Opinión


Fuero constitucional Christopher Pastrana

Fuero constitucional  Christopher Pastrana | La Crónica de Hoy

 

 

Allí donde el mando es codiciado y disputado

no puede haber buen gobierno ni reinará la concordia.

Platón

 

¿Se imagina amanecer algún día con un presidente de la República tras las rejas? Yo tampoco. Sería terrible no sólo por la incertidumbre política que se generaría -incluso en el concierto internacional- sino por la extrema vulnerabilidad en que se ubicarían las instituciones del Estado. Bueno, pues una circunstancia de esa magnitud y de ese impacto es la que ha pretendido evitarse a través del fuero constitucional.

Con el caso de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador del Estado de Tamaulipas, a quien la FGR solicitó desaforar por la probable comisión de delitos como delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, el debate sobre esa figura se ha vuelto poco más que controversial.

Nuestra Constitución Federal dispone que ninguna persona o corporación gozará de fuero, salvo el de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar. Si por fuero entendemos alguna especie de privilegio, entonces sería inexacto asegurar que gozan de él aquellas personas que ostentan diversos cargos públicos como diputados y senadores del Congreso de la Unión, ministros de la SCJN, el Fiscal General de la República, consejeros del INE, gobernadores e integrantes de los órganos constitucionales autónomos; entre otros.

Se trata, en realidad, de una protección o filtro temporal de tipo procesal. Temporal porque únicamente puede disfrutarse de él durante el periodo en que se desempeñe el encargo público; y procesal porque la determinación que se adopte no versa sobre la comisión o no de un delito, sino sobre la permanencia del fuero constitucional para esa persona. El Congreso funge como un mecanismo político de control previo al sometimiento ante autoridades ministeriales. Así, una acusación infundada sería inútil para deshacerse de un rival político, por el contrario, lo que la Constitución exige, es que las acusaciones se encuentren razonablemente respaldadas con elementos de convicción y no se utilicen como mecanismo de golpeteo político, pues ello supondría una afectación sensible en la atención de asuntos de trascendencia nacional.

Cuando el servidor público es despojado de su fuero constitucional mediante la denominada “declaración de procedencia”, a cargo de la Cámara de Diputados, entonces ese servidor público retorna a su calidad esencial como particular y, por tanto, es susceptible de sujetarse a un procedimiento penal como cualquier otro. Si, por el contrario, la sentencia de la Cámara es en el sentido de declarar improcedente el proceso penal, entonces el servidor público conserva su protección, pero ello no significa que el ejercicio de la acción penal se extinga por los probables hechos delictivos, sino que únicamente queda suspendida hasta en tanto la persona imputada concluya su cargo público.

Hoy que la FGR se frota las manos por la probable detención del gobernador, antes habrá de superarse en la arena jurídica ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una controversia de no poca importancia entre los efectos y alcances de la determinación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; pues mientras que unos ven en ella la decisión definitiva para proceder penalmente contra el gobernador, otros reconocen únicamente un efecto declarativo de la Cámara, dejando la determinación última a la legislatura local.

De prevalecer el primer escenario, significaría un inminente desafuero del gobernador por la mayoría que el MoReNa reuniría en la Cámara Baja; el segundo escenario sería diametralmente opuesto. Considerando la mayoría panista que impera en el Congreso tamaulipeco, el proceso penal en su contra tendría que esperar.

Cualquiera que sea su postura, es esencial no perder de vista que la existencia de este fuero protege no tanto a la persona en sí misma, sino al encargo público que ocupa, porque esa posición los vuelve especialmente atractivos y, por lo tanto, vulnerables a ataques políticos que hacen no sólo necesaria sino justa, una defensa de la misma naturaleza.

 

 

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