El gobierno de Estados Unidos extendió ayer el programa de deportaciones exprés a todo el país, cuando hasta ahora éste sólo se aplicaba en territorios a menos de 160 kilómetros desde la frontera con México.

Así, el programa estaba pensado para aplicarse contra aquellos migrantes detenidos inmediatamente después de cruzar la frontera sur, pero ahora podrá afectar a cualquier indocumentado en territorio estadunidense; eso sí, se mantiene la premisa de que sólo aplica a aquellos que no logren demostrar que llevan más de dos años viviendo interrumpidamente en el país. Hasta ahora sólo se les pedía demostrar que llevaban más de dos semanas en EU.

La diferencia entre una deportación exprés y una normal es que mientras la habitual llega tras pasar por un proceso judicial donde el migrante tiene la oportunidad de presentar alegaciones ante un juez, en este caso la expulsión se realiza sin juicio migratorio de ningún tipo.

La Casa Blanca anticipó la medida el lunes, y el secretario de Seguridad Nacional, Kevin McAleelan, explicó que la medida “ayudará a aliviar parte de la carga y problemas de capacidad” en los centros migratorios, en referencia a las pésimas condiciones en que viven allí los migrantes detenidos por culpa de la falta de recursos del gobierno federal ante el aluvión de migrantes en la frontera sur.

Además, también se pretende desatascar los tribunales migratorios evitándoles más casos, que ahora suman ya 900 mil expedientes acumulados.

VIOLACIÓN DE DERECHOS. En definitiva, lo que el gobierno estadunidense trata de lograr con esta medida es poder deportar a muchos más migrantes de forma más rápida para reducir la saturación en sus centros fronterizos, algo que activistas denuncian que viola los derechos de los migrantes.

Omar Jadwat, de la Unión Civil de Libertades de EU (ACLU), denunció que la medida permitirá deportar a migrantes que han vivido en el país durante años “con un proceso menor que el que recibe la gente en el tribunal de tránsito”.

Por otra parte, Jennifer Minear, presidenta de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), aseguró, citada por Univisión, que esta medida “otorga a los agentes de inmigración una autoridad casi total para detener, emitir juicios y expulsar a alguien de este país”.

DEMANDAS. Jadwat adelantó que la ACLU presentará una demanda contra el gobierno por esta iniciativa “para terminar esta política rápidamente". La organización también explicó que presentará demandas para frenar también las medidas anunciadas por el gobierno la pasada semana, que exigen a los migrantes haber recibido una denegación de petición de asilo en otro país antes de presentar una en EU.