El 77 % de los municipios en México tiene menos de 50 policías o incluso ninguno, sin contar que su equipo y armamento es deficiente para brindar seguridad a la población de sus alcaldías.

Otras problemáticas detectadas son la falta de equipamiento, como es el caso de las policías del municipio de Ecatepec, donde cerca del 50 por ciento de sus elementos no cuentan con chalecos antibalas.

O bien la Policía Municipal de Guaymas, Sonora, donde 400 de sus elementos no tienen chalecos antibalas, armas de fuego ni patrullas suficientes, además de enfrentar falta de personal, uniformes de buena calidad y sueldos dignos.

Así lo detalla una iniciativa de Movimiento Ciudadano que busca el fortalecimiento de las policías locales en todo el país, ya que considera que ésta es la única vía para alcanzar soluciones duraderas y efectivas en materia de seguridad en el país.

La exposición de motivos señala que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, se necesita un mínimo de 1.8 policías por cada mil habitantes para proteger a la población; sin embargo, en México se contabiliza un promedio de 0.8 policías locales, de modo que el número de elementos activos no alcanza a cubrir el 50 por ciento del mínimo requerido.

Detalla que al término del sexenio anterior, se estimaba que 651 municipios (de dos mil 457) carecían de una fuerza policial propia, donde mil 400 de las restantes, un 42.8 por ciento del total, contaban con menos de 50 elementos cada uno.

El texto señala que lo anterior es de suma relevancia, dado que el 95 por ciento de los delitos que se comenten en México son del fuero común, por lo que las policías estatales y municipales resultan trascendentales para la prevención y combate de los fenómenos delictivos que más afectan a la población.

La iniciativa plantea establecer un sistema de indicadores basado en incentivos para que las entidades federativas y municipios que cumplan diversos objetivos institucionales obtengan mayores recursos presupuestarios para avanzar en sus procesos de fortalecimiento.

Entre los incentivos propuestos se encuentran: avanzar en procesos de capacitación en materia de derechos humanos, atención a víctimas y uso de la fuerza; implementar mecanismos efectivos de rendición de cuentas y transparencia; consolidar sistemas de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano; disminuir el número de recomendaciones por violaciones a los derechos humanos, y regularizar los derechos laborales, salariales y de seguridad social de los elementos de las corporaciones.

El texto referido considera que la mejor forma de lograr la paz es con una estrategia de seguridad pública federalista, de empoderamiento local, a cargo de corporaciones civiles y eficaz en el combate a los fenómenos delictivos.