Ninguna de las láminas, datos e ilustraciones que ha presentado el Secretario de Seguridad Pública federal, Alfonso Durazo sobre los presuntos vínculos de Genaro García Luna con el crimen organizado son nuevas. Datan de 2008 cuando la propia Secretaría de la Función Pública desarrolló una “sábana” que conocieron tanto los altos mandos de las fuerzas armadas y el expresidente Felipe Calderón. Un documento mucho mayor a lo que ha sido presentado y que el Centro de Inteligencia Nacional ha seguido actualizando, ahora con personajes relacionados con Morena.

El caso más notable es el del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Las demandas, más políticas que judiciales para que se investigue también en México la implicación del exSecretario de Seguridad Pública con los cárteles, empresarios, políticos y sus propios familiares a intereses, han empezado a conducir al despacho del gobernador, uno de los hombres más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras la estructura de seguridad pública del Estado, con una enorme influencia, Carlos Alberto Flores, quien fuera titular recientemente de la poderosísima División Antidrogas de la Policía Federal es el Secretario de Seguridad Pública de Baja California, no uno más de los mandos de la Policía Federal con licencia, sino un amigo personal de García Luna.

Carlos Flores fue subdirector del Centro Nacional de Inteligencia en el tiempo en que Genaro ocupó la Secretaría de Seguridad y era con él —aseguran los policías federales consultados— con quien directamente García Luna interactuaba en el Cisen y no con Guillermo Valdés, el director.

Oriundo de Baja California, Carlos Flores ha sido polémico en torno a sus vínculos con García Luna. Al interior de lo que queda de la Policía Federal lo ligan aún con el equipo de manera muy contundente, pero los funcionarios de Baja California,  aseguran que desde hace varios años la relación se rompió radicalmente.

Dicen incluso que la información valiosa que detenta le ha permitido al gobernador Jaime Bonilla ser mejor informante de la operación de esas redes que el propio Secretario de Seguridad Alfonso Durazo, apenas apoyado en viejísimas presentaciones de power point creadas por la Función Pública del propio Calderón.

Pero no es todo. Apenas hace unos días, el portal Animal Político reveló una investigación que liga la entrega de mil cuatrocientos treinta y un millones de pesos otorgados mediante 23 diferentes préstamos del gobierno de Baja California a la empresa Gasmart, propiedad de Genaro García Luna desde el año 2008 a la fecha.

Lo que podría ser una clara implicación de los gobiernos anteriores se tiñe de negro, cuando aparece como obligado solidario para pagar ese préstamo el político Héctor Mares Cossío, actual Oficial Mayor del gobierno de Jaime Bonilla.

Para más datos, el último de estos 23 préstamos, por 226 millones de pesos, fue otorgado a la firma Apoyos y Suministros Industriales y Comerciales, S.A., parte del grupo Gasmart de García Luna, el 4 de julio del 2019, el mismo día en que Héctor Mares se convirtió en Oficial Mayor, después de solicitar licencia a su curul en el legislativo estatal y dejar a su suplente Víctor Manuel Morán, en efecto, el mismo que solo 4 días después presentó la denominada “Ley Bonilla” para extender el periodo de gobierno estatal a pesar de no haberse votado así.

Las redes van en crecimiento, se empiezan a involucrar asuntos de propiedades e hipotecas, lo mismo que en el propio caso del Secretario Durazo en Sonora y parece que no son coincidencias.

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