El desparpajo y engreimiento al hablar con sus cómplices acerca de las sencillas e infinitas posibilidades de saqueo de fondos públicos, hacen del exalcalde perredista de Cortazar, Guanajuato, Hugo Estefanía, candidato idóneo para ser emblema oficial del federalismo. Porque desde los gobiernos de estados y municipios no roba sólo quien no quiere.

En modo alguno es hiperbólica tal aseveración. La Auditoría Superior de la Federación afirma que en los últimos quince años fiscales los gobiernos de las 32 entidades federativas no han podido aclarar el destino de más 304,500 millones de pesos de recursos federales, que les fueron transferidos ingenuamente etiquetados.

Casi la mitad de esos recursos (211,128 millones) fueron malversados por gobernadores de ocho estados, principalmente Veracruz, Michoacán y el Estado de México; pero, también, de las tres entidades más pobres del país: Guerrero, Oaxaca y Chiapas, más Jalisco y Chihuahua.

Cada año, conforme al Presupuesto de Egresos, las administraciones estatales reciben recursos por diversos conceptos, entre éstos, obras de infraestructura, seguridad social, amortización de deuda, seguridad pública…

Se trata, en teoría, de dinero destinado de manera estricta a fines específicos; pero —¡quién dijo miedo!— los gobernadores se pasan por la faja la normatividad y hacen uso absolutamente libre y discrecional de las distintas partidas.

En la más inocente de las hipótesis, esos recursos son desviados hacia requerimientos socialmente necesarios y urgentes, algo así como abrir un hoyo para tapar otro. No seamos tan cándidos.

El hecho de que en quince años los gobiernos no hayan podido solventar las deudas o disipar las dudas indica que ese dinero de todos los mexicanos fue a dar a las alforjas de los gobernadores, de cuya probidad hablan sus perfiles.

Ellos son, en el caso de Veracruz, estado campeón del saqueo, personajes como Miguel Ángel Yunes Linares, Javier Duarte y Fidel Herrera Beltrán, de quienes —mientras no hagan cuentas a satisfacción de la ASF— es válido afirmar con fundada razón que se embuchacaron 64 mil millones de pesos.Y Silvano Aureoles, Salvador Jara, Jesús Reyna, Fausto Vallejo, Leonel Godoy y Lázaro Cárdenas Batel, quienes en el sufrido Michoacán habrían malversado 42 mil millones en tres lustros; la mayor parte, es cierto, en la última década, y más específicamente en la presente administración.En tercer lugar está el Estado de México, donde faltan 25,500 millones de pesos y en el lapso en cuestión ha gobernado una galería de políticos de lujo, ejemplos de honradez y eficiencia: Eruviel Ávila, Enrique Peña Nieto y Arturo Montiel.

La propensión a meterle mano a las arcas públicas y la inveterada facilidad para hacerlo explican la furibunda embestida de la oposición y los gobernadores a la figura del delegado único en los estados —los superdelegados—, a quien pergeñan como genuino caimacán, el personero de un sultán.

Ya se dijo en este espacio: no existe bolsa alguna de recursos para programa público federal a la cual gobernadores y alcaldes no le asesten vigorosas tarascadas.

Nada garantiza, es cierto, que la sola presencia del superdelegado inhibirá la malversación ni que él mismo sea invulnerable a los cañonazos de millones de pesos; pero su línea jerárquica compromete al mismísimo Jefe del Estado.

Rendirá cuentas ese valido, de manera única y directa, al Presidente. De modo que sus actos u omisiones serán imputables también a su superior jerárquico, a quien —por grande que sea la animadversión—nadie puede achacarle condescendencia ante la corrupción ni menos aún que aspire pasar a la historia como ladrón o terminar su vida política confinado en un penal.

Tienen nombres y apellidos y bien ganadas famas de cleptómanos los gobernadores de los estados más pobres —de los ocho con mayores gastos sin solventar ante la ASF—, donde costaladas de recursos federales han abultado patrimonios personales y familiares.

En Guerrero han gobernado Héctor Astudillo Flores, Ángel Aguirre Rivero, Zeferino Torreblanca y René Juárez Cisneros.En Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, Gabino Cué, Ulises Ruiz y José Murat Casab.Y en Chiapas, Manuel Velasco Coello, Juan Sabines y Pablo Salazar Mendiguchía. No pinta la fantasmal administración de Oswaldo Ochoa, quien durante cien horas, en septiembre pasado, le cuidó la silla a Velasco y juntos dieron muestras, uno de codicia y otro de abyección.Entre las entidades que de 2003 a 2017 acapararon la mitad de la malversación de recursos federales está Jalisco, gobernado este tiempo por Aristóteles Sandoval, Emilio González Márquez y Francisco Ramírez Acuña.Y está, también, Chihuahua, donde resulta imposible soslayar el paso depredador de César Duarte —seguido por Javier Corral Jurado y precedido por José Reyes Baeza—, ahora refugiado a sólo unos pasos de su terruño, en El Paso, Texas, cuando no disfruta a salto de mata de su fortuna malhabida.

En plena renovación del estilo de gobernar a escala federal, de los mandatarios estatales puede decirse que están viendo el temblor y no se hincan. Persisten en actuar con total impunidad.

Sobran dedos de la mano para contar los estados en cuyos congresos, tribunales de justicia y altas burocracias han sido replicadas las medidas de austeridad federales; la poda de sueldos estratosféricos, la independencia entre poderes, la autonomía de órganos de control y auditoría…

Parapetados en la soberanía, el federalismo y la libertad de los actores políticos, justifican su resistencia al cambio con la falacia de que su palabra ya no es la ley, que ahora cada quien manda en su parcela, que nadie les hace caso… ¡Pamplinas!

Que le pregunten al auditor de la Federación, David Colmenares Páramo, quien esta semana denunció hechos que no deberían ser soslayados por el Senado, guardián constitucional del federalismo.

Dijo que en las entidades prevalece el control de los gobernadores sobre los órganos de auditoría locales, cuyos titulares enfrentan obstáculos, presiones y amenazas de remoción, porque se busca auditores a modo de los gobernantes.

Citó hechos concretos: En Guerrero, al titular le nombraron tres viceauditores, le retuvieron presupuesto e incluso les hicieron revisiones personales a sus colaboradores.

Y, en otro estado, donde el auditor superior se negó a renunciar, se hicieron reformas legales para desaparecer la auditoría y crear en su lugar un organismo con otro nombre.

A Estefanía lo perdieron la imprudencia y la jactancia. Fue grabado a escondidas mientras conversaba con El Puma, Noel Lara Berman, considerado operador del Cártel de Santa Rosa de Lima.

La grabación con las fanfarronerías sobre la manera “limpiecita” de hacer “bisnezotes” desde el poder público satura las redes sociales. De las mismas se deduce lo fácil que es apropiarse de dinero para obras y programas gubernamentales como la compra de armamento y combate al robo de combustibles.

Y no sólo en el municipio del Estefanía, sino en una vasta región: Villagrán, San Luis de la Paz, Juventino Rosas, Acámbaro, San José Iturbide… y con algo de suerte desde la gubernatura.

Nada de esto descalifica al exmunícipe para simbolizar el federalismo, debidamente legitimado por el Senado, corporación que quien sabe dónde ha estado todo este tiempo.

Grabaciones o no de por medio, la voracidad del exalcalde ha sido común denominador en el ejercicio de la función pública, en los tres órdenes de gobierno.

El Puma lo dijo con sabiduría: “La política es el dinero más seguro que puede haber”.

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