El departamento de Justicia de Estados Unidos presentó ayer 17 nuevos cargos —18 en total— contra el activista y pirata informático australiano Julian Assange, detenido en Londres desde el pasado mes de abril.

Hasta ahora, la justicia de EU había pedido la extradición de Assange —también lo reclama Suecia tras reabrir una investigación por una presunta violación— por un posible delito de conspirar para piratear los miles y miles de cables diplomáticos que le facilitó en 2010 el entonces analista de la CIA Bradley Manning —ahora Chelsea Manning— y que publicó en su portal, WikiLeaks.

Sin embargo, con los nuevos cargos presentados ayer por EU, por violar la Acta de Espionaje de 1917, los delitos que afronta Assange no sólo se relacionan con la intención de obtener estos documentos clasificados, sino con la publicación de este material, algo que hasta ahora siempre ha protegido la Primera Enmienda de la Constitución de EU, que protege la libertad de prensa.

Tras la filtración de los Papeles del Pentágono en 1971 por The New York Times, la justicia de EU ha establecido que si bien se puede condenar a quienes filtren material clasificado, nunca se podría sentenciar a alguien por publicar esa información.

Sin embargo, el fiscal general adjunto de EU, John Demers, argumentó en un comunicado: “Julian Assange no es un periodista. Nuestro departamento se toma en serio el papel de los periodistas en nuestra democracia”.

La Fiscalía de EU argumenta que lo que diferencia a Assange de un caso en el que se debata la libertad de prensa es que el material filtrado por el hacker australiano suponía un peligro real e “inminente” para personas citadas en los cables diplomáticos, y cree que él era consciente de ello.

WikiLeaks replicó en ­Twitter que el anuncio de EU “es una locura y representa el fin del periodismo de seguridad nacional y de la Primera Enmienda”.