Intervención de llamadas telefónicas y correos electrónicos, sin descartar algunas prácticas consideradas de tortura, entre otras medidas que las autoridades utilizaban para recaudar pruebas consideradas ilícitas en la legislación actual a la hora de un proceso penal en contra de alguna persona, ahora pueden ser validadas si el juez de la causa o un tribunal valora que las circunstancias necesariamente iban a llevar a esa conclusión.

“Las pruebas no necesariamente deben declararse ilícitas y excluirse, pues toda prueba que se hubiese producido sin necesidad de recurrir a la prueba determinada como ilícita será válida en virtud de que las circunstancias hubieren llevado necesariamente a su descubrimiento, desvirtuando así el nexo jurídico que ésta presupone”, establece el proyecto de iniciativa de reforma constitucional al Sistema de Justicia que plantea el Ejecutivo.

La iniciativa explica que este tipo de elementos probatorios, es decir, las pruebas consideradas ilícitas por obtenerse de manera ilegal, “representan una de las problemáticas más complejas en la materia, pues lleva consigo por un lado el interés público de la persecución del delito y por el otro, la protección de los derechos individuales”.

Por ello se plantea la posibilidad de que el Juez de la causa o el tribunal de apelación, lleve a cabo la valoración respecto de la exclusión de la prueba ilícita, tutelando los derechos de debido proceso, la adecuada defensa, la presunción de inocencia y el principio de contradicción.

“Hay retrocesos, muchas figuras se van a quitar y otras de sistema inquisitorio se van a agregar, por ejemplo, volver al arraigo, es una figura caduca porque viola la presunción de inocencia; se vuelven a aprobar los cateos sin un procedimiento, se vuelve a aprobar la intervención de comunicaciones que estaba prohibida por la Constitución, se vuelve a permitir que las autoridades violen nuestra comunicación, nuestra correspondencia, celulares, whatsapp, y eso es inaceptable”.

“Con ello permiten que pruebas obtenidas de manera ilícita, sí puedan ser utilizadas en un juicio, esas medidas que habíamos avanzado, las están implementando en estas iniciativas, no podemos aceptar, cateos, arraigos ni pruebas ilegales, mucho menos intervención de la comunicación”, advierte el senador Samuel García. Integrante de la Comisión de Justicia de la Cámara alta.

De acuerdo al senador de Movimiento Ciudadano, también se establece en la iniciativa de reforma a la Constitución como parte del Nuevo Sistema de Procuración y Justicia en México, la posibilidad de que se haga una excepción para que algunos juicios no sean públicos.

“No me quiero imaginar que si agarran a Eduardo Medina Mora (exministro de la Corte) que todo México quiere saber porqué renunció, el fiscal diga que este juicio es privado, no será público y se nos prive de la verdad”, alertó.

¡Aguas! Establece la posibilidad de excepción para que algunos juicios no sean públicos