La Casa Blanca anunció ayer que permitirá al exilio cubano demandar, a partir del 19 de marzo, a compañías cubanas que utilizan propiedades confiscadas por el gobierno de la isla tras la Revolución de 1959, en un movimiento que endurece simbólicamente el embargo comercial impuesto hace seis décadas.

“Hoy Estados Unidos tomará el primero de una serie de pasos para hacer al régimen cubano responsable por sus 60 años de crímenes e ilegalidad que incluye su apoyo al criminal régimen de Maduro”, escribió el senador de Florida Marco Rubio.

Sin embargo, aunque la acción del gobierno de Donald Trump podría elevar la hostilidad bilateral, no supone un revés tan fuerte como temían algunos sectores de la isla y de Estados Unidos. De hecho, el anuncio limita las demandas a unas 205 empresas estatales cubanas, que ya están sujetas a sanciones por estar ligadas a las fuerzas armadas y a las agencias de inteligencia de La Habana, y que en su mayoría no tienen vínculo alguno con los sistemas legal o financiero de EU, por lo cual la capacidad de presentar demandas es prácticamente simbólica.

“Dudo mucho que los cubano-estadunidenses vayan a pagar el dinero para la demanda y vayan a reunir toda la documentación necesaria para probar su caso, cuando hay pocas probabilidades de cobrar una indemnización”, dijo William ­LeoGrande, de la American University de Washington.

Inversión extranjera, a salvo. Además, en el anuncio realizado por el secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, se libran de sanciones aquellas empresas extranjeras que han invertido en compañías cubanas, como la cadena hotelera española Meliá, con varios establecimientos compartidos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Cuando la Ley Helms-Burton se aprobó hace 22 años, la Unión Europea denunció a EU ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) su título III, porque temían que sus compañías fueran demandadas en Washington.

La batalla concluyó con el compromiso de EU de mantener suspendido el título III, a cambio de la retirada de la querella.

Condena de La Habana. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, condenó la medida anunciada por Pompeo. “Rechazo enérgicamente anuncio del Departamento de Estado de EU de autorizar demandas, bajo el Título III de la Ley Helms-Burton, contra la lista de compañías cubanas sancionadas arbitrariamente por el gobierno de Trump”, publicó.

Rodríguez también envió un mensaje de tranquilidad a los países y empresas que operan en Cuba al asegurarles que cuentan con “las garantías para la inversión extranjera y los proyectos conjuntos” y “tienen como respaldo las leyes cubanas, el Derecho Internacional y las leyes de sus propios países”.