva York, el conductor Lester Holt, les preguntó (a Hillary y a Trump): ¿Por qué razón usted sería una mejor opción que su oponente para crear el tipo de empleos que pondrían más dinero en los bolsillos de los trabajadores estadunidenses? La exsecretaria de Estado respondió: “Ante todo, debemos construir una economía que funcione para todos y no solamente para los de arriba ¿Cómo vamos a lograr esto? Vamos a lograrlo haciendo que los ricos paguen la parte que les corresponde.” Dicho de otro modo: que pague más impuestos quien tenga más.

Pero esa medida no ha sido puesta en acto por López Obrador. Las familias adineradas siguen gozando de sus caudales en tanto que, quienes sí padecemos los rigores de la “austeridad republicana” somos las clases medias y las clases populares, junto con los servidores públicos despedidos, y los recortes a las universidades, la ciencia, la tecnología, la cultura y las guarderías.

Eso sí, AMLO reparte dinero según criterios de conveniencia y oportunidad. Su política económica es el neoliberalismo reforzado y el clientelismo.

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