Hay que aplaudir la decisión del gobierno para evitar el robo de combustibles. Hay que deplorar que haya sido tan improvisada e irreflexiva. El combate al huachicol es necesario. Pero también hacen falta planeación, inteligencia estratégica, explicaciones e información. Cerrar las válvulas para que los delincuentes no roben gasolina es como suspender el tránsito en las calles para que los automovilistas no sean asaltados.

No es suficiente que el Presidente pida confianza y serenidad a quienes sufren la escasez de gasolina. Su responsabilidad es aclarar qué decisiones ha tomado y qué previsiones tiene su gobierno para enfrentar tanto a la rapiña como al desabasto de gasolina.

El discurso del gobierno intensifica la polarización. La propaganda oficial sostiene que hay que avalar el cierre de ductos para respaldar al presidente. Esa personificación carga el costo de la crisis al capital político de AMLO pero tiene límites y no resuelve la necesidad de aclaraciones.

Hasta ahora, el 73% de los ciudadanos está de acuerdo con las restricciones en la disponibilidad de la gasolina con tal de que termine el robo de combustible —según la encuesta telefónica de Reforma en siete estados afectados por la escasez—. Sin embargo sólo el 15% considera que es mejor cerrar los ductos por tiempo indefinido en vez de perseguir a los responsables de ese delito.

En numerosas ocasiones, López Obrador ha considerado que el fin justifica los medios. Ahora, con una buena causa, tomó malas decisiones. El robo de combustible constituye una inaceptable sangría al patrimonio de los mexicanos. Su expansión fue acompañada por la negligencia de los gobiernos anteriores. Cuando terminó el sexenio de Vicente Fox, en 2006, se habían localizado 213 tomas clandestinas en los ductos de Pemex. Durante el gobierno de Felipe Calderón aumentaron hasta llegar a mil 635. En octubre de 2018, casi concluido el gobierno de Enrique Peña Nieto, las tomas clandestinas ascendían a 12 mil 581 (datos de Etellekt Consultores).

Para detener ese robo, el Presidente ordenó el cierre de varios ductos. Podría decirse que los problemas graves ameritan medidas drásticas. Pero además de decisión se requiere previsión y perspicacia. El gobierno no estimó las dimensiones de la escasez que crearía con ese cierre, lo puso en práctica en el peor momento y sin infraestructura para distribuir la gasolina de otra manera. Sólo cuando la crisis se extendía, contrataron más pipas para transportar el combustible.

A esa imprevisión, se añadió el desdén a los ciudadanos a quienes el Presidente y sus voceros se empeñan en tratar como menores de edad. Todo parece indicar que la falta del combustible se agravó debido a la reducción en la compra de gasolina a Estados Unidos. El consumo de gasolina en México es de 800 mil barriles diarios. De ellos, importamos 600 mil barriles (además de 232 mil de diésel) y producimos 200 mil.

El gobierno tampoco parece haber tomado en cuenta el robo a pequeña escala, ni el respaldo que las comunidades por donde pasan los ductos dan a los delincuentes. La rapiña en Acambay, Estado de México, en donde centenares de personas se apresuraron a hurtar gasolina cuando fue fracturado el ducto que va de Tuxpan a Azcapotzalco, demuestra que por muchas exhortaciones para que se porten bien, hay muchos dispuestos al pillaje a la primera oportunidad.

A la inexistencia de planeación, se añaden las cotidianas contradicciones en el gobierno. El presidente, con esa costumbre suya para reemplazar la realidad con la retórica, aseguró que no había desabasto pero eso era precisamente lo que ocurría. Luego, cuando varios medios comprobaron que había decenas de buques tanque con gasolina detenidos frente a la costa de Veracruz, el gobierno sostuvo que ese suministro no se había alterado. A las dudas legítimas de los ciudadanos, se ha respondido con desinformación, confusión e, involuntarias o no, mentiras.

Hay preguntas que ameritan explicaciones del gobierno.

¿Qué personas, en dónde y por cuáles delitos, han sido detenidas en las operaciones contra el robo de gasolinas?

¿Cuáles cuentas bancarias, de quiénes y por qué montos han sido intervenidas?

¿Cuánta de la gasolina que se consume en México es ilegal?

¿Qué déficit hay en la capacidad actual de distribución de gasolina al hacerse con pipas y no a través de ductos? ¿Es verdad que Pemex tiene sólo mil 460 pipas y el sindicato 3 mil 300? ¿Quién o quiénes son, legalmente, propietarios de esos vehículos? ¿Cuánto cuesta su utilización? ¿Cuánto gana el sindicato por ello?

¿Por qué dejó de operar la refinería de Salamanca? ¿Qué consecuencias ha tenido ese cierre?

¿Es verdad o no que se suspendieron, aunque sea en parte, las importaciones de gasolina de Estados Unidos? En caso de que así haya sido, ¿a partir de qué estimaciones de mercado el gobierno de México decidió disminuir esa importación y desde cuándo? ¿Cuál es el monto, en barriles y en dólares, de la reducción de esas importaciones? ¿De qué manera se espera compensar la falta de esa gasolina?

¿Cuántas gasolineras han dejado de recibir combustible de manera parcial o total? ¿Cuánto dejaron de surtir?

¿En cuáles gasolineras ha sido identificado el uso de doble contabilidad y/o la adquisición de combustible ilegal? ¿A quiénes pertenecen esas estaciones? ¿En cuáles de esos casos se han identificado extorsiones del crimen organizado para que los gasolineros compren combustible robado?

¿Cuánto le ha costado a México el desabasto de gasolina de estos días? Según la Coparmex, hasta el 10 de enero tan sólo en Guanajuato, Michoacán y Querétaro había pérdidas por mil 250 millones de pesos. ¿Es real esa cifra? ¿Cuál es la estimación para todo el país?

¿Qué estudios de factibilidad, incluyendo los de carácter financiero y ambiental, se han realizado para construir la refinería en Dos Bocas, en Tabasco? Cuando esté en operación, ¿cuánto costará el el barril de gasolina y en cuánto tiempo se amortizará la inversión en esa planta?

Y lo más urgente: ¿cuándo se restablecerá, en serio, el abasto de gasolina?

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@ciberfan