La Fiscalía española sostuvo este martes la acusación de rebelión para los líderes independentistas catalanes y los responsabilizó de protagonizar “un golpe de Estado”, con supuesto uso de violencia, durante el proceso secesionista unilateral de octubre de 2017.

Tras cuatro meses de juicio ante el Tribunal Supremo, la Fiscalía considera al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras el “motor principal de la rebelión”, pese a que el máximo cargo lo ostentaba Carles Puigdemont, exiliado en Bélgica, y pide 25 años de cárcel para él.

Destacan también los 17 años que solicita para la expresidenta del Parlamento autonómico, Carme Forcadell, el diputado Jordi Sánchez, y el líder de la organización soberanista Omniúm Cultural Jordi Cuixart.

Según la ley española, el cargo de rebelión exige actuar con violencia contra el Estado, pero la Fiscalía argumenta que basta con que los promotores del referéndum unilateral de independencia del 1 de octubre de 2017 estuvieran dispuestos a aceptar que existiera, aunque finalmente no fuera así.

La abogacía del Estado, en cambio, pide para los procesados un delito de sedición, que no implica un alzamiento violento y representa penas menos duras.