El exvicepresidente de Cataluña, Oriol Junqueras, negó ayer con vehemencia que su gobierno recurriera a la violencia para llevar a cabo el proceso unilateral de independencia de otoño de 2017, y aseguró que ninguno de los doce encausados por ello cometió delito alguno.

Junqueras subrayó que su partido (Esquerra Republicana de Catalunya) pretende la independencia de Cataluña por medios “exclusivamente pacíficos”. Además, dijo que el referéndum de “autodeterminación” del 1 de octubre de 2017 no supuso “ningún gasto ni coste para los contribuyentes ni para nadie”.

Los recursos financieros de la administración autonómica catalana estaban “totalmente controlados” entonces por la Secretaría de Hacienda española, según argumentó para rebatir la acusación de uso indebido de fondos públicos.

Las declaraciones llegaron en el tercer día del juicio del Tribunal Supremo español a los líderes soberanistas catalanes. Junqueras es el principal acusado; ha pasado los últimos 15 meses en prisión preventiva y la fiscalía española pide para él 25 años de cárcel por delitos de rebelión, sedición y malversación.

Junqueras rechazó contestar a las acusaciones y respondió sólo a las preguntas de su abogado. Explicó que se siente perseguido y en situación de “indefensión” porque se le acusa por sus ideas independentistas, no por sus hechos, según opinó, así que se considera un “preso político” en un “juicio político”.

Además declaró ayer Joaquim Forn, exconsejero de Interior catalán, también acusado, quien negó que los Mossos d’Esquadra, la policía catalana, que estaban bajo su dirección, incumplieran las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para impedir la celebración del referéndum.