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Gobernación, por eliminar comisión para migrantes de la frontera sur

Con un presupuesto de operación de $316 millones (en 4 años) y cero resultados, su permanencia agoniza. Con 53 funcionarios, desde directores, subdirectores, hasta choferes, tiene una nómina de $1.3 millones al mes.

Gobernación, por eliminar comisión para migrantes de la frontera sur | La Crónica de Hoy

Los centros de control fronterizo dotados con tecnología de punta, una estafa. (Foto: Cuartoscuro)

Como parte del reajuste burocrático a nivel federal, la Secretaría de Gobernación tiene en la mira a la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur (CAIMFS), órgano fantasmal creado en 2014 por el expresidente Enrique Peña Nieto para supervisar, en el papel, cientos de proyectos destinados a modernizar, crear infraestructura y ordenar el flujo migratorio en esa región.

Pese a la opacidad con la cual se manejaron recursos —más de un millón de millones— durante el sexenio anterior, según datos de las secretarias de Hacienda y de la Función Pública, este organismo se ha mantenido en funciones durante el primer año de Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, de acuerdo con información de la Segob, institución de la cual depende la CAIMFS como órgano desconcentrado, su permanencia está en discusión, de cara al presupuesto 2020.

La Coordinación surgió hace cinco años después de que Barack Obama, entonces presidente de Estados Unidos, declarara una crisis humanitaria por el desmesurado aumento de menores de edad no acompañados detenidos por autoridades norteamericanas. Su función era coordinar proyectos conjuntos y otros programas sociales en la frontera sur, así como armonizar la intervención de las distintas dependencias federales, pero sus resultados fueron nulos.

Tan sólo para operar se le asignaron de 2014 a 2018 cerca de 400 millones de pesos. En agosto de 2015, se simuló su desaparición.

Para la 4T, esta instancia se entregó al grupo del exmandatario de Tlaxcala, Alfonso Sánchez Anaya, de nulo historial en el tema migratorio. Gobernó el estado con las siglas del PRD a partir de 1999 —y hasta 2005—, en la parte final de López Obrador como presidente nacional del Sol Azteca. Luego fue senador y desde 2015 se unió a Morena. Hoy es jefe de la Unidad de Servicios y Formación Policial de la Secretaría de Seguridad, con sueldo bruto de 144 mil 564 pesos.

La directora general de la Coordinación es su esposa: María del Carmen Ramírez García, de acuerdo con el archivo de la Secretaría de la Función Pública, y cuyo sueldo mensual asciende a 122 mil 512 pesos.

Ramírez García también fue senadora por Tlaxcala —por el principio de primera minoría— de 2000 a 2006, aunque dos años antes de finalizar su periodo legislativo, en 2004, pretendió suceder a su esposo en la gubernatura; pese al fuego amigo, venció en la contienda interna perredista, pero en la elección quedó rezagada hasta el tercer lugar. En aquel entonces se le llamó la “Hilaria tlaxcalteca”, en alusión a las pretensiones de Hillary Clinton por relevar a su esposo en el gobierno estadunidense.

Ahora, según la nómina registrada en la SFP, su principal tarea es la de diseñar políticas públicas y estrategias para atender de manera integral el fenómeno migratorio en la frontera sur. Sin embargo, ni su nombre ni su trabajo ni el papel de CAIMFS han salido a flote en esta coyuntura encaminada a frenar el paso de centroamericanos a la Unión Americana, a cambio de evitar impuestos a las mercancías nacionales.

Para 2019, el primer año del lopezobradorismo, se le asignaron, sólo para gastos administrativos y de operación, cerca de 44 millones de pesos. Mantiene una plantilla de 53 funcionarios, entre directores de enlace, subdirectores, analistas, jefes de departamento, secretarias y choferes, con una nómina de un millón 267 mil pesos mensuales.

ESTAFA EN CENTROS DE ATENCIÓN. Según lo publicado por Crónica en días pasados, el gobierno lopezobradorista ha documentado falta de transparencia en el uso de recursos públicos asignados a la frontera sur: obras inexistentes, gastos sin correspondencia con los planes registrados, sobreprecios, falta de evaluaciones, estudios de viabilidad, reportes de ejecución y comprobantes de pago, así como omisiones en procesos de entrega-recepción, lo cual ha derivado en investigaciones en la SFP.

Entre las obras más importantes estaban cinco Centros Integrales de Control de Tránsito Fronterizo, descritos como “flamantes edificios equipados con tecnología de punta”; servirían para registrar y regularizar el tránsito de mercancías y personas e incluso controlarían brigadas móviles en toda la línea fronteriza.

El mismo día en el cual se emitió el decreto en torno al surgimiento de la Coordinación, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo para la creación de estos centros.

Cuando el exsenador Humberto Mayans Canabal renunció al cargo de coordinador en agosto de 2015, por la supuesta desaparición del organismo, presumió la operación de tres de los cinco centros: en Huixtla, Catazajá y La Trinitaria (Chiapas), con un costo de 400 millones de pesos. Pero la noticia era falsa: no estaban terminados. Los dos pendientes: en Palenque (Chiapas) y Centla (Tabasco), prometió, estarían listos durante 2018.

Sin embargo, el último día de la gestión peñista (30 de noviembre de 2018), el nuevo coordinador: Crescencio Jiménez Núñez, dijo que la inversión para esas tres instalaciones había aumentado a más de mil millones de pesos y las otras dos sedes comprometidas aún se encontraban en trámite.

La tecnificación de la vigilancia en esa franja, como el uso de drones, sensores, detectores y sistemas de recolección de datos biométricos (vertiente a la cual se enfocaría parte del presupuesto), quedó en estafa.

De manera irrisoria, la Coordinación, dirigida ahora por la tlaxcalteca María del Carmen Ramírez, se limitó el sexenio pasado a simple maquillaje: jornadas sociales de atención médica y reparto de medicinas, limpieza de escuelas y espacios públicos, pláticas de orientación a jóvenes sobre prevención del delito, impulso al deporte y control de adicciones, capacitación sobre derechos humanos de migrantes, apoyo en comedores comunitarios y asesoría a cocineras…

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