La Fiscalía General de la República (FGR) imputa a Rosario Robles Berlanga el desvío de recursos públicos por 5 mil 73 millones 358 mil 846.25 pesos. Los recursos serían parte de lo que se usó irregularmente en contratos con universidades públicas principalmente cuando la exjefa de gobierno capitalino estuvo al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

La Fiscalía alega que subordinados de Robles le informaron que las universidades no tenían condiciones para realizar los trabajos contratados, por lo que era previsible la posterior subrogación del contrato (una parte esencial de la estafa maestra es ésa, pues así esos particulares evitaron entrar en licitaciones).

Durante la audiencia inicial de este jueves en el Reclusorio Sur, la defensa de la exfuncionaria federal argumentó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) carecía de facultades para imputarla por daños patrimoniales a la Nación.

Sin embargo, el juez explicó que si bien la ASF es un órgano autónomo e independiente, está encargado de revisar y fiscalizar qué se hace con los recursos económicos de la Nación. La defensa de Robles también calificó de medida desleal (incluso ajena al nuevo sistema penal) el que la fiscalía presentara de última hora elementos que tenía desde mayo. Aún así, la defensa puso en apuros a la Fiscalía que se mostró incapaz de hacer cuenta sobre el desfalco, por lo que hubo un receso de 2 horas durante la tarde.

El desvío de los más de cinco mil millones de pesos habría sido mediante 27 convenios, entre los que destacan el suscirto con la delegación de la Sedesol en Morelos, así como las universidades Autónoma del Estado de México y Politécnica de Hidalgo.

Asimismo, con Televisora de Hermosillo, las universidades Politécnica de Quintana Roo y de Chiapas, así como Radio y Tevisión de Hidalgo y con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.

En torno a la culpabilidad por omisión, la FGR dio a conocer a la defensa de Robles Berlanga que hay tres personas que en su oportunidad informaron a la exfuncionaria de los desvíos de recursos.

Dicha personas fueron subordinados de Rosario Tobles y son Marcos Salvador Ibarra Infante, José Antolino Orozco Martínez, María del Carmen Gutiérrez Medina y Armando Saldaña Flores.

Ante esto, la defensa de la también exjefa de gobierno capitalina pidió el desglose detallado, entre otras cosas, de la fecha y los montos de los mencionados convenios, por lo que el juzgador ordenó a la Fiscalía hacer dicho análisis. Ese fue el momento en el que se decretó el receso de dos horas.

Al cierre de esta edición, la audiencia había concluido con una petición de la defensa para que se le brindara tiempo a efecto de presentar pruebas.

Bajo el nuevo sistema de justicia penal, Rosario Robles entra en calidad de inocente a este proceso. La Fiscalía debe probar que hay elementos para enjuiciarla.

El próximo lunes habrá un nuevo encuentro entre las partes, nuevamente ante un jusgado penal.